Perotti, actual gobernador por Santa Fe, figura en una lista de archivos de la agencia, al igual que empresarios y periodistas.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex Side), Cristina Caamaño, le confirmó ayer al diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri (Frente de Todos, FdT) que se nombre figura en una lista de archivos hallados en un disco extraíble de una computadora que era parte de esa repartición oficial. La información sensible habría sido recolectada ilegalmente de correos electrónicos personales de un centenar de dirigentes políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. La funcionaria confirmó que hoy realizará la denuncia penal por espionaje y violación de correspondencia, en un contexto donde todo indica no existe una orden judicial con semejante indicación de escuchar a un centenar de personas.
La mayoría de los espiados fueron legisladores nacionales de la entonces oposición. Y, en especial, colaboradores vinculados al Instituto Patria, que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por lo demás, según trascendió, fue ilegalmente intervenida información personal de dirigentes de la propia fuerza política en el poder hasta el 10 de diciembre pasado (Laura Alonso y Emilio Monzó, entre otros).
«No nos sorprende que el gobierno de Macri, con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (ambos ex funcionarios de la AFI), haya espiado a dirigentes políticos. En todo caso, cuando se procese la prueba se terminará de confirmar que fue una práctica permanente de la gestión anterior», explicó a La Capital Cleri.
Con todo, el legislador agregó: «Que no nos sorprenda no significa que lo tengamos que normalizar». También adelantó que se presentará como querellante en la causa.»Yo sería uno de los tantos damnificados», argumentó.
Respecto de sobre quién cree que estaba en el vértice superior del entramado de inteligencia que espió a dirigentes políticos, Cleri dijo: «Macri les daba la orden. Macri condujo un sistema ilegal de escuchas, de persecución política, especialmente contra Cristina».
En tanto, hoy se volverá a reunir la comisión bicameral de Trámite Legislativo (trata los DNU presidenciales), que preside Cleri y donde se analizará —entre otros temas— el decreto Nº 256/2015, del 24 de diciembre de ese año, por el cual se transfirieron al Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones de la Procuración General a la Corte Suprema de la Nación.
«No era legal, y ahora se demuestra que teníamos razón», expresó Cleri. El DNU será anulado y «sería la primera vez en la historia que, en un período presidencial, se deroga un DNU del período anterior», abundó el rosarino.
Por su parte, el diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, explicó a este diario que, luego de presentada la denuncia por Caamaño, analizarán (se reunirán mañana de modo presencial) su contenido y actuarán en consecuencia.
«De confirmarse lo que adelantó Caamaño, se ratificará la impunidad del gobierno anterior, que pensó que se quedaba por muchos años y que con protección mediática nunca sería descubierto», dijo Moreau.
Según el diputado, «actuaron como un grupo mafioso, mezclaron tareas propias de inteligencia con persecución política, armaron grupos de espionaje y terminaron dejando lo dedos marcados en muchos lugares».
Para Moreau, se observa hoy algo similar al legado de los servicios de inteligencia de la dictadura militar en los tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín. «Macri, de quien dependía la AFI, uso la inteligencia para la persecución política, incluso de sus propios aliados», añadió.
«A partir de 2015, el Estado nacional fue cooptado por una mafia. Con esa metodología les había ido muy bien: inventaron el asesinato de (Alberto) Nisman, que Cristina se había robado un PBI y, con eso, ganaron las elecciones. Luego armaron la mesa judicial para perseguir opositores y otra mafia en el Banco Central (BCRA) facilitó la fuga de 86 mil millones de dólares», repasó.
El diputado, de origen en la UCR y que integra el FdT, reconoció que el manejo de los servicios de inteligencia representa una deuda de la democracia, a la que hizo referencia el propio Alberto Fernández el 1º de marzo pasado en el Congreso.
Moreau afirmó, sin embargo, que «Cristina, en el último año de su gestión, dictó una nueva ley de inteligencia, sacó a la luz los gastos reservados (que Macri luego los devolvió a esa condición), traspasó la oficina de escuchas a la Procuración y, todo eso, le costó un enorme ataque político».
«Ahora estamos avanzando, incluso con sectores de la oposición que acompañan, en la convicción de que ningún organismo del Estado puede estar en manos de una mafia de esa naturaleza», concluyó.
