Tres policías fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 1 de Santa Fe acusados del delito de sedición. Alberto Martínez, de Apropol, recibió condena condicional por amenazas.
Once años después, un tribunal federal de Santa Fe compuesto por José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario absolvió por unanimidad a tres policías acusados de levantarse contra el gobierno provincial en el paro policial de diciembre de 2013.
Los sargentos de policía Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani habían llegado al juicio acusados por el delito de sedición. Mientras que Alberto Martínez el expolicía, periodista y referente de Apropol (gremial policial no reconocida) fue sentenciado a una pena de tres años de prisión condicional por el delito de amenazas e instigación a cometer delitos. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de junio en horas del mediodía.
Durante el debate, que se llevó adelante este miércoles en el Tribunal Oral Federal 1 de Santa Fe, se escucharon los testimonios de los exministros Raúl Lamberto (Seguridad) y Rubén Galassi (Gobierno y Reforma del Estado); del entonces jefe de la Unidad Regional I, Rafael Grau; y del exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, quien presidió la mesa de diálogo en el conflicto. La acusación estuvo en la voz del fiscal General Martín Suárez Faisal.
Los policías ya habían tenido un proceso en la justicia provincial por el delito de incumplimiento de funcionarios públicos, en el que también fueron sobreseídos y la causa archivada. En sus alegatos, el fiscal Suárez Faisal había requerido una condena de dos años de cumplimiento efectivo para Pagani, Patiño y Abasto por incumplimiento de deberes de funcionario público, dejando de lado la acusación inicial de sedición.
En tanto que Martínez, a quien se le atribuyó haber instigado a los policías a rebelarse, a través de publicaciones en la página web de Apropol, de las redes sociales y de mensajes privados, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de amenazas, por una serie de mensajes que había enviado al teléfono celular del entonces gobernador Antonio Bonfatti, y fue absuelto por el delito de instigación a cometer delitos.
La Capital
