La Legislatura resolvió ayer investigar la conducta de la fiscal Cristina Ferraro, a dos semanas de que el juez Carlos Villafuerte Ruzo la procesara por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” porque “autorizó ilegítimamente la desaparición” de un millón de dólares y tres millones de pesos de una agencia de turismo que operaba como “cueva financiera”, el mismo día que asesinaron al dueño de la empresa, Hugo Oldani, en febrero de 2020. La decisión política la adoptó la comisión bicameral de Acuerdos por unanimidad: abrió el “proceso disciplinario” para ventilar el desempeño de Ferraro en el caso y designó al jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto para que instruya la causa que puede terminar con la cesantía de la funcionaria. Villafuerte Ruzo procesó a Ferraro el 7 de junio y al día siguiente el propio Busatto formalizó la denuncia y pidió a la Legislatura que actúe de inmediato ante lo que consideró un “hecho de gravedad institucional”.
Busatto será el acusador de Ferraro en el jury que “tiene características similares a un proceso judicial, pero más corto” porque sólo define “si corresponde o no una sanción, que puede consistir tanto en una suspensión en el cargo o en la remoción”. “Seguramente, el proceso disciplinario termine antes que el judicial, porque es una instancia abreviada y eminentemente política, de características administrativas”, explicó.
“Hay una decisión política unánime de investigar la conducta de la fiscal. Es un dato alentador porque veníamos de instancias esquivas en la Legislatura”, dijo Busatto. Por lo tanto, “resulta un avance importante en términos institucionales”. “Tenemos el camino allanado para llevar adelante una investigación seria y responsable con todas las garantías y la contundencia que merece el tema”. “La Legislatura avanza luego del procesamiento de Ferraro” que amerita “echar luz” en un “tema sensible y grave”, agregó.
En el fallo que resolvió la situación procesal de Ferraro, el juez dijo que la fiscal “autorizó ilegítimamente la desaparición del dinero en efectivo en moneda nacional y extrajera” que una peritaje posterior estimó en 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos de los que sólo quedaron las fotos. Una prueba clave para demostrar que la agencia de Oldani operaba en la “intermediación financiera no autorizada”.
Villafuerte Ruzo calificó la conducta de Ferraro como “poco racional” porque “no dispuso el secuestro de tal cantidad de dinero hallado en el lugar o por lo menos su contabilización”. Una fortuna que “podría ser el móvil del homicidio” que ella investigaba o “estar relacionada con la comisión de otro delito”.
El presunto “encubrimiento agravado” que el juez imputó a Ferraro es por “la desaparición” de la plata. Pero el reproche de “abuso de autoridad” es por lo que consideró un “intento de eludir su propia responsabilidad” en el hecho y desviar la pesquisa.
En esta línea, una de las pruebas que ponderó Villafuerte Ruzo es un pedido de Ferraro al entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain el 14 de febrero de 2020 –tres días después de la “desaparición” de los dólares y pesos para que se realice “un inventario de la documental, dinero y efectos” en la agencia de Oldani. Y si había dinero se “proceda a su secuestro” y “remisión a la fiscalía para su depósito en entidades bancarias”.
