El procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, ordenó iniciar un sumario administrativo al fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe, Martín Suárez Faisal por un supuesto delito de «maltrato físico, psicológico o verbal en el ejercicio de sus funciones» con personal dependiente.
En la Resolución N° 183/21 de fecha 29 de junio último, a la que estuvo acceso La Opinión, el jefe de los fiscales federales señala en los considernados que «la doctora Natalia Palacín, quien se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, con el patrocinio de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), solicitó su traslado a otra dependencia fundado en que desde hacía muchos años padecía situaciones de hostigamiento laboral, personal y sexual, y destrato de parte del doctor Martín Ignacio Suárez Faisal, titular dela dependencia. Explicó que tal situación había impactado negativamente en su vida laboral, personal y familiar». «En el mismo sentido, la secretaria de Protección Individual de la UEJN presentó un escrito que acompañó lo expuesto en esa oportunidad y, debido a ‘reiterados casos de maltrato ya denunciado’, expresó la necesidad de que se iniciase una investigación al respecto».
Casal indicó que «inmediatamente se dispuso la asignación de Palacín a otra dependencia; a su vez, se le tomó declaración testimonial y durante el acto ratificó su escrito inicial y relató los hechos denunciados». Entre otros detalles, aseguró que «se encontraba sufriendo una serie padecimientos que habían comenzado hacía muchos años y que se producían diariamente ‘por estar expuesta a la mirada obscena del fiscal Suárez Faisal’, a sus comentarios constantes sobre su vestimenta, sobre el tamaño de sus pechos cuando estaba embarazada, apreciaciones sobre su pareja actual y otras anteriores, a opiniones sobre su vida privada, a referencias despectivas sobre determinado tipo de mujeres entre las que se sintió aludida por un gesto posterior del fiscal».
En la Resolución hay más detalles que expuso Palacín sobre la conducta de Suárez Faisal y e incluso se deja manifiesto que la secretaria «decidió solicitarle -a su superior- un traslado a la fiscalía Federal de Rafaela a cargo del doctor Jorge Onel, quien estaba de acuerdo en recibirla». Asimismo, la funcionaria judicial denunciante sostuvo que «había fundado su pedido en la necesidad de un cambio tras dieciséis años de trabajar en esa dependencia, pero que Suárez Faisal -había sido el fiscal del caso de evasión tributaria del empresario Bernabé Mautino, quien fue sobreseído- se había sorprendido mucho, incluso levantado la voz y no dado una respuesta, y que los días siguientes habían sido muy difíciles en cuanto a la convivencia. De acuerdo con lo narrado, una semana después, le expuso las verdaderas razones por las que pedía su traslado y le dijo que se sentía agraviada por sus comentarios machistas, que eso era muy violento para ella y para su familia».
Palacín planteó que «otras dos agentes, Noralí Barbona y Fiorella Troti, habían sido víctimas de situaciones similares de parte del doctor Suárez Faisal y que habían dejado de trabajar con el fiscal por ese motivo». Más adelante, expresa que «ante el personal de la Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos, Barbona acusó al doctor Suárez Faisal, entre otras cosas, de haberla discriminado porque era soltera y, en razón de eso, de obligarla a vestirse de una determinada manera, a llevar el pelo atado y a no hablar con los agentes policiales que custodiaban la dependencia» a la vez que «refirió que el fiscal se entrometía en su vida personal, al punto de mirar su recibo de sueldo y cuestionarle que se encontraba pagando un préstamo».
En este contexto, Suárez Faisal tuvo la posibilidad de presentar su defensa y brindar explicaciones. «En su escrito, el fiscal se mostró sorprendido por las manifestaciones de Palacín, a quien, sostuvo, que por su capacidad había promovido a los cargos de secretaria y auxiliar fiscal, y ubicado como líder del grupo, y a quien había hecho intervenir en la elección del personal de la fiscalía general y de la unidad fiscal de derechos humanos». Y negó «todas las acusaciones de Palacín y con el fin de desacreditar sus dichos», e igual actitud tuvo ante la denuncia de Barbona.
«Para concluir, el fiscal pidió medidas de prueba y que oportunamente se iniciaran sumarios a Natalia Palacín y Norali Barbona por haber incurrido en falsedades», señaló.
Casal solicitó, según consta en la Resolución del martes, opinión al Consejo Evaluador, cuyos integrantes «refirieron que, si bien las mujeres que declararon en las actuaciones tienen cargos completamente diferentes, sus relatos guardan similitudes. Destacaron que ambas se habían referido a hechos que habrían consistido en “maltrato, abuso de poder, algunas formas de violencia de género y la tipología del mobbing laboral, consistente en denigraciones y ataques a la estima”.
«En función de ello, ese órgano consideró de manera unánime que correspondía iniciar un sumario administrativo y remarcó que el objeto de la investigación no debía ceñirse a los hechos que surgían de las declaraciones testimoniales incorporadas en las actuaciones, sino que debía ser ‘de la suficiente amplitud como para establecer no sólo la existencia de hechos concretos, sino también de un patrón común de comportamiento, en caso de que los hechos que lo constituyan resulten comprobados’.
La investigación, que incluirá a «todo el personal que haya pertenecido a la fiscalía y a la unidad dirigidas por el fiscal», estará a cargo de la doctora Gabriela Ruiz Morales, titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7, quien dispondrá de un plazo de 60 días para la sustanciación de las actuaciones y la producción del informe final.
