Pidió al juez del concurso que Inspección de Personas Jurídicas administre la empresa. La propuesta tendría el OK presidencial. Lorenzini relegó al interventor.
El juez en lo civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, anuló la destitución del directorio del grupo Vicentin SAIC, reintegró a sus miembros en sus funciones originales luego de que el subinterventor presidencial, Luciano Zarich, los desplazara de acuerdo a lo dispuesto por Alberto Fernández en el proceso de intervención y eventual expropiación de la agroexportadora en concurso preventivo de acreedores.
La resolución judicial le dio marco a una salida distinta que anoche anunció el gobernador Omar Perotti y que tendría el OK de la Casa Rosada: una nueva intervención, pero a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IPJSF), y el archivo del proyecto de expropiación que cocinaba el gobierno nacional.
«En este negocio, cuando alguien no puede pagar pierde confianza y está afuera. El Presidente dijo entonces que estaba dispuesto a escuchar una alternativa. Eso no podía solo provenir de la empresa sino también de nosotros», declaró Perotti anoche por América TV. Según aseguró, su propuesta tiene el acuerdo de Alberto Fernández.
Estriba en el pedido al juez del concurso de otorgar al organismo fiscal provincial la administración de la empresa. «Allí puede sustanciarse este proceso dentro del marco del concurso y dejando de lado la expropiación», celebró Perotti. Unas horas antes, Lorenzini había dado a conocer su dictamen en el que habilita a la IPJSF en el concurso y, a la vez, reintegra al directorio original a sus funciones.
En esto el juez le dio la razón a los Vicentin, Nardelli, Padoán & Cía, pero a la vez les denegó la posibilidad de declarar inconstitucional la intervención estatal al declararse incompetente para tal pretensión corporativa. La decisión del juez reconquistense es celebrada como un triunfo en tribunas empresarias y de la oposición que defienden el vaciamiento denunciado por la Unidad de Investigación Financiera e investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Lorenzini respondió ayer a la medida cautelar interpuesta por los directores del grupo, Daniel Buyatti, Pedro, Roberto y Sergio Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Sergio Nardelli,Roberto Gazze, Alberto Macua, Martín Colombo y Yanina Colomba Boschi. Estos ejecutivos acudieron al juzgado para plantear que el DNU 522/20 con el que el Ejecutivo nacional dispuso la intervención «extralimita el texto constitucional y la discrecionalidad legal otorgada por ley 27.541». Aseveraron que «no sólo invade la órbita constitucional del Poder Legislativo, sino que también avasalla las funciones del juez concursal».
La medida se conoció 24 horas antes de un «banderazo» organizado por la oposición en diferentes puntos de la provincia en contra de la decisión del gobierno de rescatar a Vicentin.
Otro eje argumental aludió a que Vicentin detenta el 9 por ciento de las exportaciones argentinas, por lo que -alegaron- la salud de la economía nacional «podría verse seriamente afectada por la situación generada merced al desplazamiento de los directores, con el consiguiente perjuicio a la concursada y por ende, también a sus acreedores dado que el cobro de sus créditos depende principalmente de la continuidad operativa de la empresa». Y abundaron en vaticinios del estilo de «un colapso total de la administración», como si el default que admitieron desde diciembre pasado haya sido poca cosa.
La contraofensiva del grupo comenzó a pergeñarse apenas hubo rumores que precedieron al anuncio presidencial del proyecto de expropiación y rescate, y se ejecutó después de que Alberto Fernández recibiera en Olivos a los principales ejecutivos y les rechazara su pretensión de continuar con el gerenciamiento de la empresa. Adujeron que el manejo del grupo demanda un conocimiento de sus negocios que dudan lo tenga el subinterventor Luciano Zarich. «Advierten que la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva», apuntaron en el texto divulgado ayer desde el juzgado.
Puesto a resolver, Lorenzini consideró que la demanda de inconstitucionalidad no corresponde al proceso concursal, por lo que el magistrado se consideró incompetente. Sin embargo, se hizo eco del argumento empresarial de que sólo los desplazados pueden garantizar la continuidad del grupo concursado y ordenó la restitución de esos directores y del presidente Buyatti en sus cargos.
En cuanto a Luciano Zarich, el enviado de Casa Rosada a tomar el control de la compañía, Lorenzini se cuidó de no contrariar el decreto presidencial, pero reasignó la función de los interventores «a la condición de veedores controladores» que permitan la continuidad de «aquellas personas humanas que fueron designadas para desempeñar tales funciones, por parte de la Asamblea de Accionistas». Y por último, la resolución judicial habilitó la injerencia de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe en el concurso de acreedores.
