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Un escándalo rodeado por el pestilente olor cloacal del espionaje

Marcelo Saín y su grupo de colaboradores más cercanos están en la mira de la justicia local por elaborar carpetazos durante su gestión como ministro de Seguridad. Una práctica sistematizada que amenaza con transformarse en el escándalo institucional más grande  de la historia reciente de la provincia.

Empresarios, gremialistas, abogados, legisladores, hasta periodistas fueron “perfilados” por el staff que armó Sain en el ministerio de Seguridad en diciembre de 2019 y que lo acompañó más de un año en la gestión del Ejecutivo. Muchos de ellos, como Débora Cottichini, borrando el detalle de la división de poderes al traficar información desde el Organismo de Investigaciones hacia “El Jefe”, que no era otro que el ex creador de la PSA. Los carpetazos se confeccionaban con fuentes abiertas y cerradas, con o sin acceso público y desde las estructuras del Estado santafesino mediante el uso de claves especiales de ingreso a todo tipo de usinas de información. Desde los amigos y preferencias en Facebook, hasta el detalle de los sueldos cobrados, los bienes propios o de familiares, teléfonos, etc. Todo se compilaba en un pen drive y se comunicaba en tiempo y forma. Los allanamientos de este viernes en las sedes del ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe obedecen a una medida de aseguramiento de pruebas de los fiscales que están con inusual sigilo llevando la causa. El anuncio que la escudería Saín dejaría la cartera más caliente precipitó todo, velozmente, ya que un fiscal provincial no necesita una orden judicial para requisar un organismo público.

El círculo negro del espionaje ha sido durante años materia de estudio académico de Saín, al cual le ha dedicado libros y conferencias.  La prueba colectada hasta ahora indicaría que él mismo pudo haber sido muy sensible al vicio de consumir información privilegiada sin control legal. Pero, ¿ qué tiene que ver el perfil de un empresario de la construcción o del rubro de la salud con el combate al narco?. Más de uno deberá esforzarse por entender – no dentro de mucho tiempo – que sentido tenía realizar tantos perfiles (¿miles?) con contenidos privados. Muchos de ellos responden a una evidente disputa mediática entre Saín y el perfilado. Ocurrió con un diputado, también con un periodista. Basta con cotejar la fecha del perfil con un tuit del ex ministro.

Hay un funcionario que se destacó por su afición de fisgón informático, con fuentes proporcionadas por el Estado. Este viernes por la tarde circuló el rumor que dejaba su silla vacía.  En el ministerio todos lo conocen por su gran entusiasmo por descender al último subsuelo del espionaje, allí donde guardan las personas sus luces y sombras.  En el grupete del ex ministro –que al momento de escribirse esta nota habían presentado la renuncia –  reportaban Germán Montenegro, Alberto Mongia y Rodolfo “Coqui” Gallardo, todos ex fundadores de la PSA, con Ricardo “Copito” Bogoliuk, a quien luego trataron como se fuera la mancha venenosa. “Copito”, cambió de equipo antes: se ligó a la banda del falso abogado Marcelo D’Alessio, preso por espionaje ilegal. Hay un destino que podría ser común, el tiempo lo dirá.  Se completaba el “Grupete”, como solían llamarlo D’Alessio y Bogoliuk al equipo de Saín, con Maximiliano Novas – su ex cuñado –  y Diego Llumá. Todos ellos estaban en la  cuerda floja este viernes por la noche. Montenegro, incluso tuvo de que entregar su celular a los fiscales y fue el primero en renunciar.

Los fiscales no han hecho declaraciones públicas reveladoras. Dosifican las palabras y escamotean los datos. Si antes ya se destacaban por el bajo perfil y el poco trato directo con la prensa, ahora, directamente, mantienen encapsulado el legajo. Tendrán sus razones. Los entendidos destacan que la investigación fiscal estaba bastante redonda antes de ejecutar los allanamientos en el ministerio.

Grande fue el aporte de funcionarios públicos que ya declararon en el expediente, incluso con el riesgo de, ellos mismos, quedar incriminados. La fuente principal del caso abandonó el país hace un tiempo, mientras el ex todo poderoso ministro movía los hilos en el Organismo de Investigaciones y en el Ministerio. Esa suma del poder público ad hoc comenzó a quebrarse cuando Saín retomó el cargo que ganó por concurso en la policía judicial. Varias fuentes sugieren que junto a la psicóloga Débora Coticchini  formatearon sus celulares a principios de abril. La ex funcionaria de Bonfatti,  además formateó su computadora asignada por el Estado santafesino dentro del Organismo de Investigaciones en Rosario. Por ese motivo  fue suspendida y tienen abierta una denuncia penal.

Otro detalle importante que no hay que soslayar deriva en varias preguntas: ¿cuántos de esos perfiles se hicieron bajo el paraguas de un CUIJ, es decir un legajo judicial?. ¿Tenían conocimiento los fiscales del alcance de las investigaciones que abundaban en perfiles?. Peor aún, lo más perturbador será posiblemente descubrir que esas prácticas tenían un espeluznante orfandad de legalidad. Huelga aclarar  que la violación al derecho  a la intimidad y la privacidad está garantizada por ley.  En tal sentido, la Corte Nacional ha  expresado que la única manera de tutelar tal derecho es restringiendo ex ante las facultades de las fuerzas de seguridad –como la de los organismos administrativos– sujetando su intromisión mediante una orden judicial, debidamente fundada. “Solo de esta manera podría garantizarse un límite real, al ejercicio arbitrario del poder coercitivo estatal”, señalaron en su informe final los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia en la Causa D’Alesio.  Pero no sólo perfiles incluían los carpetazos. Se evalúa con mucho cuidado por estas horas cómo se justificaron oficialmente seguimientos a ciudadanos, algunos con roles institucionales de importancia. Demás está decir que esas prácticas están naturalmente prohibidas. La producción ilegal de inteligencia tiene penas de 3 a 10 años.

Como en las grandes historias, se abre un mundo. Esto recién comienza. Más de uno deberá buscar un buen abogado.

Héctor Martín Galiano

hgaliano@zonacriticaonline.com

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