El Senado aprobó un Pedido de Informes presentado por el Felipe Michlig “para conocer cómo se realiza el reparto de mercadería desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia”, a fin de “evitar el uso discrecional, y para que no exista discriminación de la asistencia según el signo político, en desmedro de todas las personas que puedan requerirla, encontrándose por debajo de la línea de pobreza”.
La iniciativa suscripta por los senadores Felipe Michlig, Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Rodrigo Borla y Leonardo Diana, pone el foco en “los Programas de asistencia alimentaria vigentes en ese Ministerio, con indicación de objetivos, población alcanzada y monto presupuestado para el departamento San Cristóbal, como así también el detalle de montos otorgados por el Estado Nacional a la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio correspondiente para asistencia alimentaria en todo el territorio santafesino”.
Asimismo, se solicita que “se indique los medios de selección de los beneficiarios, determinación de montos y forma de entrega de dichos fondos tanto material como procedimentalmente”.
“Prácticas clientelistas y discriminatorias”
Al momento de hacer uso de la palabra para fundamentar el Pedido de Informes, el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, indicó que “observamos un reparto con criterio político de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social en medio de la campaña electoral. Esto nos provoca impotencia, perplejidad, amargura y rechazo hacia prácticas que después de casi 40 años de recuperar la democracia entendíamos que estaban desterradas».
«Son prácticas clientelistas, discriminatorias. Esos programas tendrían que estar a disposición de todos los ciudadanos por parte del gobierno provincial y, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia», dijo Michlig y agregó: «El aporte de los impuestos de los santafesinos se utilizan para beneficiar a los candidatos que son del oficialismo discriminando a municipios y comunas que son gobernadas por la oposición».
En el mismo sentido, el Senador por el Departamento San Jerónimo, Leonardo Diana mencionó que “se observa una especie de alteración institucional al saltear a los presidentes comunales e intendentes, y entregan la mercadería y alimentos a punteros políticos y organizaciones afines”. A renglón seguido acotó que “en el departamento San Jerónimo, hasta las tarjetas del plan Alimentar, las entregan los concejales del sector político del ministro de desarrollo Social”.
“Discriminación aberrante y vergonzosa”
También durante su alocución -Michlig- mostró fotos de una candidata de la localidad de Ñanducita y de Soledad retirando mercadería en camionetas. «Se creen que son impunes porque lo hacen a plena luz del día. Llevan los alimentos que compran con los fondos que aportamos todos, los llevan a una localidad y ahí van los dirigentes a buscar la mercadería para buscar el voto de los ciudadanos».
«No es todo el justicialismo. Es el justicialismo oficialista. Pido al gobernador Omar Perotti que cesen en esta discriminación aberrante y vergonzosa que están llevando adelante en muchos lugares de la provincia como lo hacen con el Fondo de Obras Menores, el Plan Incluir, con los convenios con Vialidad y con otras cosas».
«Esto es una vergüenza, un escándalo. Son prácticas deleznables, vergonzosas y que no podemos tolerar bajo ningún punto de vista», señaló.
«Sin ningún tipo de registro»
El Pte. de la bancada radical recordó que «Danilo Capitani nos prometió que iba a ser equitativo, cuidadoso y eso no está ocurriendo. Pero lo peor de todo es que con estas prácticas está perjudicando a muchísimos ciudadanos que están por debajo de la línea de la pobreza, entregando esos alimentos con fines proselitistas a candidatos que no ocupan ninguna función ni son miembros de una comisión comunal. Son candidatos del oficialismo que utilizan los recursos del Estado para hacer campaña política», acusó.
También remarcó que “de esta manera no queda registro de a quiénes les entregan los alimentos, qué criterios utilizan para el reparto, si se les entregan a quienes realmente lo necesitan o si quedan en manos de personas a las que «se les busca el voto en las elecciones que se vienen».
Finalmente, el legislador aclaró que “todo esto, en mí caso, lo cotejamos en nuestro departamento en donde nuestra fuerza política gobierna el 80% de los distritos y todas las autoridades consultadas reciben el mismo trato discriminatorio”.
