Con penas de entre 9 y 18 años de prisión -que en su mayoría se incrementan al unificarse con condenas anteriores- finalizó ayer el juicio Laguna Paiva II, que por primera vez juzgó el delito de abandono de personas sobre las infancias como delito de lesa humanidad, por hechos cometidos en la última dictadura militar. El veredicto cobra valor justamente por considerarse un “reconocimiento” del abandono como delito de lesa humanidad, y marca un precedente nacional. Las víctimas y sobrevivientes esperaron “por más de 46 años”.
“Olé olé, olé olá, a dónde vayan los iremos a buscar”, cantaron, entre abrazos, quienes acompañaron ayer la lectura del fallo, en las puertas del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, en cuyo interior se dio a conocer el veredicto del tribunal que estuvo integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.
La sentencia recayó sobre el exjuez Víctor Brusa -en su entonces rol de secretario judicial-, condenado a la pena de 14 años, que se unifica en 25 años con penas anteriores de 2014, 2017 y 2022. Y sobre los expolicías Eduardo Riuli, a la pena de 15 años, que se unifica en 18, con la pena que recibió en 2021; e inhabilitación absoluta y perpetua; Oscar Valdez, penado a 9 años, que se unifican con una pena anterior a prisión perpetua; y Antonio Parvelotti, penado con 18 años de prisión, e inhabilitación absoluta y perpetua.
Los delitos y calificaciones por los que fueron sentenciados son lo de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, además del solicitado abandono de personas en perjuicio de las infancias que fueron víctimas.
El tribunal destacó que todos son hechos cometidos “en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, y que “constituyen delitos de lesa humanidad”. Al mismo tiempo, indicaron que los fundamentos se conocerán el próximo 7 de septiembre.
Para Norma Ríos, presidenta honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organismo que fue querellante en la causa, en el debate que comenzó en mayo pasado “quedó clarísima la crueldad”.
Al salir del Tribunal, Federico Pagliero, abogado del equipo jurídico querellante de APDH, junto a Julia Giordano y Noelia Zarza, expresó: “Hace diez años que venimos acompañando a este colectivo de sobrevivientes, que hicieron un esfuerzo gigante para que este causa llegue a condenas”. En ese sentido, aseguró que la de ayer fue “una victoria popular”. Al mismo tiempo agregó: “Las infancias que fueron vulneradas en sus derechos eran hijos de obreros, eran hijos de trabajadores”.
Se trata de la segunda parte de la causa Laguna Paiva -la primera tuvo sentencia en 2021- en la que se juzgan hechos cometidos en 1980 por integrantes de la estructura represiva que operó en torno al Departamento de Informaciones D-2 de la policía provincial.
La causa está relacionada con la figura y el entorno familiar de Arnaldo Catalino Páez, delegado sindical en el frigorífico Nelson y referente regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) -detenido y secuestrado en febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima-.
En el expediente, por primera vez se juzgó el abandono de persona como delito de lesa humanidad, en relación a quienes eran niños, niñas y adolescentes cuando sus madres y padres fueron secuestrados, en el marco del terrorismo de estado.
Entre los casos, el debate dio cuenta que el más pequeño de los niños, que quedó a cargo de sus hermanos mayores, tenía apenas un año y medio cuando sus padres fueron secuestrados. Su hermana mayor tenía 13 y quedó a cargo de los cinco más pequeños. Entre los relatos, expresaron cómo se las tuvieron “que arreglar” para sobrevivir, en medio del horror y de la incertidumbre.
Fuente: Página 12
