La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió a favor del pedido elevado por fiscal federal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez, en el marco de la denuncia iniciada por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, por amenazas por parte del titular de la Asociación Profesional (APROPOL) de esa provincia, Alberto Martínez. El máximo tribunal desestimó la declinación de competencia del fuero de excepción, por lo que el Juzgado Federal de Santa Fe deberá continuar a cargo de la causa.
La causa se inició a fines de 2013, cuando el gobernador santafesino recibió entre el 4 y el 7 de diciembre de ese año varios mensajes de texto intimidatorios en su teléfono celular, todos ellos asociados con el alzamiento policial que sufrió la provincia. En febrero de 2014, la jueza de instrucción Susana Luna consideró que los textos no debían ser investigados de manera aislada ya que la amenaza era parte integrante del contexto, en el que se promovió “una huelga con descontrol social y presiones al Poder Ejecutivo Provincial”, por lo que solicitó la competencia del fuero federal, al considerar a las intimidaciones como un movimiento sedicioso.
Sin embargo, el Juzgado Federal N°1 refutó las razones invocadas tanto por Luna como también por el fiscal Juan Pablo López Rosas y no aceptó la competencia atribuida argumentando que los hechos tenían estricta motivación particular y que los mensajes no afectaban la seguridad nacional ni otros intereses que justificasen la intervención del fuero. Ante la insistencia del tribunal de origen, quedó trabado el conflicto y el incidente fue elevado a la Corte Suprema.
