La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó a la del detenido «empresario» Lázaro Báez para intentar correr a la diputada Margarita Stolbizer de la causa Hotesur. La legisladora participa de la causa como «amiga del tribunal» pero Báez objetó esa decisión del juez Julián Ercolini, por lo que apeló a la Camara Federal para lograr sacarla del caso.
El planteo originalmente formulado por los ex abogados de Báez, Rafael Sal Lari y Daniel Rubinovich, se encuentra a estudio de la sala I de la Cámara Federal, integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, como jueces titulares, y con Leopoldo Bruglia como tercer juez subrogante desde la semana pasada. La defensa de Báez actualmente es ejercida por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
El defensor de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi, se sumó a los abogados de Báez y sostuvo que Stolbizer busca fines políticos y pretende «difamar» a Fernández de Kirchner, según dijeron a Clarín fuentes judiciales. La participación de Stolbizer en la causa fue respaldada por el fiscal Gerardo Pollicita y la querellante Oficina Anticorrupción (OA).
Justamente ese es el argumento técnico de la defensa de Báez al que adhirió la ex presidenta: la disparidad de fuerzas entre ella y la cantidad de acusadores, que suma a la Unidad de Información Financiera (UIF) también como querellante. Además, Beraldi recordó que Policita recibió para esta causa el refuerzo de su colega Ignacio Mahiques, convertido en fiscal el año pasado a instancias precisamente de Cristina Fernández.
Sin embargo, Ercolini convalidó dos meses atrás la intervención de Stolbizer porque su «compromiso cívico en la lucha contra la corrupción» es «un instrumento más» para el «esclarecimiento» de los hechos investigados y que ello «no afecta la paridad de armas» entre acusados y acusadores.
Ercolini no había aceptado a Stolbizer como querellante aunque sí aceptó dejarla participar de la causa bajo la figura de «amicus curiae», esto es «amiga del tribunal». En ese rol puede tener acceso a la causa, aportar prueba y pedir medidas pero no puede recurrir las decisiones del juez instructor ni pedir procesamientos y mucho menos penas.
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El magistrado investiga en esta causa si Kirchner y Báez cometieron delito al alquilar las empresas de este último habitaciones de los hoteles de la ex familia presidencial en el Sur. Es más, la Justicia sospecha que los alquileres fueron ficticios y ocultaron una maniobra de lavado de dinero a modo de reintegro de la obra pública concedida durante el kirchnerismo a las firmas de Báez.
Stolbizer interviene en la causa a través de la abogada Silvina Martínez, la misma que habia sido desplazada por el kirchnerismo de la Inspección General de Justicia (IGJ) luego del escándalo del entonces vicepresidente Amado Boudou y la empresa Ciccone. También actúa en las causas radicadas en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y relacionadas con la llamada «ruta del dinero K».
