La acusación anunció que se está preparando para iniciar el debate público en la fecha prevista, lo que dejaría fuera del banquillo a «Monchi Cantero»
«El Estado está en condiciones de empezar el juicio el 21 de junio». Con esa definición tajante la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren fijó ayer la postura de la acusación de cara al proceso oral y público a la banda de Los Monos, previsto para dentro de dos semanas. La fecha de inicio quedó controvertida tras la presentación de una batería de recursos por parte de las defensas de los principales acusados, que buscan retrasar el debate y ganar tiempo para que Ramón «Monchi Cantero» Machuca, procesado como jefe tres años más tarde que el resto, se pueda sentar en el banquillo junto con el resto de los acusados.
En ese marco Iribarren pidió que se multe a los abogados por presentar escritos «maliciosos» y dilatorios, mientras esos planteos aún esperan respuesta y el día del lanzamiento se acerca.
«La fiscalía trabaja para comenzar el juicio en la fecha prevista», dijo Iribarren, tras el compás de espera que abrieron los recientes recursos de la defensa. Entre otros planteos los abogados presentaron sucesivas recusaciones de magistrados, la última el lunes pasado contra el camarista Daniel Acosta por sospecha de parcialidad. El juez aún debe definir si la acepta o no. Si la rechaza, como todo hace prever, deberá integrarse otro tribunal con tres jueces de segunda instancia para dirimir la cuestión.
Preparativos
La mayoría de los abogados de los más de 20 imputados en la causa pretende retrasar el juicio, que será oral y público porque así lo pidieron los acusados de detentar un rol de mando en la asociación ilícita. La fiscalía del viejo sistema penal, en cambio, se apresta arrancar en dos semanas. Para eso acaba de destinar un equipo de cinco fiscales abocados exclusivamente a la preparación del juicio y reasignó a otras fiscalías las restantes causas a su cargo.
El fiscal que tramita la causa principal 912/13 por asociación ilícita es Gonzalo Fernández Bussi, a quien esta semana se sumaron sus pares Alejandra Rodríguez, Verónica Balari, Román Moscetta y Luis Schiappa Pietra. Este último ya fue transferido al nuevo sistema penal pero conserva a su cargo la causa por el crimen del bolichero Diego Demarre, que se ventilará en el mismo juicio a la banda, ya que en ese expediente están implicados el procesado como jefe de la banda Ariel Máximo «Guille» Cantero y otros dos acusados de integrar la organización.
La asignación de más personal al equipo de la acusación tiene que ver con las particularidades de este juicio. Con 23 acusados y más de 350 testigos será de una magnitud inusitada en la Justicia provincial, de tradición escrita y que recién en 2014 incorporó la oralidad a su sistema de juzgamiento penal. Se prevé una duración mayor a dos meses en jornadas extensas por la tarde, de lunes a jueves. «Será un juicio largo y todos deben estar preparados», dijo Iribarren —de jerarquía superior a los fiscales de grado— quien también mencionó «la cantidad de imputados, de abogados y de prueba que va a pasar por el juicio».
En ese sentido, de los más de 350 testigos previstos la fiscalía podría desistir de algunos cerca del inicio. Pese a esa complejidad, según Iribarren, «el Estado está en condiciones de iniciar el juicio».
Planos de postergación
Los principales actores judiciales pretenden no postergarlo para no estirar aún más el plazo de prisión preventiva, ya vencido, de quienes siguen presos. Otros once civiles y policías acusados de ser el núcleo duro de la banda ya pactaron condenas que rondan los tres años en un juicio abreviado en 2015.
Pero los defensores quieren que el juicio se postergue por varios motivos. En el plano formal plantean que aún deben llegar pruebas recientemente admitidas sobre el papel del juez instructor Juan Carlos Vienna, a quien le atribuyen haber sido parcial. Por caso, citan que acaba de incorporarse la causa por narcotráfico contra Ariel Spadoni —un expediente de 55 cuerpos que se están fotocopiando— pero aún no fue remitido el expediente por la «narcochacra» de Alvear, causa que terminó con los implicados absueltos.
Pero en otro plano, lo que está en juego es si pueden o no sumar a Monchi para que sea juzgado con el resto de los acusados. Es que Machuca estuvo tres años prófugo y recién el mes pasado se confirmó su procesamiento como presunto jefe de Los Monos y por ordenar cuatro homicidios: el de Lourdes Cantero, de 15 años, baleada en el ataque a un búnker en mayo de 2013, y la masacre de la familia César, en Francia y Acevedo, ese mismo mes. Por su rol en la asociación ilícita el fiscal Fernández Bussi remitió el lunes la requisitoria de elevación a juicio. Lo mismo hizo respecto del imputado Mariano Salomón, procesado como integrante.
Artillería
Así, desde que hace dos semanas se definió en audiencia la fecha de inicio, la defensa de Monchi presentó una catarata de recursos. Primero recusaron por supuesto prejuzgamiento al juez de Sentencia Ismael Manfrin, quien presidirá el juicio junto a María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga. El planteo fue rechazado por el propio Manfrin y luego por su superior Daniel Acosta. Luego volvieron a recusar a Manfrin por otro motivo: ordenar el debate pese a que no estarían listas las pruebas y hay recursos de inconstitucionalidad pendientes en la Corte Suprema provincial.
El juez volvió a oponerse y otra vez fue designado Acosta para definir el pleito. Entonces los abogados recusaron directamente al camarista porque ya había opinado antes. A la vez pidieron que se declare nula su designación dado que ese juez ya había revisado cuestiones de fondo y de prueba en la causa Monos. Todo está pendiente de respuesta.
En total son siete los incidentes que ahora cuestiona Iribarren, quien presentó un escrito para que se los considere «maliciosos» y se sancione con multas económicas a los abogados. La sanción está prevista en el código de procedimientos penales. El artículo 79 prevé que si la recusación de un juez con mero ánimo dilatorio es rechazada se aplique a los profesionales hasta 15 días de multa, suma que debe ser solventada en forma solidaria por los letrados y sus clientes.
