Tres pliegos de los 36 candidatos a jueces comunitarios de pequeñas causas fueron rechazados por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa.
Se trata de René Alzugaray que había sido propuesto para la localidad de Llambi Campbell, de Martín Ceschi para La Criolla y de Ignacio Cristiani para Puerto Gaboto. En el primero hubo 52 votos en su contra y solo 10 en su favor, con pocas abstenciones; para el segundo, 45 legisladores votaron contra la designación y 16 favorablemente; y en el último se contaron 51 negativos y apenas 4 aceptaciones, informó el periodista Luis Rodrigo en el diario El Litoral
Además hubo otros dos tratamientos en los que los números estuvieron más que ajustados, en una sesión que por su extensión en distintos momentos tuvo más o menos bancas ocupadas, aunque nunca perdió su quórum. Por apenas un voto (23 a 22) fue aprobado el pliego de Sandra Arias para la localidad de Máximo Paz y por un par (25 a 23) se aceptó la nominación de Vanesa Martínez Massaro en Zavalla.
Todos los demás propuestos lograron votos suficientes para la aprobación por mayoría, con cifras más o menos holgadas que no pocas veces los cronistas han tenido que apuntar sólo las abstenciones y los votos negativos porque así lo informó la presidencia.
Un extenso debate sobre el proceso de selección de candidatos a estos cargos anticipó el tratamiento en particular de cada pliego. Se repitieron argumentos en contra de la transparencia de los concursos desde el radicalismo y se defendieron en cambio las evaluaciones previas a la elección del gobernador desde el justicialismo, el socialismo y Juntos por el Cambio.
Tal como ocurrió con las posiciones que públicamente fueron asumiendo los bloques semanas antes de la sesión de Asamblea, fue Fabián Palo Oliver el primero de los radicales en expresar su fuerte rechazo y sus sospechas de falta de equidad en los concursos. Sus críticas se apoyaron en que el primer examen (de múltiple choice) otorgó un puntaje que luego no se tuvo en cuenta en las etapas posteriores. Dijo que sobre 100 puntos la mayor parte de los propuestos apenas llega a 75 y que el mínimo fue de 60 para aprobar. La cuestión no es menor ya que Leandro Busatto (PJ), Julián Galdeano (JxC) y Joaquín Blanco (PS) entendieron que era simplemente una instancia para aprobar o rechazar y no un órden de mérito.
Lo siguió un irónico discurso de Fabián Bastia sobre los méritos que exige el Poder Judicial para sus cargos administrativos y la liviandad con que, a su criterio, ha hecho que se salteen 10 y hasta 20 personas con mejor puntaje para elegir a quienes no tuvieron las mejores calificaciones (otra vez sobre la primera prueba escrita). Fue autocrítico Leandro Busatto al hilvanar una respuesta que partió de considerar que eran erradas sus críticas cuando el peronismo dominaba ambas Cámaras y fue necesario un cambio en la reglamentación de los concursos para que se pueda avanzar con el nombramiento de fiscales y defensores para poner en marcha la reforma procesal penal. Y luego Galdeano, con términos más didácticos explicó que según los decretos del ex gobernador Antonio Bonrfatti ya no hubo méritos en esas primeras calificaciones.
A Blanco le tocó explicar que no hubo desde el PS un acuerdo o una negociación poco transparente de su bloque de 14 con el oficialismo y la Casa Gris. Y aseguró que de cada caso se tomaría una decisión que, en efecto, mostraría a los 14 con una sola posición. Los radicales no pudieron decir lo mismo, ya que fue fuerte la dispersión entre senadores de la UCR con pliegos como los de Jorge Lagna para el Enress y luego (en menor medida) con los jueces comunales y los jueces penales y de otros fueros.
Pliego sin tratamiento
Por resolución de la Asamblea Legislativa quedó sin tratamiento, y reservado mientras dure una cautelar de la justicia, el pliego de Pablo Rangel para un cargo de juez comunitario de pequeñas causas para la localidad de Empalme Villa Constitución.
Los legisladores estuvieron al tanto pero solo informalmente y por un documento de la red social whatsapp de una resolución de Cámara que le hubiera permitido al Legislativo tratar al propuesto, pero -de acuerdo con lo informado en el recinto- la justicia no envió debida y formalmente por mesa de entradas esa comunicación.
Así, se suspenden para el caso de ese cargo los plazos y se reserva la posibilidad de su tratamiento. El recurso de amparo fue interpuesto por otro concursante que sostiene que fue afectado por el proceso de selección.
