El proyecto que entra hoy a la Diputados apunta a otorgar una pensión mensual a mayores de 35 años de la población trans e integrarla a un programa estatal tendiente a la inclusión laboral.
Santa Fe será desde hoy la primera provincia del país en la que se discute una ley de ciudadanía para transexuales, cuando ingrese a la Legislatura un proyecto impulsado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). La propuesta apunta a establecer una pensión mensual no contributiva para las personas de este colectivo, mayores de 35 años, en tanto población que en su gran mayoría está excluida del trabajo formal, de los sistemas de salud y previsional. Asimismo, la organización que expresa los derechos de la diversidad sexual presentará una moción para integrar todas las acciones estatales en un programa tendiente a la inclusión laboral y social de la población trans. La iniciativa atañe a unas 400 personas con esta identidad que habitan en la provincia.
El presidente de la Falgbt, Esteban Paulón, señaló a Rosario/12 que la iniciativa sería «una política de reparación» para un sector de la población del cual el Estado «recién atendió hace dos años, a partir de la promulgación de la Ley de Identidad de Género». Antes de ello, las personas trans quedaban confinadas desde que asumían su identidad a una «muerte civil» que aún hoy las margina del mundo laboral, del acceso a la salud y a la educación.
«Hay en el país unas 6.000 personas que hicieron el cambio de identidad gracias a la ley; de estas, entre 380 y 400 residen en Santa Fe. El 85 por ciento son mujeres trans. La mayoría debe ejercer la prostitución como medio de vida, entonces se exponen a distintos factores como la violencia de género, el consumo de sustancias, el VIH, los trastornos que acarrea la construcción de su identidad, como los tratamientos no saludables en la aplicación de hormonas, por ejemplo», enumeró.
Esta conjunción hace que hoy la expectativa de vida en este colectivo no supere los 45 años de edad. «Por lo tanto -explicó Paulón- no tienen chances si para acceder a una jubilación deben cumplir 60 años, con 30 años de aporte. Si ni siquiera están en el circuito de trabajo formal. Por eso, hay que promover un piso de atención social que garantice un mínimo de subsistencia».
«Las personas trans que han alcanzado 40 años pueden ser consideradas verdaderas sobrevivientes; aunque esa edad las ha encontrado excluidas de todo ingreso, beneficio social, previsional o jubilatorio, toda vez que las hostiles condiciones sociales y culturales en que se han desarrollado las han empujado a llevar su vida fuera del sistema socioeconómico formal y empleo registrado», dice el proyecto.
Desde la Falgbt elaboraron este proyecto que hoy ingresará a Legislatura la diputada Alicia Gutiérrez (SI-Frente Progresista), con la firma de todos los bloques políticos, y el consenso del Ejecutivo. Consiste en modificar la ley n 5110 que establece el marco de pensiones que otorga el Estado provincial y asignar a sus beneficiarios «el equivalente a dos veces el haber mínimo de pensión». Significaría una suma similar a la jubilación mínima, alrededor de 3.000 pesos mensuales.
El proyecto impone como requisitos para acceder al beneficio que la persona haya tramitado el reconocimiento de su identidad de acuerdo a la Ley Nacional 26.743, «no poseer sueldos, rentas o bienes susceptibles de producirlas directamente», y «acreditar en forma fehaciente el estado de necesidad».
La iniciativa establece que la pensión no será embargable y caducará con la muerte o renuncia del titular, o sea, será intransferible.
Confrontado ante la posible resistencia a incorporar más beneficiarios al sistema de pensiones, Paulón señaló que «se trata de un número ínfimo de personas, unos 100 beneficiarios en la provincia, algo que el Estado está en condiciones de absorber y por una situación que como tal debe atender. Además, en tanto haya una solución eficaz de inserción socio laboral para esta población, que pueda desarrollar su proyecto de vida, no habrá necesidad de establecer estas pensiones como última solución».
Desde que en marzo de 2012 Alejandra Ironici fue la primera transexual en obtener su DNI en Santa Fe, cobraron legitimidad en la agenda pública los derechos de este colectivo, pero en la práctica aún no. Por eso la Falgbt promoverá hoy en Legislatura la iniciativa de crear un programa de gestión estatal-civil que aglutine «todas las acciones dispersas en favor del empleo, la salud, la educación y el desarrollo social que ya se implementan en forma fragmentada».
