La Coalición Cívica presentó un pedido de informes en el Congreso y anunció que presentará una solicitud de acceso a la información pública sobre la llegada en un vuelo privado de Laura Belén Arrieta, hecho del que informó anoche Pagni
La Coalición Cívica presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno de detalles del presunto ingreso al país de una mujer, en un vuelo privado desde Miami, con valijas que, por orden de las autoridades, no habrían sido controladas.
Los diputados de la CC basaron su proyecto de resolución en lo informado por el periodista Carlos Pagni, que anoche dijo en Odisea Argentina, en LN+: “Ahora hay un revuelo en la Aduana. Raro. Muy difícil de verificar. Se dice que la semana pasada llegó un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita llamada Laura Belén Arrieta, aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el núcleo en el que participa mucha gente del Gobierno y donde está Trump, por lo que Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas”.
Pagni agregó: “Ella habría llegado desde Miami con una cantidad de valijas. Aunque no se sabe cuántas, sí eran muchas. Y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana realizaron un operativo, hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada. En la Aduana dan por seguro este episodio”.
En paralelo con el pedido de informes, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI, informó que hará un pedido de acceso a la información pública por el mismo tema.
Arrieta estudió en Lanús y, según Linkedin, trabaja en dos empresas: COC Global Enterprise, una compañía “de capital de riesgo y capital privado” con base en Miami que se dedica a “descubrir y fomentar empresas de alto potencial en los mercados de Estados Unidos y América Latina” y OCP Tech. Este año se hicieron públicas fotos en las que se la ve con Milei durante la cumbre de la CPAC.
COC Global Enterprise declara como misión “impulsar un crecimiento y una expansión significativos a través de inversiones estratégicas y la participación de expertos en administración, ventas y tecnología”.
Arrieta relata además en su cuenta de Linkedin que su trabajo en OCP Tech es en el “departamento de vuelo”, donde -dice- su rol incluye “optimizar los procesos, coordinar a los pilotos, asistentes de vuelo, proveedores, horarios y asegurar que se cumplan los estándares de calidad y las expectativas de los clientes”.
Las dos empresas pertenecen a Leonardo Scatturice, un empresario argentino con residencia en Miami al que se le adjudicó un vínculo con la SIDE (presuntamente en la línea interna que respondía a Fernando Pocino) y que hoy está ligado a la CPAC. Scatturice estuvo en la cumbre de la que participó Milei este verano en Estados Unidos y fue parte del comité organizador (en el que figura también Arrieta) de la reunión de la CPAC que se hizo en Puerto Madero.
En 2016, Juan José Gómez Centurión acusó a Scatturice de haberle hecho una operación política para sacarlo de la Aduana (que Gómez Centurión dirigía) con una denuncia anónima sustentada en videos editados. Por esas acusaciones, Gómez Centurión fue desplazado durante más de un mes, pero recuperó luego su cargo al frente del organismo.
Arrieta figura como vicepresidenta y gerenta de operaciones corporativas de la empresa de Scatturice COC Global Enterprise, en la que trabaja desde hace un año y tres meses, según Linkedin. Antes, estuvo vinculada a empresas de aviación privada, con un pasado como miembro de cabina, y tiene un paso por una escuela que da cursos cortos en Buenos Aires (entre otras cosas, de azafata y tripulante de aviación ejecutiva).
Quién dio la orden
Sobre la base de lo informado por Pagni, Ferraro dijo: “El episodio genera serias dudas sobre quién dio la orden de flexibilizar los controles aduaneros y qué intereses se esconden detrás de este tratamiento especial”.
La lista de las preguntas que, según adelantó, incluirá en su pedido de acceso a la información incluyen: “¿Quién dio la orden en la Aduana para que Arrieta pasara sin control?”, “¿Qué tipo de vuelo fue, de qué aerolínea o empresa y en qué aeropuerto aterrizó?”, “¿Cuál es la matrícula del avión en el que llegó?”, “¿Existen registros fílmicos de su ingreso al país?” y “¿Qué personal de la PSA y de la Aduana intervino en este supuesto procedimiento irregular?”
Ferraro afirmó: “Si el Gobierno predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio. La discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable”.
Las preguntas de los diputados
El pedido de informes que los diputados de la CC piden aprobar lleva las firmas de Ferraro, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López.
Su propuesta consiste en “solicitar al Poder Ejecutivo Nacional” que “informe de manera precisa y detallada” sobre una serie de “cuestiones relacionadas al ingreso irregular de la Sra. Laura Belén Arrieta” a la Argentina procedente de los Estados Unidos.
Las consultas incluyen que el Gobierno “informe fecha y horario, aeropuerto, datos y plan de vuelo, matrícula de la aeronave, y empresa por la que la Sra. Arrieta ingresó a la República Argentina”, que “indique y remita toda la documentación pública vinculada al vuelo privado por el que la Sra. Arrieta arribó a la República Argentina” y “remita el formulario de información general y la nómina de pasajeros y tripulación del vuelo en cuestión”.
También, que “detalle y explique los controles habituales y obligatorios a los que deben sujetarse las aeronaves, tripulación y pasajeros que realizan vuelos privados provenientes desde el exterior al arribar e ingresar al territorio nacional” y que “informe y especifique si la Sra. Arrieta realizó los controles habituales y obligatorios señalados en el inciso precedente”. Asimismo, que “indique y detalle el nombre de los agentes intervinientes o responsables de realización de los controles al momento del arribo del vuelo y de la pasajera en cuestión, sean estos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dirección Nacional de Migraciones, la Aduana, la Administración Nacional de Aviación Civil, y todo otro organismo competente”.
Por último, el proyecto de resolución sostiene que “en caso de que alguno de los controles habituales y/u obligatorios no se haya realizado, especifique cuáles de ellos, indique los motivos y el responsable jerárquico de la orden ejecutiva de dicha omisión” y que “indique si existen registros fílmicos y documentales del ingreso de la aeronave y la pasajera en cuestión al país”.
