La medida alcanzó a Mario Rossini, a otros tres vicepresidentes de la entidad, a seis empleadas y una productora. El juez Francisco Miño los consideró responsables de defraudación por admnistración fraudulenta, captación de ahorros e intermediación no autorizada.
El juez Federal de Santa Fe, Francisco Miño, dictó el procesamiento y la prisión preventiva del titular de la sociedad de bolsa Bolsafe Valores S.A., Mario José Enrique Rossini, y procesó, sin prisión preventiva, a otras nueve personas vinculadas a las maniobras que derivaron en una estafa a gran escala perpetrada contra pequeños ahorristas, basada en la apropiación de su dinero y títulos valores. En tanto, dictó el beneficio de la falta de mérito para otros 13 imputados.
Mario Rossini, de 61 años, fue procesado como autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores. Además, el juez Miño le dictó un embargo de 20 millones de pesos. En tanto, los vicepresidentes de Bolsafe, Omar Santos Francisco Rossini (59) y Flavia Sánchez (39) están acusados de ser coautores de defraudación por administración fraudulenta y resultaron embargados por 1 millón de pesos.
Miño consideró a la también videpresidenta de Bolsafe, María Mercedes Leiva (39), como posible coautora de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores. El embargo sobre sus bienes también alcanzó el millón de pesos.
Por otro lado, las empleadas de la fima Marisa Laura Valdez (47), Carolina Fany Pavarin (37), Daniela Laura Reatti (36), Patricia Lorena Berrino (39) y María Lorena Molinas (38), y la productora en Paraná, Miriam Analía Sabella (42), habrían sido partícipes primarias de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores. Cada una de ellas fue embargada en 100 mil pesos.
La fiscalía y la Procelac
Las indagatorias de todos ellos fueron solicitadas en mayo pasado por el fiscal Federal Walter Rodríguez, el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el entonces coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo -hoy director del Banco Central-, Pedro Biscay, quienes imputaron a un total de 49 operadores financieros de Bolsafe Valores, de la empresa BV Emprendimientos, del Mercado de Valores del Litoral y del Banco de Galicia.
Pero el juez Miño consideró el 29 de julio pasado que había elementos para indagar a los 23 imputados sobre los que ahora ha resuelto su situación procesal, mientras que indicó que en los 26 restantes -vinculados al Mercado de Valores y el Banco de Galicia- había que profundizar la pesquisa.
Los fiscales individualizaron en el pedido de indagatoria los casos de 408 víctimas, aunque remarcaron que Bolsafe «llegó a contar con 13 mil comitentes en cartera», lo que revela -puntualizaron- la envergadura del daño producido, el fuerte impacto económico y la perdida de confianza generalizada sobre el mercado de capitales local.
«Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafe Valores S.A. estaban prohibidas por el mercado, y que BV Emprendimientos (antiguamente Bolsafe Valores Emprendimientos S.A.) no era una sociedad de bolsa autorizada, ni una sucursal, ni una agencia de aquella, por lo que no se encontraba autorizada a administrar una cartera de clientes bursátiles, sino que tampoco conocían que a partir de la transferencia de sus valores a BV Emprendimientos perdían la titularidad de las especies que eran liquidadas en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil», explicaron los fiscales en aquél requerimiento.
Un procesamiento, tres maniobras
El juez Miño acogió la postura de la Fiscalía -que tiene a su cargo la instrucción con la asistencia técnica de la Procelac- y tuvo por acreditado que «los comitentes confiaron sus títulos valores, dinero en efectivo, etcétera» a Bolsafe «particularmente atraídos por la figura de su presidente, Mario José Enrique Rossini, quien se presentaba ante ellos y los medios de comunicación locales como un experto conocedor de la materia bursátil y una persona de confianza».
El magistrado citó las operaciones bancarias que acreditan la transferencia de dinero por parte de los clientes (comitentes) en favor de Bolsafe y señaló que Rossini «habría procedido al desapoderamiento de los valores confiados por los inversores oportunamente».
Miño sostuvo que la conducta del presidente de la sociedad «importó un obrar abusivo que, si bien, pudo realizar la transferencia de títulos de sus comitentes por estar habilitado a tales fines por el Mercado de Valores del Litoral como sociedad de bolsa, nunca debió hacerlo sin previa autorización, y es aquí donde radica su presunta administración fraudulenta en relación al patrimonio ajeno confiado en custodia».
