Cuando tenía el rol de jefe de fiscales de Rosario ordenó favorecer a una empresa de Capitán Bermúdez denunciada por contaminación
La Cámara Penal de Rosario ordenó la realización de una audiencia que implicará una segura imputación para el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, actualmente en prisión, por un nuevo delito: impartir órdenes escritas a fin de que no se persiguiera penalmente a una petroquímica del Cordón Industrial a la que se le detectaron alarmantes niveles de contaminación por el manejo negligente o doloso de sustancias altamente tóxicas.
El juez de Cámara Daniel Fernando Acosta ordenó la concreción de esa audiencia con términos contundentes contra el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, quien había resuelto, el 16 de diciembre pasado, que era improcedente realizar una audiencia contra Serjal y otras personas, dado que los delitos ambientales que se debían ventilar resultaban cosa juzgada.
Entre esas personas está uno de los más importantes contratistas del Estado de la Argentina: el empresario Sergio Taselli, quien era propietario por ese momento de la petroquímica. Según los fiscales del caso las pruebas contra todos los involucrados son de tanta entidad que allanan el camino para una segura condena.
Romanini fue recusado por esa razón por el fiscal que maneja el caso, Luis Schiappa Pietra, quien considera que lejos de haber cosa juzgada los graves delitos presuntos en los que está implicada la empresa Petroquímica Capitán Bermúdez (ex Electroclor) estas cuestiones de daño ambiental comprobado por peritos deben ser expuestos en audiencia oral y pública. Romanini no aceptó la recusación por lo que hubo un nuevo conflicto que zanjó la camarista Georgina Depetris quien apartó al magistrado del caso.
Ahora el camarista Acosta, con términos contundentes contra el juez, dijo que los graves delitos que se presumen son motivo de análisis en un trámite penal, por lo que lo único que resta es que se fije fecha para llevar a los imputados a una sala frente a un juez.
Romanini señalaba que un juez previo había aceptado que el destituido fiscal regional haya dejado de impulsar el caso como delito. Pero justamente lo que hay en entredicho es que esa orden bajada por Serjal fue para amparar a los dueños de la petroquímica, la ex Electroclor de Capitán Bermúdez, incursos en corroborada contaminación ambiental. Dos informes conclusivos realizados por personal experto daban cuenta en 2017 del nivel de daño del ambiente que había en el predio de Petroquímica Capitán Bermúdez.
La detección en muestras de agua freática de cloroformo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, benceno y otras sustancias químicas, reveló el nivel y tipo de contaminación existente en el predio. En suelo, las muestras mostraron la presencia también de cloroformo, tricloroetileno, benceno y mercurio. En algunas muestras de suelo también se encontró lindano (ó Gammexane), un insecticida otrora fabricado allí y prohibido actualmente por el Convenio de Estocolmo y también en la Argentina. Asimismo se encontró Asbesto, material cancerígeno enterrado en el lugar.
Por este caso los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery establecieron que había mérito para imputar a Sergio Taselli, un empresario con inversiones en muy diversos rubros que controlaba la empresa entonces. También para hacerlo con su hermano Máximo Taselli que era al momento del ilícito presidente de Petroquímica Bermúdez, con uno de los directivos de la compañía llamado Matías Gallegos y con el entonces fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, que desistió de perseguir este caso. Todos ellos, según los fiscales, deben ser llevados a audiencia.
Este es un nuevo caso de corrupción presunta que complica al ex conductor de 80 fiscales de grado de Rosario. La idea que implica a Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente. Serjal ya está preso por un delito desde agosto por cobrar retornos para garantizar el negocio del juego ilegal en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.
«La resolución (de Romanini) es equivocada, errónea, no es derivación razonada de ninguna norma de derecho. Pero además. Pero además expone al Estado argentino en situación de responsabilidad internacional por violar el convenio de Basilea de 1989 en cuanto a tratamiento de residuos peligrosos», dijo Acosta en un tramo de la audiencia de esta mañana.
«Los niveles de contaminación son patéticos y flagelantes. Hay un riesgo concreto. Y el daño con el tiempo se va incrementando a niveles preocupantes», sostuvo Acosta. «Estos son prácticamente delitos contra la humanidad».
Ahora la Oficina de Gestión Judicial debe fijar una fecha para la audiencia en la que el ex fiscal regional, un ex fiscal de Estado adjunto de la provincia y directivos de la ex Electroclor deberán ser imputados.
