Amplia mayoría de la Comisión formada por diputados y senadores que recomienda a la sesión conjunta de ambas Cámaras apartar por seis meses y con una reducción de haberes del 50% al ex ministro de Seguridad de su cargo de titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
Los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa dictaminaron este miércoles 23 de junio, por amplia mayoría, recomendar a ambas Cámaras la suspensión de tipo provisoria, por seis meses y sin goce de sueldo (lo que implica una reducción del 50% de las remuneraciones) al titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, de acuerdo a lo informado por el diario El Litoral
Pesan sobre el ex ministro de Seguridad de Santa Fe acusaciones muy fuertes del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, que basó su presentación ante la Legislatura -en parte- en otras duras críticas del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti.
Por nueve votos a dos, Acuerdos tomó todas las decisiones vinculadas a Sain: decidió avocarse al análisis de las acusaciones en su contra provenientes del MPA que nunca dejó de integrar aún siendo ministro; aceptó la propuesta del senador justicialista Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) para que su par radical Lisandro Enrico (UCR-General López) actúe como miembro acusador; y lo mismo con el dictamen del presidente de la Convención del radicalismo santafesino (que ya tenía listo para que se pronuncien su pares de la comisión).
Radicales frentistas y de Juntos por el Cambio, socialistas y otros partidos aliados, así como integrantes de bloques celestes de Diputados coincidieron en que la Legislatura debe pronunciarse sobre la suspensión de Sain en el Organismo de Investigaciones (OI).
Las tres rondas de votación de la comisión dejaron en claro que hay dos posiciones en el Legislativo santafesino: nueve votos fueron a favor y otros dos en contra. Solo se opusieron el jefe de la bancada justicialista minoritaria en la Cámara de Diputados Leandro Busatto y el presidente del bloque Lealtad en el Senado, Alcides Calvo (PJ-Hacemos Santa Fe-Castellanos).
Si bien antes de la reunión había una tercera visión del tema (más dura aún) que reclamaba tratar en menos de 24 horas la suspensión, esa chance se verificó imposible por los plazos que exige el proceso. Debe haber 72 horas entre uno y otro paso.
La convocatoria a la sesión especial conjunta de ambas Cámaras será para el próximo jueves 1ro de julio.
La finalidad del apartamiento por medio año procura que avance el proceso en contra del encartado. Y debe recordarse que fue iniciado desde el propio MPA: el fiscal general Jorge Baclini ordenó a un fiscal regional investigar a Sain.
Como se sabe, desde 2017 la Legislatura recuperó para sí la facultad de ejercer un control directo sobre todos los integrantes de la Acusación y la Defensa en el fuero Penal, además de poder hacerlo con las autoridades más altas de ambos institutos tal como está dispuesto desde su creación en el marco de la reforma procesal penal.
Defensa sin votos
En menos de una hora, los integrantes de la Comisión formada por ocho diputados y cuatro senadores produjo los tres temidos dictámenes para el ex ministro: el que acepta que las acusaciones del MPA contra Sain merecen el avocamiento de la Comisión, el que le designa un miembro acusador y el que recomienda una medida difícil de digerir: todo indica que a Sain se lo sacará de su sillón, se lo privará de la integridad de su sueldo (sólo cobrará el 50% de carácter alimentario) y que por medio año no podrá pisar el MPA.
Todo ocurrió sin demoras pero cuidando que se cumplan los plazos previstos por las leyes que mandan en un proceso de indudable valor político, cuya resolución debe fundarse en el consenso del Poder Legislativo además de las razones jurídicas que se esgriman.
A las 10 horas de este miércoles 23 la comisión escuchó por unos diez minutos a la diputada Matilde Bruera que desde el oficialismo defendió la posición del ex ministro e integrante del Ministerio Público de la Acusación. Entendió que es inconstitucional que por su actuación como integrante del Poder Ejecutivo se ponga en tela de juicio su desempeño en el órgano de la Acusación del Poder Judicial. Su posición fue también respaldada por Busatto y en el mismo sentido, mostró su apoyo Calvo con los argumentos de ambos.
Integrantes
La Comisión Bicameral de Acuerdos es la encargada de producir dictámenes que recomiendan a la Asamblea Legislativa la aprobación o el rechazo de pliegos para integrar el Poder Judicial, entre otras funciones. La Ley 13.807 le agregó las funciones necesarias para el control directo de todos los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (siempre lo tuvo sobre sus conductores).
Hoy está presidida por el diputado Fabián Bastia (UCR) y también la integran sus pares Clara García (PS), Leandro Busatto (PJ-Frente de Todos), Lionela Cattalini (PS), Gabriel Chumpitaz (JxC), Nicolás Mayoraz (VyF), Maximiliano Pullaro (UCR) y Gabriel Real (PDP).
También, los senadores: Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos); Lisandro Enrico (UCR-General López); Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias).
EL FUTURO
En términos políticos, el oficialismo no tiene manera de remontar una batalla que, sobre todo por los números en el recinto, da casi por perdida. Pero en términos jurídicos, se abre otra discusión. Y es allí donde comienza a tallar la decisión personal de Sain. Su resolución implicará definir desde la posibilidad de llevar su caso a la Justicia, hasta la evaluación de su continuidad en el cargo.
La oposición y algún sector del peronismo no escatimarán esfuerzos para más temprano que tarde, terminar con la destitución de Sain. Si ello es así, el ex ministro podrá invocar que fue afectado en la continuidad laboral de su puesto actual, pero sobre la base de argumentos asociados a la gestión en otro cargo, que ya no ocupa. Y entonces, litigar. Pero hay quienes no descartan que antes de llegar a esa instancia de la potencial destitución, el propio Sain termine dando un paso al costado. Razones personales y un frente interno laboral hostil en el propio Ministerio de la Acusación serían sustento para esa decisión que por ahora, sigue en el plano de las hipótesis.