La estafa, describió el juez en coincidencia con la Fiscalía, consistió en tres maniobras. La primera de ellas fue la firma de contratos de alquiler de valores negociables, por el cual sus titulares los cedían a Bolsafe a cambio de una renta mensual.
Rossini transfería luego los activos financieros -que había alquilado falsamente- a la sociedad BV Emprendimientos. Esta firma también era controlada por el imputado y tuvo domicilio en las mismas instalaciones que Bolsafe hasta marzo de 2006. Luego, por una intimación del Mercado de Valores, BV Emprendimientos mudó sus oficinas y se radicó en otro inmueble, a pocos metros de Bolsafe.
El alquiler de títulos fue prohibido desde el 1° de septiembre de 2003 por el Mercado de Valores del Litoral. Desde entonces, describió el juez, Rossini «habría ofrecido a sus comitentes la celebración de esos contratos con la sociedad BV Emprendimientos», persona jurídica que por ser una sociedad anónima no estaba alcanzada por el control del Mercado de Valores del Litoral.
«Según surge de las testimoniales brindadas por presuntos damnificados, cuando concurrían a la sede de Bolsafe, se les ofrecía la operatoria de alquiler de títulos y luego eran enviados al inmueble donde funcionaba BV Emprendimientos SA para la concreción del contrato», indicó el juez, y agregó que esa operatoria también se ofrecía mediante contactos telefónicos y correo electrónico.
Los clientes, entre tanto, pensaban que los valores quedaban en su poder dado que «en muchos casos» llegaron a cobrar «sus amortizaciones e intereses devengados por los títulos como si estos aún les pertenecieran», describió Miño.
«Al liquidarles a los clientes los alquileres convenidos, el imputado Mario Rossini los habría convencido de reinvertir el producido del supuesto alquiler en la compra de nuevos títulos» que «la mayoría de las veces no eran adquiridos pero, por este medio, Mario Rossini evitaba tener que desembolsar el dinero», explicó el magistrado en el procesamiento.
La segunda maniobra atribuida a la organización liderada por Rossini fue la «transferencia directa de títulos valores de las cuentas de los comitentes damnificados sin que hubiere medidado contrato de alquiler» a cuentas de BV Emprendimientos en el Banco de Galicia y a otras dos cuentas de Bolsafe.
El tercer modo de proceder ilícito fue la «apropiación y omisión de restitución de sumas dinerarias», señaló el juez, maniobra que se concretó mediante la no devolución del dinero depositado por los comitentes en Bolsafe.
Miño dio por acreditado que los títulos sustraídos a sus verdaderos dueños fueron transferidos y liquidados mediante la intermediación del Banco de Galicia y de Valfinsa Bursatil.
«Habiendo sido convertidos dichos valores negociables en dinero, el producido de esas liquidaciones se habría depositado en la cuenta corriente de BV Emprendimientos SA en el Banco Galicia», indicó el juez, y precisó que esa cuenta habría tenido salidas por un monto aproximado de 40 millones de pesos desde abril de 2012 hasta el 16 de febrero de 2013, «de los cuales: $15.000.000 fueron extraídos mediante cheques Galicia 24 hs./ 48 hs. y transferencias enviadas a otras cuentas y $25.000.000 mediante cheques pagadores» (sic).
Al tratar la responsabilidad de los imputados, el juez consideró al resto de los directivos como coautores de los delitos junto a Rossini, en tanto que sobre las empleadas señaló que prestaron colaboración «para persuadir y captar clientes para la sociedad, llevándolos a realizar diferentes inversiones». Finalmente, sobre la promotora de Bolsafe indicó que fue «un eslabón indispensable para la captación de clientela en la ciudad de Paraná».
El juez asimismo dictó la falta de mérito en favor de Romina Meretta (40), Andrea María del Milagro Gretter (41), Graciana Rodríguez (42), Carina María de los Milagros Cerutti (38), Carla María Paola Barzola (36), Romina Cecilia Benassi (33), Jesica Soledad Lilino (30), Gisela Vanina Zanel (37), Mónica Beatriz Deiber (42), Myriam Elisabeth Adela Brasseur (77), Julio César Yódice (45), Andrea Boetti (36) y Jorge Sandoval (40). La mayoría son ex empleados de las firmas de Rossini de los que, hasta ahora, no se ha podido comprobar su participación en los delitos, explicó el juez.
