En octubre del año pasado, efectivos de la Patrulla de Intervención Urbana (PIU) ingresaron a un domicilio del barrio Abasto sin orden de allanamiento. Encontraron droga fraccionada y dos menores. Se los acusa además de haber robado dinero y dos televisores. El Fiscal Federal pidió la nulidad del procedimiento.
El 13 de octubre del año pasado, agentes de las PIU ingresaron a un domicilio de calle Doldán y Reutemann sin orden de allanamiento. Dijeron que lo hicieron porque un hombre sospechoso ingresó a la casa raudamente. No lo atraparon, pero en el interior encontraron droga fraccionada y a dos jovencitas de 12 y 14 años. En total, había 205 gramos de cannabis y poco más de 56 de cocaína. Por ello se le dio intervención a la Dirección de Control de Adicciones de la policía santafesina. También se localizaron a dos testigos de actuación. Según el acta del procedimiento, las chicas dijeron que estaban allí por orden de una mayor de edad, de apodo “Cuka”, que le dio la droga y les dijo que la vendieran.
Ya radicada la denuncia en la Fiscalía Federal, la Dirección de Trata informo que por orden del entonces subjefe de la URI, comisario Sergio Fernández (el mismo que está investigado por el camión con drogas en Arroyo Leyes) acudieron al lugar. La explicación fue que las chicas estaban siendo explotadas sexualmente en el domicilio, “con consentimiento de sus padres, que recibían 250 pesos por día por niña”. El procedimiento fue supervisado por la Jefa de la PIU, Ivana Carballo, que inmediatamente se encargó de narrar el éxito del procedimiento en los medios locales.
Concretamente, el diario UNO señaló que” los vigilantes acudieron al lugar alertados por los vecinos del barrio sobre la situación de dos niñas que estaban dentro de una precaria vivienda de la zona. Los policías constataron el suceso, informaron a la jefatura de a PIU y luego se desarrolló la segunda parte del procedimiento, previo informar la situación a la Jefatura de la Unidad Regional 1”.
Pero los episodios no se desarrollaron como lo dijo la crónica. No hubo orden de allanamiento, tampoco espontaneidad ni urgencia excepcional para ingresar al domicilio con los recaudos legales. Aún peor, el relato que consta en el acta se derrumba cuando el fiscal federal Walter Rodríguez reconstruyó el hecho. No hubo constancia, más allá de la versión policial que el hombre perseguido haya ingresado al domicilio. Tampoco que haya sido encontrado en la comisión de un delito antes de ello, dos cuestiones básicas que exige la ley para ingresar a la morada de un particular sin orden de un juez.
Lejos de terminar allí la tarea de los agentes de la PIU, se encargaron de hacer trascender en los medios la acción heroica de haber salvado a dos chicas de una situación de explotación sexual.
En la reconstrucción del hecho, el fiscal les tomó testimonio a las chicas del procedimiento. Una de ellas dijo que “ningún hombre ingreso a la casa ése día, que escuchó ruidos en los techos, que le policía ingresó dando una patada a la puerta y que le dijo que dijeran que estaban allí ejerciendo la prostitución obligadamente”. La otra chica declaró en consonancia. “Me dijeron que cuando llegaran los de Trata dijéramos que nos obligaban a ejercer la prostitución”, ratificó la segunda nena. También refirieron que los agentes se llevaron dinero, dos televisores y un celular. También señalaron que las trataban de forma degradante, que les decían cosas como “¿Vos ya cogiste?” y nos tiraban perfume que teníamos en la casa en la cara. Los hombres decían esas cosas y las mujeres se reían. La otra chica dijo que la apretaban con que hable. “Si vos no hablás te vamos a dejar el orto así”, y hacían con las manos un círculo”.
Los testigos de actuación y los vecinos del domicilio violentado ilegalmente dijeron que no vieron a ningún hombre fugarse, que solo observaron policías en los techos. Un testigo dijo que ingresó al lugar luego que terminó el operativo, “hasta que el personal finalice una limpieza”. Un vecino vió como los policías se llevaron los televisores en el patrullero, antes de sacar a las menores de la casa.
Para el Fiscal Federal todo el procedimiento fue nulo, por las irregularidades cometidas por los agentes de la PIU, sin perjuicio que en el lugar se haya vendido drogas, pero éso ya no puede investigarse con seriedad y legalidad porque los policías ingresaron violentamente a la finca violando todas las garantías debidas y, peor aún, sin poder probar nada de los extremos incluidos en el acta.
El martes 21 de abril el fiscal Walter Rodríguez pidió al juez interviniente que declare nulo el procedimiento y que se extraigan copias del expediente para remitirlas al Ministerio Público de la Acusación para que investigue el posible robo de los bienes denunciado por las chicas.
Héctor M. Galiano.
