El Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos entiende que Saín lideró una asociación ilícita en carácter de jefe; violando a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; sumado a malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público)
También pidió 9 años de prisión para Nada Schujman, ex asistente Técnica del ministerio de Seguridad, y el miso monto de pena para la ex Directora de Inteligencia Criminal de la Zona Sur Débora Coticchini. El fiscal también pidió 7 años para el ex viceministro de Seguridad Germán Montenegro, 5 para el ex secretario de Investigación Criminal del ministerio de Seguridad, Pablo Álvarez y la misma pena para Diego Rodríguez, que estaba en el área de Control del mismo ministerio. Finalmente, para la ex contratada Milagros Bernard la pena pedida es de 3 años.
Según plantea el fiscal en la acusación, “la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones)”.
De acuerdo con lo que sostiene el fiscal Hernández en la acusación, “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
En el escrito que presentó el fiscal se detalla que a las personas acusadas se les atribuye haber hecho “informes de inteligencia” en los que incluyeron desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en redes sociales. De acuerdo con la investigación, también incorporaron información de familiares y allegados de las personas “perfiladas” y utilizaron bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.
Entre las personas ‘perfiladas’ hay funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales; algunos periodistas; el entorno familiar de muchas de estas personas, y una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).
El fiscal Hernández también los acusa (fijate bien el detalle en el cuadro en el pdf) por órdenes dadas a la policía –y la omisión de control– para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Según la investigación, “en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. La acusación también señala que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Y también se los acusa de destruir gran cantidad de documentos públicos y utilizar información y evidencia proveniente de causas judiciales son fines distintos a la investigación penal.
