Será el próximo viernes y se da en el marco de una investigación por juego ilegal. Su comparecencia solo podrá ser voluntaria porque lo amparan sus fueron legislativos.
Los fiscales que investigan la causa de juego clandestino que motivó la destitución de dos fiscales convocaron a audiencia imputativa al senador provincial Armando Traferri, bajo sospecha de que el legislador tuvo algún tipo de participación en la asociación ilícita investigada. Su comparecencia, al tener fueros, solo podrá ser voluntaria. Está convocado para pasado mañana en el Centro de Justicia Penal. El senador según fuentes consultadas ya fue notificado.
La citación a la audiencia es en el marco de la causa caratulada «Serjal, Patricio y otros s/cohecho y otros». La notificación es para que comparezca personalmenente el viernes a las 9 munido de su DNI ante la Agencia de Criminalidad Organizada «a fin de hacerle saber el hecho y las evidencias en su contra y prestar declaración si así lo deseare». La carátula de la causa alude al ex fiscal regional Patricio Serjal, preso desde agosto pasado, acusado de integrar una asociación ilícita cuyo rol era impedir investigaciones penales contra el juego ilegal a cambio de dinero.
La determinación de citar a Traferri proviene en el contexto del trámite que se dinamizó con la declaración aportada el viernes por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso desde agosto por formar parte de una red de protección al juego clandestino en la provincia, quien aportó detalles de un esquema que implica en forma regular a este delito con miembros de otros poderes del Estado santafesino.
La audiencia imputativa para un senador no puede darse sin que la Legislatura levante los fueros que protegen a todo legislador. Por lo que el senador solo puede concurrir si accede voluntariamente. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo convocan para que haga precisiones sobre el descargo que este miércoles presentó en su nombre su representante legal José Luis Vázquez. En esa presentación Traferri asegura que es víctima de un complot político orquestado por el ministro de Seguridad Marcelo Sain.
Los fiscales basan su planteo en el artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que regula los trámites de la Justicia Penal. Este apartado refiere al desafuero y señala que cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente. Pero el artículo aludido indica que al legislador o convencional afectado «podrán recibírsele a éste las explicaciones y pruebas que quiera proporcionar. A tal efecto podrá llamárselo a prestar declaración, pero, si no concurre, no podrá forzárselo».
