El camarista Prunotto Laborde revocó las prisiones preventivas ya que «no hay más que indicios». «Esta es la justicia que tenemos todos», dijo el padre de Paula. «Salieron como si nada, con montos irrisorios», se lamentó en alusión a las fianzas.
Alberto y Alicia, los padres de Paula Perassi, la joven desaparecida hace casi cuatro años, salieron ayer de Tribunales con los rostros desencajados. El juez Adolfo Prunotto Laborde dejó en libertad a los ocho acusados por el delito de «aborto sin consentimiento seguido de muerte» y «encubrimiento agravado» de lo policías sindicados. En un fallo que sólo refiere a dichos de la defensa de los imputados, el camarista revocó las prisiones preventivas ordenadas por el juez de San Lorenzo, Juan José Tutau, hace tres meses. «¿Quién me devuelve a mi hija? Lo único que quiero es que aparezcan sus huesos», dijo la madre. «Quedate tranquila, ya los vamos a encontrar», le respondió Alberto, apretándole la mano; mientras decenas de personas los rodeaban bajo un clima de angustia. Para Alberto, la decisión fue «un retroceso» a los avances de los últimos diez meses, cuando Tutau tomó la causa y procesó a los acusados con la teoría de la Fiscalía y los abogados querellantes: Paula estaba embarazada y un aborto no consentido derivó en el peor final. «No nos llevamos nada», dijo Alberto. «Aparecieron el teléfono político y la billetera con dólares», lanzó sobre las fianzas de entre 30 y 100 mil pesos, que fijó Prunotto para las libertades.
Cuando falta un mes para que se cumplan cuatro años desde la última vez que su familia vio a Paula, el camarista se limitó a revocar las prisiones preventivas por considerar que «asiste razón a lo peticionado» por las defensas, ya que «no hay más que indicios».
Los beneficiados son Gabriel Strumia amante de Paula y su esposa Roxana Michl, quienes deberán pagar una caución de 100 mil pesos cada uno; la sindicada abortera Mirtha Rusñisky; el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol; y el policía Jorge Kretz, cuya caución será de 50 mil pesos. También hizo lugar a los planteos de los policías Héctor Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, por una caución de 30 mil pesos.
La bronca brotó de los ojos de Alicia apenas traspasó la puerta de la sala de audiencia y se abrazó con los militantes y familiares de otras víctimas que los acompañaron. Alberto no pudo hablar hasta que llegó a las escalinatas del Tribunal, donde se amontonaba más gente. «Estaban todos muy sueltos de cuerpo. Esto ya se sabía. Es un poco más de impunidad de las fuerzas del poder. Una vez más se vendió todo. Lo que pasó acá son palabras que se dijeron el viernes pasado, cuando amenazaron a un periodista en San Lorenzo: le dijeron `el miércoles (por ayer) salen todos’. O sea que ya sabían perfectamente qué iba a pasar», denunció Alberto, acompañado por cinco custodios.
Con la libertad de los acusados vuelve la posibilidad de amenazas que ya sufrió la familia. «Desde ya les digo que cuando me encuentren me maten, porque acá estamos en el mundo del revés. Tengo que aceptar lo que decidió el juez; y le quiero hablar a él: aposté hasta recién por usted, hasta dos minutos antes de entrar a la sala; pero nunca pensé que podría llegar a hacer algo tan alevoso y tan grande. Esta es la justicia que tenemos todos, no solo los Perassi. Me sorprendió tanto que no me cae la ficha; pero acá seguiremos peleando, hasta encontrar los huesos de Paula, porque tengo que saber qué decirle a mis nietos».
Al mismo tiempo, prometió: «Vamos a seguir adelante con la gente del Equipo de Antropología Forense, con el Ministerio de Seguridad de la Nación y todos los que nos acompañan en la búsqueda. Hoy se estarán riendo los que salieron en libertad; pero ojalá nunca tengan un castigo como el nuestro. Esto se sabía, ellos tienen un pacto de silencio. Desde ahora en adelante sigo en mi lucha».
Perassi relacionó el fallo con cuestiones de poder. «Yo tenía miedo de que en estos días (que el juez se tomó para resolver) sonara el teléfono político y funcionara la billetera con dólares que denuncié siempre. Este fin de semana largo aparecieron esas dos cosas, y que me digan que no. Esto no puede estar pasando. Yo sé que no se van a dar a la fuga porque tienen el poder económico y político para quedarse. Salieron como si nada, con montos irrisorios», lamentó.
El abogado de los Perassi, Adrián Ruiz, consideró que el fallo fue «una puñalada». Además, lo habló de una «clara desigualdad ante la ley con las resoluciones que se toman a diario en Tribunales. Sucede lo que digo siempre: este sistema judicial no está preparado para actuar contra organizaciones criminales».
Más tarde, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini dijo a este diario: «Nos sorprendió esta resolución. Se cierra una etapa pero todavía quedan medidas solicitadas por la fiscalía y la querella. Ojalá tengamos resultados positivos en la búsqueda en la cava de Timbúes; y todavía hay personas que consideramos que deberían entrar en el proceso. Además, evaluaremos la posibilidad de presentar un recurso extraordinario en la Corte. De todos modos, llevaremos a los acusados a juicio».
El fallo expresa que los imputados deberán presentarse semanalmente ante el juzgado de San Lorenzo. También se ordenó correr vista a la Fiscalía Regional para que investigue el accionar del fiscal de San Lorenzo, Román Moscetta; y de la abogada Paula Ríos, por supuestos «delitos» denunciados públicamente por los defensores, en la audiencia oral.
