La diputada provincial Lucila De Ponti dijo que es «muy difícil pensar en un proceso objetivo cuando uno de los miembros es Pullaro»
Tras el pedido de juicio político al ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, el peronismo prepara su contragolpe: desde la bancada del PJ en la Cámara de Diputados de Santa Fe aseguran que en la comisión encargada de motorizar el proceso “no están dadas las condiciones de objetividad e imparcialidad” por la presencia del ex ministro Maximiliano Pullaro.
El próximo jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara baja dará ingreso formal al pedido presentado por la diputada nacional Lucila Lehmann (Coalición Cívica-Juntos por el Cambio) y el diputado provincial electo Sebastián Julierac Pinasco. El detonante fue la viralización de un audio en el que Sain califica de “negros pueblerinos”, entre otros insultos, a los policías santafesinos.
La comisión de Juicio Político está dominada por el Frente Progresista. Cinco de sus nueve integrantes pertenecen a la alianza entre socialistas y radicales: el presidente del cuerpo, Joaquín Blanco, y Pablo Farías, Clara García, Maximiliano Pullaro y Marlén Espíndola. La lista se completa con los peronistas Matilde Bruera y Oscar Cachi Martínez, Julián Galdeano (radical en JxC) y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia).
Bruera evitó las declaraciones sobre el caso Sain. “Todavía no conocemos el contenido de lo que se ha presentado y no quiero anticipar una opinión —dijo a La Capital la ex defensora en la Cámara de Casación Penal—. Además, porque si se abre el juicio hay planteos que corresponde hacer dentro de la comisión”.
En la misma línea, Martinez dijo a este diario: “A pesar de que es un juicio político, siempre deben cumplirse con todas las garantías del proceso. En función de eso, no puedo adelantar opinión”.
De todos modos, el dirigente del Frente Renovador destacó que las partes tienen dos instrumentos para garantizar un proceso justo: la recusación y la excusación.
Sin embargo, para la diputada Lucila De Ponti, también integrante del bloque del PJ, “es muy difícil pensar que se pueda llevar adelante un proceso que respete los criterios de objetividad e imparcialidad cuando uno de los miembros de la comisión es el ex ministro Pullaro, cuando han aparecido audios que hablan de su relación con (el ex jefe de Drogas Peligrosas Alejandro) Druetta, recientemente condenado por narcotráfico”.
Además, De Ponti consideró que la acusación contra Sain no tiene sustento. “Aunque se puedan hacer críticas a la gestión del ministro, la figura de mal desempeño de funcionario público es una figura muy vaga”, indicó.
Desde el bloque de senadores leales al gobernador Omar Perotti le suman piezas al rompecabezas de la operación política: sostienen que el origen del audio de Sain no es un mensaje de WhatsApp que se reenvió sino producto de una pinchadura telefónica ilegal.
Lo cierto es que los números en la Legislatura son adversos para el oficialismo y para el ministro. La mayoría en la comisión de Juicio Político reproduce el predominio en la Cámara, donde el FPCyS tiene 28 de las 50 bancas: de sumar el apoyo de algunos bloques, como Juntos por el Cambio y las bancadas celeste, se podría reunir el piso de dos tercios de miembros totales del cuerpo para enviar la acusación al Senado.
En la Cámara alta la aritmética también es desfavorable para la Casa Gris: el radicalismo tiene siete senadores y el peronismo liderado por Armando Traferri —destinatario habitual de la artillería de Sain— seis.
De todos modos, el rumor que recorre la Legislatura es que la intención de la jugada del juicio político es forzar un mea culpa de Sain, o directamente su salida del gabinete de Perotti, sin tener que llegar a esa instancia.
