En una infrecuente sesión de enero, sancionaron parte de lo que Pullaro quiere de las fiscalías. La oposición no acompañó, y hasta los propios pusieron reparos.
Hacía 16 años que la Legislatura santafesina no sesionaba en enero; pero así lo quiso el envión del gobierno de Maximiliano Pullaro con leyes que hasta ayer venía consiguiendo prolijamente con unanimidades y consensos. Al final consiguió sacar parcialmente la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero ya sin el OK de la oposición y hasta con reparos en los diputados socios del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. De cualquier modo, el oficialismo sacó adelante y a lo pirro, con su mayoría automática, un paquete de 10 artículos que sirven para que la fiscal general María Cecilia Vranicich ya pueda ir en sintonía con el horizonte abierto por la flamante Ley de Narcomenudeo. Pero la armonía parlamentaria de la que la socialista Clara García se ufanaba ayer empezó a lastimarse.
Con 27 votos del interbloque oficialista, la abstención del peronismo y de los «celestes» de Somos Vida e Inspirar, y los 2 votos en contra de Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver, Diputados dio media sanción a la reforma de la ley 13.013, que determina el funcionamiento del MPA. Lo pasó enseguida al Senado, que en un santiamén lo convirtió en ley por unanimidad, allí sí con la aprobación del bloque justicialista.
Quedará para sesiones extraordinarias de febrero la discusión del resto de las propuestas enviadas por el Ejecutivo para una reforma integral de la ley. Ayer el bloque Socialista planteó reparos luego de escuchar el miércoles en la comisión de Labor Parlamentaria a voces autorizadas como las del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Colegio de Jueces Penales de Rosario; las asociaciones Fiscales y funcionarios del MPA de Rosario y de Santa Fe, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario.
Esas instituciones tienen una mirada crítica sobre el proyecto de Pullaro. Según fiscales de Rosario, «empobrece al MPA y empodera a la Policía», según transmitió Del Frade.
A grandes rasgos, restablece a la Fiscalía General –hoy a cargo de Vranicich– facultades que la misma Legislatura le había suprimido antes. Y, además, crea 17 cargos para sumar fiscales que se aboquen a cumplir con las nuevas potestades conferidas por la Ley de Narcomenudeo.
Cambiaron funciones y atribuciones de la persecución penal, las competencias de fiscales y policías, todo con tendencia a que la Fiscalía General ahora sí pueda decidir e impartir directivas en investigaciones puntuales y criterios generales. Así puede ahora crear «agencias especiales» e impartir instrucciones particulares, por fuera de lo que hasta ahora definía la Junta de Fiscales. Esto último es una de las piedras de discordia: los críticos (fiscales y legisladores) ven allí una centralización del poder en la persona de Vranicich.
Con esta ley, la cabeza del MPA puede intervenir y reasignar recursos en causas penales concretas, y tallar en la designación de fiscales generales. También cambia el régimen de sanciones disciplinarias para fiscales.
Ayer en la sesión, Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), relacionó estos cambios con el estridente enfrentamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra contra el senador Armando Traferri en el marco de una causa sobre juego clandestino. «Subyace en esta reforma el afán de perseguir a quienes investigan el manejo del dinero de la política y que terminan siendo disciplinados», interpretó.
La socialista Lionella Cattalini argumentó el voto favorable de esta parte del proyecto del Ejecutivo en la necesidad de «corregir la crisis» del MPA expuesta en esas peleas y acusaciones cruzadas en el seno del organismo y entre sus propios fiscales que sobresalieron el año pasado. «Le damos así herramientas al MPA para mejorar eso y que sea un organismo confiable, transparente y con reglas claras de política criminal. No puede funcionar bajo escándalo permanente», dijo. «Recomponemos funciones que la Fiscalía General tenía antes y que se le habían quitado, para que no parezca que la fiscal general es cartón pintado», sintetizó. Y supeditó el resto de lo que quiere el gobernador a debates de febrero.
Al argumentar su abstención, Celia Arena y Miguel Rabbia (Juntos Avancemos), Lucila De Ponti (J.A. – Santa Fe Sin Miedo), Alicia Azanza (Somos Vida) y Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) coincidieron en revelar que el borrador de la ley llegó a sus manos 10 minutos antes de sesionar. Y el texto definitivo, ya con la sesión iniciada.
«Es una falta de respeto tener 10 minutos antes el texto definitivo que acordaron los bloques del oficialismo. Demostramos voluntad de darle herramientas de gestión al gobierno que eligió la gente, pero no convalidamos esta metodología. El MPA no puede ser manoseado desde la política», fustigó Arena.
Y marcó la contradicción de que esta ley crea 17 cargos para fiscales, cuando sobre el cierre de la gestión Perotti la Legislatura rechazó a pedido de Pullaro fiscales propuestos por el Ejecutivo de entonces.
Hasta aquí, la Legislatura le había hecho los deberes a Pullaro a pedir de boca y con consenso. En diciembre sancionó la Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, educativa y sanitaria, la Ley de Narcomenudeo, modificación a la ley de Ejecución de Pena y prisión preventiva, Presupuesto, Ley Tributaria y Ley de Inteligencia provincial.
Pero ayer no hubo tiempo para esas delicadezas de persuasiones y acuerdos. Por eso el radical José Corral pidió «disculpas por el entusiasmo de pensar que podríamos discutir artículo por artículo en comisión, y no pudo ser. Igual queremos el mayor consenso, pero aquí resulta vital darle herramientas a la fiscal general en estas semanas hasta que hagamos el debate de fondo».
Palo Oliver votó en contra porque esta reforma parcial del funcionamiento del MPA apunta a centralizar poder. «No lo compartimos porque todos los procesos de seguridad pública debe ser con una concepción de seguridad democrática. Aquí se pone en la fiscal general tantas facultades que lesiona lo que los legisladores diseñaron hace 10 años, el nuevo sistema de persecución penal en Santa Fe», cargó.
Fuente: Pagina 12
