Por el contrario, realizó una presentación ante el Juzgado Federal número 2 el día 19 de diciembre de 2019 con el objeto de hacer cesar el estado antijurídico advertido como consecuencia del delito de contaminación ambiental, sugiriendo la clausura preventiva del canal principal del predio, sin efectar los derechos de terceros ajenos a la investigación.
A tales efectos el Juzgado (el día 19/2/20) solicitó un informe técnico al Jefe del Departamento de Delitos Ambientales PFA, cuyo resultado despejó la cantidad de empresas que volcaron efluentes líquidos al río Coronda, por encima de los valores tolerados por la norma.
Por último y una vez recibido dicho informe, el día 9 de diciembre pasado, entre otros puntos, la Fiscalía pidió la resolución del planteo formulado, y ante el supuesto de acceder al mismo, propuso que la autoridad de aplicación proporcione las condiciones y mecanismos operativos, reiterando que la diligencia no debía comprometer los derechos de terceros ajenos al proceso, es decir, que la medida tendría que recaer exclusivamente sobre cada una de las nueve empresas que arrojaron líquidos contaminantes.
Captura del escrito de la Fiscalía.
