Enviará al Congreso un proyecto para crear una Agencia Federal y dará atribuciones a Gils Carbó para ejecutar las escuchas judiciales; «A mí no me van a extorsionar, no les tengo miedo», desafió a los agentes
En medio de una guerra declarada con un sector de los espías, y luego del impacto que generó la muerte del fiscal Alberto Nisman, Cristina Kirchner redobló la apuesta: anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear un nuevo organismo, con atribuciones aggiornadas y una purga de su personal de planta.
«A mí no me van a extorsionar, no me van a intimidar, no les tengo miedo», lanzó la Presidenta, en un mensaje de casi una hora emitido por cadena nacional. Con el propósito de retomar la iniciativa y después de un mes sin discursos públicos, volvió al ruedo desde Olivos para sentar posición en lo que considera el momento más complicado de su gestión.
En recuperación de su fractura de tobillo, apareció en silla de ruedas y vestida íntegramente de blanco. Cuando llegaba a la mitad de su intervención, sorprendió con la decisión de crear una Agencia Federal de Inteligencia que reemplace a la ex SIDE, una vieja idea del ala dura del kirchnerismo que nunca prosperó y que, puertas adentro de la Casa Rosada, algunos funcionarios consideraban una bandera poco oportuna para avanzar en este contexto.
El nuevo organismo estará conducido por un director general y un subdirector, que serán designados por el Poder Ejecutivo, como hasta ahora, pero con un agregado: deberán contar con acuerdo del Senado. Así, habrá que ver qué pasa con la cúpula nombrada en diciembre pasado, encabezada por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, que se supone que no cambiará, según estimaban anoche en Balcarce 50.Una de las diferencias centrales, en comparación con la legislación actual, es que la potestad de realizar las escuchas que ordenen los jueces será transferida al Ministerio Público Fiscal, al que Cristina consideró un ente «extrapoder».
Más allá de esa aclaración técnica, la procuradora general y cabeza de esa repartición, Alejandra Gils Carbó, suele actuar en fina sintonía con los planes oficiales.
NOMBRE MALDITO
Recién en el minuto 17 de su discurso, y por única vez, mencionó el ahora nombre maldito para el oficialismo: Antonio «Jaime» Stiusso. Lo hizo para recordar una anécdota que contó Aníbal Fernández, de su época como ministro del Interior, en la que asegura que Nisman y el ex agente todopoderoso no querían viajar a Europa para lograr que Interpol fijara las alertas rojas sobre los iraníes acusados.
Sin hacer alusión directa a él, más adelante, deslizó que un sector de los servicios de inteligencia se enfrentó a la Casa Rosada cuando arrancó las gestiones para sellar un entendimiento con Irán, en el marco de la causa AMIA. Así, sostuvo que empezaron a bombardearla con denuncias «de lo más insólitas» que se promovían desde oficinas del Estado, «más precisamente de la SIDE».
La Presidenta insistió en relatar un modus operandi para desestabilizarla, que consiste en una «calesita» en la que intervienen «grupos de fiscales, jueces, denunciadores anónimos y periodistas amplificadores». Esa afirmación va en línea con la teoría del complot esbozada en la última semana por el coro de voces oficialistas.
La iniciativa de inteligencia, según dijo, está en revisión en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, y será remitida al Congreso antes de su partida a China, prevista para el sábado. Para eso, la Presidenta convocó a sesiones extraordinarias y espera que la norma sea aprobada cuanto antes, para su entrada en vigor en un plazo «no prorrogable» de 90 días, luego de su promulgación.
Anticipó que el texto establece que las tareas de inteligencia nacional se basan en la «reunión y análisis de información referida a hechos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación», y citó entre su competencia la «prevención de amenazas internacionales, narcotráfico, tráfico de personas, ciberdelitos y delitos de orden económico y financiero». Este proyecto viene a modificar la regulación que establece la ley 25.520, de diciembre de 2001, antes de que cayera el gobierno de la Alianza.
La agencia sumó otras facultades. Por ejemplo, se hará cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, que depende del Ministerio de Seguridad. En cambio, nada dijo Cristina sobre el uso de fondos reservados, un agujero negro de dinero sobre el que no se rinden cuentas, y era un enigma la letra chica del proyecto del que Cristina repasó ejes generales.
Manejada con absoluto hermetismo, la reforma de la ex SIDE tomó de imprevisto a gran parte del gabinete. Como nunca, Cristina confía en unos pocos funcionarios, entre ellos, Zannini y Parrilli, considerados como sus más incondicionales. Nadie, hasta anoche, se animaba en el Gobierno a predecir el resultado de esta nueva cruzada de la Presidenta.
CLAVES DEL PROYECTO
Nuevo organismo. El proyecto de ley anunciado por la Presidenta anoche por cadena nacional consiste en la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, organismo que estará cargo de un director y subdirector. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo, pero requerirán la aprobación del Congreso
Seguridad nacional. La iniciativa, que será presentada en el Congreso antes del viaje de la Presidenta a China, establece que la Agencia Federal de Inteligencia reunirá y analizará hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Tipificará para ello la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ciberdelito
Escuchas telefónicas. El proyecto establece la transferencia de la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, en razón de ser «el único ministerio extrapoder». En los hechos, la norma por tratarse en el Congreso otorga esa facultad a la Procuración General de la Nación, hoy en manos de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó
Penalidades. Según anticipó la Presidenta en su discurso, en el proyecto se establecen penalidades para quienes no cumplan con la disposiciones vigentes, con penas de 3 a 10 años de prisión, delito no excarcelable. Serán penados los funcionarios que tomen contactos por fuera de los canales institucionales con miembros de la flamante agencia
Razones. Según la Presidenta, la disolución de la ex SIDE «es una deuda de la democracia. Tal vez me toca a mí hacer la reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado a descubierta y que hay que cortar de cuajo», justificó Cristina Kirchner
