Macri faltó a su cita a declaración indagatoria por el espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. También quiso apartar al juez federal Martín Bava, quien rechazó la recusación y volvió a convocarlo, esta vez para el jueves 28. Las querellas pidieron que el expresidente sea detenido. La defensa de Macri busca llevar la causa a los tribunales de Comodoro Py.
Mauricio Macri había anunciado que seguiría presentándose ante la Justicia todas las veces que hiciera falta. Sin embargo, perdió la primera oportunidad que tenía para demostrarlo: el expresidente faltó a la cita que tenía ayer con el juez federal Martín Bava, quien quiere indagarlo por haber ordenado y posibilitado el espionaje que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se realizó sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Macri no solamente pegó el faltazo por segunda vez al Juzgado Federal de Dolores, sino que también intentó –por ahora sin éxito– apartar al juez y llevar la causa hacia los tribunales de Comodoro Py, un territorio en el que el exmandatario se siente más a gusto. La estrategia evasiva del expresidente generó una ola de repudios que incluyó también a algunos referentes de Juntos por el Cambio que se ven en la obligación de responder porque el principal referente del espacio –definido como republicano– no acude a convocatorias de la Justicia. El ministro de Justicia, Martín Soria, comparó la situación con las ocho indagatorias que debió afrontar en un día Cristina Fernández de Kirchner: “Así y todo, nadie nunca eludió una citación judicial”, sostuvo. Desde las querellas de familiares pidieron al juez Bava que lo declare en rebeldía y ordene su detención, pero el juez volvió a citarlo para el jueves 28 y su abogado defensor dijo que irá.
Macri había anticipado el martes parte de la estrategia que sus abogados, Pablo Lanusse y Jimena Pisoni, desplegaron ayer en los tribunales de Comodoro Py: recusar al juez, pedir la suspensión de la indagatoria, plantear que él no puede ser investigado en Dolores y contribuir con el asedio al primer magistrado que lo llamó a indagatoria desde que dejó el poder.
“Se encuentran rotas en cabeza del Señor Juez recusado las condiciones esenciales que distinguen al juez imparcial frente al caso concreto: el equilibrio, la templanza, la ecuanimidad, la limitación jurisdiccional y la distancia anímica de no involucramiento personal, lo que se proyecta en perjuicio de mi ahijado procesal”, escribió Lanusse en la presentación con la cual busca correr al juez Bava.
El principal argumento de la defensa de Macri para decir que el juez no es imparcial y prejuzga es que, en la resolución en la que dictó nueve procesamientos por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, Bava habló de la sistematicidad de las tareas ilegales realizadas desde la AFI y citó como ejemplo otras causas que en distintas jurisdicciones investigan estos hechos. “Se arroga la jurisdicción y competencia de otros magistrados y el conocimiento de otras investigaciones que no le son propias, para dar por cierto que ocurrieron hechos de espionaje ilegal en distintas jurisdicciones y que todo ello respondió a un mismo plan”, protestó Lanusse, que dice que, para Bava, los hechos por los cuales quiere indagar a Macri ya están probados y sólo quiere sancionarlo. “De tal manera, desconoce el derecho de defensa, nos expone a un juicio meramente simbólico donde nos coloca como convidados de piedra y figura decorativa, cual época inquisitiva, y así aniquila su condición de garante del proceso y su imparcialidad”, añadió.
A las pocas horas, Bava rechazó la recusación y respondió que solo le estaba explicando a Macri cuáles eran los hechos que se le imputaban en una resolución en la que dictaba nueve procesamientos –entre otros, los de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, las cabezas de la AFI macrista–. “Del escrito presentado por la defensa del Doctor Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto, más allá del desacuerdo de la parte con la citación formulada”, escribió el juez. “Nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”, agregó.
En base a esa recusación ya rechazada, Lanusse pidió a Bava que suspenda la indagatoria hasta que quede resuelto si debe apartarse del caso o no. En realidad, la defensa de Macri pretende llevar el tema rápidamente a la Cámara Federal de Mar del Plata y seguir escalando con tal de sacarse de encima al juez de Azul que subroga en Dolores desde que Alejo Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata. Pese al cambio de nombres, desde el macrismo etiquetan a Dolores como un “juzgado anti-PRO” y ven a Ramos Padilla detrás de todos sus males.
Comodoro Py, tierra prometida
En uno de los escritos presentados, Lanusse explicitó que, más allá de buscar correr al juez y de ganar tiempo, la verdadera apuesta de Macri pasa por llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py. El defensor del expresidente le recordó a Bava que ya está planteada la inhibitoria para sacar la causa de los tribunales de Dolores. En el macrismo sostienen que si algo fue supuestamente ordenado desde la AFI debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py porque la exSIDE tiene su sede central en Ciudad de Buenos Aires. Ese argumento sirvió en el pasado para arrebatarle la investigación al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.
En ese sentido, Arribas se presentó el año pasado en los tribunales de Retiro para pedir que sea allí donde se investigue el llamado «Proyecto AMBA», cuando la exSIDE desperdigó bases por provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político, para investigarla en Retiro. El juez Ariel Lijo entendió que la investigación debía seguir en manos de su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, el 30 de diciembre último, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun –que está excusado en la mayoría de las causas de espionaje– le ordenó a Lijo pedir la causa a Dolores.
La investigación del “Proyecto AMBA” es la que dio pie a que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, hallara documentación que demostraba que los espías habían vigilado a los familiares de los submarinistas y presentara una denuncia ante la Justicia Federal de Mar del Plata, donde se realizaron las tareas de inteligencia ilegal. Si bien la causa tramitó inicialmente en esa jurisdicción, fue la propia Cámara Federal de Mar del Plata la que decidió enviarla a Dolores, por lo que hay dos tribunales de apelaciones con criterios distintos y, en todo caso, será la Cámara Federal de Casación Penal la que deba zanjar la disputa.
Pedido de detención
“Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia”, dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas después de que Macri anunciara que no pensaba ir a Dolores.
El expresidente fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado mientras se encontraba de paseo por Miami Beach, presentando su libro Primer Tiempo. La policía intentó sin éxito notificarlo hasta que finalmente el 6 de octubre pudieron avisarle a su secretario privado, Darío Nieto, y a Juliana Awada. Ese mismo día, Patricia Bullrich, en calidad de presidenta del PRO, envió un mail al juzgado para decir que Macri estaba de viaje y que se presentaría a su regreso. “La líder del PRO fue mendaz pues el reo no cumplió la promesa de ‘la enviada’”, sostuvo Carreras.
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. El expresidente recién designó abogados el 14 de octubre y apenas un día antes Lanusse fue a Dolores a revisar el expediente.
La otra querella, representada por Luis Tagliapietra, reiteró el pedido para que el juez declare a Macri en rebeldía y ordene su captura nacional e internacional.
