En una nota dirigida a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Alejandra Rodenas, el ministro de Seguridad responde a una requisitoria del cuerpo: “el pedido de informes está erróneamente direccionado”.
El ministro de Seguridad de la provincia, Marceo Saín, respondió en los últimos días un pedido de informes del Senado santafesino, que el 5 de marzo pasado había elevado al Ejecutivo provincial una serie de preguntas sobre el procedimiento policial del 22 de febrero que terminó con el secuestro de una avioneta, su piloto -y posteriormente tres personas más- en la zona rural del departamento San Justo.
El Senado había requerido información oficial sobre ese procedimiento, la intervención de la Junta de procedimientos de accidentes de aviación civil, estado de la causa judicial y otros pormenores del expediente. El pedido, por motivos formales, fue remitido por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, presidenta del Senado.
Saín le responde a Rodenas el pasado 8 de junio, fiel a sus estilo:, directo y sin vueltas. En la misiva le explica que, efectivamente, la nota hace referencia a una situación en la que se investiga una violación a la ley de drogas y que por eso hubo una intervención de la policía como “mero auxiliar de la justicia federal, y del fiscal federal que entiende en la causa”. Y señala que la investigación está bajo ésa jurisdicción y no puede transgredirse esa etapa. “Así las cosas, este pedido de informes ha sido a todas luces direccionado erróneamente hacia el Poder Ejecutivo, dado que no es quien tienen el control ni la autoridad sobre la investigación, ni tampoco sobre la información solicitada”.
Y cierra diciendo que “extraña al suscripto el tenor de la nota”, dado que de haber respondido el pedido de informes, hubiese violado la división de poderes. Por último aconseja al cuerpo deliberativo a que envíe su inquietud a las autoridades federales intervinientes.
En su momento, el pedido había sorprendido a propios y extraños porque quien debió despachar el requerimiento fue la ex jueza Alejandra Rodenas, quien estaba enterada que un procedimiento de esas características nunca puede ser respondido por el ministerio de Seguridad, ya que la causa se tramita ante un juzgado y fiscalía, en este caso de jurisdicción nacional, por ser una infracción a la ley 23.737.
Autor: H.M.G