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En Santa Fe: piden la nulidad de una denuncia contra CFK motorizada por el macrismo

El fiscal federal Walter Rodriguez pidió declarar nula el acta en donde se plasmó una denuncia contra la vicepresidenta.  Se mencionaban bienes en Coronda relacionado a la “causa de los cuadernos”.

El fiscal federal en Santa Fe Walter Rodríguez pidió declarar la nulidad de un “acta telefónica” en donde quedó plasmada una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner. La misma fue elaborada por la Secretaria de Cooperación de los Poderes Constitucionales  del Ministerio de Seguridad de la Nación –dependiente entonces de Patricia Bullrich- el 30 de agosto de 2018. La persona que denunció una serie de hechos que podían asociarse a la causa de “los cuadernos” y los bienes de  la actual vicepresidenta lo hizo luego de haber sido impuesta de una serie de requisitos en donde debe dar su identidad por si, en el futuro, su aporte resultara clave para desenmascarar un hecho de corrupción y cobrar una recompensa. Quedó en el sistema identificado como C 100 – 2081. En principio, la información tenía como destino el expediente 9608/2018, caratulado Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ Asociación Ilícita.

En su declaración, el (o la) NN señaló una serie de bienes que podrían ser propiedades de la actual vicepresidenta. Así mencionó un grupo de inmuebles en la ciudad de Coronda, como el hotel “Costa Soñada”, una propiedad en barrio “Conar”, un corralón llamado “Construmat” u otro de nombre “Coronda”, cuyos dueños habrían comprado recientemente el local de electrodomésticos “Electroquars”, quienes – señaló – estarían construyendo departamentos.

Rodriguez señala en su dictamen del pasado 19 de marzo que “la redacción confusa de la denuncia permite inferir (aunque no queda expreso) que el documento tenía como fin vincular a los bienes descriptos con Luis Zacarías, un ex empleado del área de Ceremonial de la presidencia de la Nación, cuyos hermanos tuvieron involucrados en la causa denominada “la ruta de la Efedrina”. En el caso de Luis, su casa fue allanada en los primeros días de 2016, cuando la policía federal buscaba a los hermanos Lanatta y a su consorte de escape Víctor Schillacci. Sin embargo, no hay en toda la denuncia un vocablo “indicativo de un delito específico”, resaltó el fiscal.

luis zacarias editada

Luis Zacarías. Trabajó en Ceremonial de la Presidencia en las gestiones de Néstor y Cristina. Le allanaron la casa en 2016, cuando buscaban a los hermanos Lanatta.

El viaje para Santa Fe

A pesar de toda la inconsistencia de la denuncia, el Secretario de Articulación Judicial del ministerio de Seguridad de la Nación remitió la denuncia a Santa Fe. El 23 de octubre un dictamen de Rodríguez señala que “en vista a lo actuado hasta el momento, no se desprendían circunstancias indicativas de concretos comportamientos de relevancia jurídico penal”. Sin embargo ordenó una serie de diligencias a la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a la Dirección de Catastro de Santa Fe y a la Gendarmería. Ninguna de las personas que aparecían como titulares registrales tenían relación con las personas aludidas en el acta anónima.

Gendarmería aportó un gran cúmulo de publicaciones sobre Zacarías, muchas de ellas relacionadas al episodio con los Lanatta. Tan profusa era la información sobre el personaje, que el fiscal advirtió que estaba en dominio de cualquiera persona el 30 de agosto, cuando ingresó la denuncia al ministerio de Bullrich.

El 12 de junio de 2019 el fiscal pidió que se le informe la identidad del denunciante, pero desde la Nación le respondieron que era imposible acceder a ésa solicitud. El 21 de agosto Rodríguez planteó que tal circunstancia era inoponible a las autoridades encargadas de tramitar una investigación penal. “No existe ninguna norma específica determinante para que el resguardo de la identidad del sujeto clave C-100-2081 deba mantenerse bajo la órbita el Ministerio”, pidió el fiscal quien, luego solicitó ese dato por la vía del juzgado federal número 2, que apoyó el planteo de levantar el secreto sobre la identidad.

El tiempo pasó y, con la llegada de la nueva conducción al ministerio de Seguridad, se volvió a insistir con el pedido. La respuesta de los funcionarios del ministerio a cargo de Sabrina Frederic fue desalentador: no surgen elementos que permitan identificar al sujeto clave C100-2081. “El intento de construir una hipótesis delictiva a partir de la declaración de quien dio el anoticiamiento  – hasta aquí anónimo-  se vio frustrada por el propio accionar del Ministerio de Seguridad”, apuntó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

Rodríguez cuestionó la confección del acta de la denuncia aunque reivindica la oportunidad que brindan ciertos mecanismos de anoticiar al Estado sobre delitos de distintas características. En ese sentido señala que “el acta telefónica” tuvo un sentido deliberado y en tensión con los objetivos genuinos del proceso penal de búsqueda de la verdad. “No sólo carecemos de un hecho mínimamente descripto que tenga rasgos ilícitos, sino que al pretenderse la incorporación de prueba independiente con el objetivo de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar y lugar del suceso, nos encontramos con una cartera ministerial que eludió la proporción de datos de un denunciante, o bien, ellos fueron eliminados en circunstancias desconocidas”, se señala en el dictamen.

Contexto

Rodriguez señala el contexto donde se elaboró el acta del NN. El 22 de agosto se aprobó en el Congreso el pedido de allanamiento a las viviendas de la entonces senadora Cristina Fernandez por un pedido del juez Claudio Bonadío. Casi en simultáneo se ingresó un proyecto de extinción de dominio de bienes provenientes de la corrupción política, pero ante la falta de acuerdos, terminó aprobado como DNU del presidente Macri.

Autor: H.M.G

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