Investigan la intervención de un camarista que benefició a un financista
El procurador aconsejó abrir investigación al magistrado Guillermo Llaudet, que en enero y con audiencia fijada con otra jueza, liberó al financista Carey, investigado en una causa provincial por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
El procurador General de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre, aconsejó “que se disponga de una investigación administrativa a los efectos de dilucidar la posible comisión de irregularidades” del juez de Cámara, Guillermo Llaudet Maza, quien dejó en libertad al financista Patricio Carey y envió el caso al fuero federal. Es que justamente, uno de los titulares de la financiera Cofyrco está imputado del delito de lavado de activos. Una investigación del Ministerio Público de la Acusación, en la Justicia provincial, le atribuyó vender 17 mil dólares al narcotraficante asesinado Marcelo “Coto” Medrano a cambio de más de dos millones de pesos de origen ilícito.
El planteo del procurador responde a una demanda de la fiscal regional rosarina, María Eugenia Iribarren, y del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja. Los fiscales reaccionaron cuando el último 6 de enero, Carey recuperó la libertad por orden de Llaudet, quien en una audiencia declaró inválida su detención del 4 de diciembre, cuando bajaba de un avión en el que regresaba de Qatar. En esa ocasión, el camarista dejó una dura recriminación a quienes investigaron y luego pidieron la detención. “Nuestro Código Procesal Penal no habilita a que un fiscal meta preso a alguien cuando se le da la gana, sino que le reconoce la detención como herramienta que restringe la libertad personal, pero limitada a su uso racional en casos indispensables”, dijo Llaudet.
En su dictamen el Procurador señaló que de manera poco comprensible el camarista habilitó la feria para ocuparse personalmente del trámite, cuando había otra magistrada designada para intervenir y con fecha. Se trata de Georgina Depetris.
En esa línea el punto 20 del dictamen de Barraguirre recuerda que «el fiscal Narvaja había afirmado en su presentación que habilitar la feria en el caso Carey afectó seriamente las posibilidades de ejercicio eficaz de la persecución porque los fiscales que llevaban el caso se encontraban de feria. Y en cuanto a la afectación del juez natural frente a una decisión que ya había sido tomada por la camarista Depetris, acerca del trámite del recurso el camino escogido fue ejercitar un nuevo intento con el doctor Llaudet Maza esperando para hacer los planteos correspondientes a que iniciase la feria judicial. Llaudet Maza en lugar de aplicar la doctrina expuesta por él mismo en el caso Farto (un imputado por delitos sexuales que pedía una audiencia de revisión durante la feria del año pasado, ante lo cual, con argumentos, el camarista rechazó intervenir) y rechazar el intento de aprovechar las rendijas del sistema, avaló dicha práctica».
Pero también le reprocharon a Llaudet que no observó que había nuevos motivos para reforzar la imputación del financista: es que según refrenda el Procurador, el fiscal ordenó la detención de Carey cuando llegó de un viaje del exterior porque pese a tener autorización para viajar se había acumulado, en su ausencia, nueva prueba a partir de un testigo empleado de la financiera que volvía razonable pedir la prisión preventiva. Medida que decidió la jueza Melania Carrara al considerarlo admisible.
Carey pidió entonces que se examinara la medida de prisión y fue designada para la revisión la camarista Georgina Depetris. El 2 de enero la oficina de gestión judicial asignó el trámite a Llaudet que aceptó intervenir en la apelación de la defensa. Pese a que, dicen los fiscales y recoge el procurador, su criterio fue el contrario un año antes ante el caso de abuso sexual en trámite.
Para el fiscal del caso y para Barraguirre, esta decisión de Llaudet que no explica su cambio de criterio afectó seriamente la posibilidad de persecución porque los fiscales que llevaban el caso estaban de licencia. Ante eso el procurador le recomendó al presidente de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, que el máximo tribunal provincial inicie una investigación administrativa.
Cabe recordar que Carey está imputado desde marzo de 2021 de tres delitos como directivo de la financiera Cofyrco: lavado de activos, tenencia ilegal de DNI ajenos y encubrimiento por venderle en forma ilegal dólares al narco “Coto” Medrano, posteriormente asesinado. Esta misma causa ya tiene dos socios de la financiera que aceptaron su responsabilidad en los delitos acusados y recibieron condena.
Fuente: Página 12
