La defensa del ex intendente Marcelo Álvarez insistió con que la causa está prescripta y reclamó el sobreseimiento de su cliente. Para la fiscalía, el proceso tiene que seguir, para “darle una respuesta a la sociedad”.
Esta mañana se llevó a cabo una audiencia oral y pública, en la que se trató, en apelación, el planteo de prescripción de la causa en la que se investiga la responsabilidad de funcionarios públicos durante las inundaciones de abril de 2003 en la ciudad de Santa Fe.
El principal orador fue el abogado Pablo Guastavino, quien junto con Alejandro Paz, representan al ex intendente Marcelo Álvarez. Este último, junto con el ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Edgardo Berli y el ex director provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti, se encuentran procesados por la presunta responsabilidad en el delito de “estragos reiterados, culposo y agravado por el resultado de la muerte de 18 personas” como consecuencia del ingreso del agua del río Salado vulnerando el anillo de defensas de la ciudad.
Guastavino se refirió a las causales de la apelación y reforzó los argumentos previamente vertidos por escrito. Sostuvo que se ha excedido largamente el plazo razonable para someter a una persona a juicio, ya que transcurrieron 11 años de proceso por un delito cuya pena máxima es de 5 años.
En ese sentido recordó que el fallo que ahora es materia de análisis y que dictó el juez de Sentencia Cristian Fiz rechazando el planteo de prescripción de la acción penal y sobreseimiento de los imputados, “reconoce que el plazo de 5 años de la pena está cumplido”. “De todos modos, se ampara en la calidad de funcionario público que revisten dos de los tres imputados”, punto en el que Guastavino hizo hincapié.
Imputados ausentes
Frente al Dr. Guastavino, escuchaban atentamente los representantes del Ministerio Público, encabezado por la fiscal de Cámaras, Liliana Lauxmann, secundada por los fiscales de primera instancia Mariela Jiménez y Jorge Andrés.
A cargo de la dirección de la audiencia estuvo el tribunal, presidido por el juez de Cámara, Roberto Prieu Mántaras, junto con los vocales Jaquelina Balangione y Roberto Reyes, quienes deberán expedirse en los próximos diez días hábiles sobre si la causa se encuentra prescripta o no.
Aunque no hubo público presente más allá de media docena de periodistas, presenciaron la audiencia los representantes legales de la Municipalidad de Santa Fe y del gobierno provincial, lo mismo que los abogados de los actores civiles.
No estuvieron en la sala los imputados, quienes atraviesan el proceso en libertad, ni los abogados que defienden a Berli ni Fratti, que en un principio también habían sido convocados.
Como la cuestión quedó entonces centrada en el arquitecto Álvarez, el Dr. Guastavino aprovechó para reforzar algunos conceptos en cuanto a la realidad de su defendido: “Este proceso que lleva 11 años ha tenido demoras pero no por la incidencia directa de Álvarez”, aseguró. “Ustedes sabrán el pesar que tiene Marcelo Álvarez” por todo lo ocurrido.
“No interfirió”
Por otra parte, sostuvo que “estoy totalmente convencido de que Álvarez no interfirió” en el proceso después de dejar la intendencia en el 2003 y que en todo este tiempo “hubo una judicialización de la política”, dijo y afirmó “se utilizó esta causa políticamente”.
Por último, opinó sobre la “complejidad técnica de la causa más allá de si hubo un responsable o no” y aseguró que “no se posee una ciencia exacta que determine las causales” de la inundación.
Dijo además que la continuidad de su cliente en un cargo jerárquico fue sólo “por necesidad de trabajo, con cero incidencia en la causa”. Y que por ello “tenemos la necesidad de evaluar la postura de Álvarez” en cuanto a su relación con la función pública con posterioridad al 2003.
También hizo reserva de recurrir a la Corte provincial en caso de que el fallo del tribunal resultara adverso.
La fiscal Lauxmann por su parte “solicitó al tribunal que se rechace los agravios de la defensa y se confirme la resolución apelada” ya que tanto Berli como Álvarez se encuentran ejerciendo cargos públicos a la fecha.
«Una respuesta a la sociedad»
Una vez finalizada la audiencia, la fiscal Mariela Jiménez hizo un resumen sobre lo acontecido en la sala, pero también vertió la opinión del Ministerio Público sobre el tema.
«Para la fiscalía la causa no está prescripta y el proceso tiene que seguir, concluir y llegar a término», declaró la fiscal que investigó la causa en el tramo final. Sostuvo además que «lo más importante, es darle una respuesta a la sociedad que es lo que está esperando de esta causa».
«Ahora hay que esperar el plazo de los 10 días para que el tribunal dicte la resolución sobre este tema”, si bien “la defensa argumentó que Álvarez no mantuvo su condición de funcionario público» como viene sosteniendo la Fiscalía. Para la Dra. Jiménez «el término de la prescripción se suspende exactamente por la calidad de funcionario público que hasta el día de hoy tienen tanto el imputado Berli como Álvarez»
