El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Roberto Prieu Mántaras, encabezó este jueves el sorteo de jueces que deberán destrabar el expediente de la causa inundación. Los magistrados seleccionados fueron Juan Manuel Oliva y Hugo Degiovanni de la ciudad de Rafaela, y Mario Enrique Balestieri de Vera, en ese orden.
Una vez notificados, y si ninguno de ellos pide excusarse, Oliva, Degiovanni y Balestieri deberán analizar si las excusaciones que plantearon los seis camaristas locales son válidas y recién entonces, podrán avanzar hacia la solución de los conflictos de fondo que tiene la investigación penal al exintendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez y los dos exfuncionarios (exministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el exdirector provincial de Hidráulica Ricardo Fratti), por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
El orden en el que salieron sorteados será el mismo en el que recibirán el expediente para redactar su voto, primero llegará a manos de Oliva, luego a su par de Rafaela y finalmente viajará a Vera, donde los analizará Balestieri. Entre las cuestiones que deberán resolver, hay uno que podría ser letal para la investigación: el planteo de prescripción que presentó el abogado defensor Pablo Guastavino en representación del exmandatario local entre 1999-2003.
Ese planteo pone en duda la vigencia del poder persecutorio del Estado y si la acción penal está extinguida. En este sentido, la defensa del exintendente Marcelo Álvarez, considera que el instituto de la prescripción se ajusta al caso de su cliente porque marcan como último acto de defensa, que interrumpe la prescripción, la requisitoria de elevación a juicio de junio de 2008. De esta manera, contabilizan cinco años, que es la pena máxima que podría llegar a recibir Álvarez –en caso de ser condenado– por el delito de estrago culposo.
Mientras tanto, desde las agrupaciones sociales que nuclean a las víctimas de la inundación 2003, ya adelantaron que el próximo martes, volverá a instalarse en la Plaza 25 de Mayo la mítica carpa negra por la Dignidad y la Justicia, que por primera vez fue levantada el 29 de julio del 2003 y que desde entonces se convirtió en un símbolo del reclamo de justicia
