Darío Sánchez será el magistrado que la tendrá a cargo. El expediente quedará en el viejo sistema por una decisión de la Cámara de Apelaciones. La imputación más seria que pesa sobre los viejos integrantes de la Comisión Directiva es la de “administración fraudulenta”.
El viejo sistema procesal penal santafesino contendrá y deberá resolver una serie de denuncias que pesan sobre las espaldas del ex presidente de Colón, Germán Lerche y su grupo de colaboradores más cercanos. La ex Comisión directiva fue denunciada en marzo del año pasado, cuando aún no estaba en vigencia el nuevo paradigma de enjuiciamiento penal en la provincia y, por ésa intervención primaria, el expediente será escrito en su totalidad. La actual dirigencia de Cólon entiende que ésta situación es beneficiosa en el sentido que se necesitarán periciales de todo tipo –caligráficas, contables, arquitectónicas, informáticas, etc- a disposición de las partes dentro del sistema conclusional de causas, como se los denomina la viejo sistema.
La Cámara de Apelaciones en lo penal de Santa Fe resolvió esa cuestión de competencia, en respuesta al planteo que hizo el juez de instrucción penal Darío Sánchez, quien será el magistrado natural del expediente. Para Sánchez, la denuncia debía investigarse en el nuevo sistema, pero la fiscal Mariela Jiménez apeló, advirtiendo que el sistema de justicia ya había tomado contacto con la denuncia muchos antes del 10 de diciembre, cuando entró en vigencia el nuevo código procesal. Así las cosas, no fue engorroso para el tribunal de alzada zanjar la duda. Sánchez ya había intervenido en otro escándalo judicial que rodeó a la entidad del barrio Centenario cuando cayó en su juzgado la denuncia por el robo de una imagen de la Virgen que estaba en el estadio y de un día para otro se esfumó.
La actual Comisión Directiva del Club ha decidió intervenir en el proceso judicial y para ello contrató los servicios técnicos de un abogado local, especialista en derecho penal, quien será el representante de la masa societaria dentro de la causa. Esa intervención se plasmará con la constitución de la entidad como querellante en el expediente, una posibilidad que no es privativa sólo del nuevo sistema. Así, la querella podrá presentar pruebas, proponer diligencias o testimoniales, oponerse ciertas decisiones del magistrado o el representante fiscal, etc.
Los representantes del club entienden que esta posibilidad de tramitar todo dentro del viejo esquema posibilita mejores condiciones, por la complejidad que tendrá la causa si se avanza, sobre todo, en la imputación de “administración fraudulenta” que necesitará varias pericias, de diversas especialidades.
Las denuncias previas
La denuncia presentada por el Síndico de la institución sabalera elegido por la primera minoría electa , Jorge Isaia, en marzo de 2013 quedó como precedente de intervención de la justicia penal. En aquella oportunidad, Isaia, patrocinado por el abogado Gustavo Abraham, pusieron en conocimiento de la fiscal en turno, Mariela Jiménez, una serie de irregularidades desplegadas por la entonces Comisión Directiva que lideraba Germán Lerche.
“hay fuertes indicios acerca de un manejo dilipendioso de los recursos del club, así como un desapego a las normativa que permita el debido control sobre las cuentas y los movimientos contables del Club Colón”, decían en su escrito de entonces (…) esta cuestión se vincularía con sobreprecios abonados en las diferentes obras edilicias encaradas por la institución, así como negocios derivados del llamado Hotel de Campo, negociaciones con jugadores, manejos vinculados con jugadores de las divisiones inferiores dejados en libertad de acción y posteriormente negociados en beneficio de dirigentes”, dijeron en el primer escrito Isaia y Abraham. Ambos, ratificaron su denuncia en mayo del año pasado en oportunidad de presentarse en el expediente donde se tramitaba un requerimiento del fiscal Rubén Díaz relacionado a la negativa y al impedimento que opuso el entonces vicepresidente del Club, Rubén Moncagatta a una medida de aseguramiento de pruebas que había intentado llevar adelante la justicia a través de un oficial. Moncagatta, segundo entonces en la jerarquía de la entidad fue un óbice para la diligencia y eso derivó en mayores complicaciones para él y la vieja Comisión Directiva. Abraham e Isaia habían pedido la medida que significaba poder entrar al club, pedir cierta información plasmada por escrito la institución sabalera y cotejarla con una vergonzosa Asamblea de socios celebrada a finales de 2012 en donde se cerró el ejercicio contable de memoria y balance sin siquiera poder discutir la constitución de los mismos: gastos, compras, ventas, inversiones, etc. “Germán Eduardo Lerche, Rubén Moncagatta y Marcelo Maglianesi, resultaron ser ‘un grupo de amigos’ que han abultado su patrimonio de manera elocuente y al menos dudosa, no conociéndose actividad de lo justifique al menos públicamente. Ellos, sumados a Pedro Eusebio y Carlos Marín – en menor medida- habrían conformado una asociación ilícita con el fin de enriquecerse personalmente a costa del Club”, remarcaron entonces en un nuevo escrito Isaia y Abraham.
Procesado por evasión
Lerche está procesado por evasión tributaria simple, en concepto de “retenciones al impuesto a las ganancias no ingresadas», es decir, que el club hubiera retenido dinero de impuesto a las ganancias pagados por los jugadores, que debía ser aportado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El 6 de agosto del año pasado el juez federal Francisco Miño lo indagó por ese delito y algunos días después firmó el auto de procesamiento.
Autor: Héctor M. Galiano
