El juez Jorge Patrizi rechazó el pedido de los defensores del ex ministro de Seguridad. A su vez, la Cámara Federal confirmó el rechazo de la presentación del diputado Roberto Mirabella en el mismo sentido
La Justicia provincial rechazó el pedido de los abogados del ex ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain, y demás funcionarios imputados en la causa de espionaje ilegal, para que el trámite se derive al fuero Federal. A su vez, la Cámara Federal confirmó una resolución de mayo que rechazó un pedido del diputado nacional Roberto Mirabella para que se revisara la declaración de incompetencia material del Juzgado Federal Nº 1 para intervenir en la causa, consigna el diario La Capital.
Los abogados Hernán Martínez, representante de Marcelo Sain, y Juan Lewis, apoderado de Nadia Schujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Milagros Bernard, habían solicitado el 7 de diciembre que la causa por espionaje ilegal sea derivada a la Justicia Federal por una cuestión de competencia. El argumento consistía en que los delitos de los que están acusados los imputados son de naturaleza federal en el marco de la ley 25.520.
Este martes el juez provincial Jorge René Patrizi resolvió rechazar el pedido de declaración de incompetencia a la Justicia provincial. «La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la intervención de la Justicia de excepción está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación», argumentó el magistrado.
En ese sentido, agregó: «Conforme el relato de los hechos atribuidos a los imputados, los mismo refieren fundamentalmente a la conformación de una asociación integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial y del Organismo de Investigaciones dependiente del MPA, que realizaban tareas de inteligencia criminal respecto de determinadas personas, sin contar con autorización correspondiente, consultando diversas bases de datos con los que contaban por razón de su función, lo cual quedó circunscripto al ámbito provincial, no surgiendo de las imputaciones que se haya requerido para ello los servicios de algunos de los organismos de inteligencia nacional».
A su vez la Cámara Federal de Rosario rechazó el pedido del diputado provincial Roberto Mirabella de que se revisara una resolución de mayo en la que el Juzgado Federal Nº 1 declaró la incompetencia material para intervenir en la causa y ordenó la remisión de las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Mirabella, en su apelación, indicó que la resolución carecía de fundamentos y omitía realizar un análisis crítico y razonado.
En esta ocasión la resolución de la Cámara que rechaza el pedido expresa: «Siendo que aún no ha finalizado la evaluación de la prueba colectada y que, por ende, tampoco se ha precisado en función de ella el objeto de atribución de responsabilidad penal, en tanto no ha podido concretarse la imputación formal a quienes se encuentran sospechados, de la cual surgirá la determinación de las conductas y su encuadre jurídico, entiendo que no es posible la declaración de incompetencia pretendida por el solicitante por resultar prematura, correspondiendo en virtud de ello confirmar la decisión adoptada por el juez a quo».
A fines de noviembre los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grinberg imputaron a Sain y a otros siete funcionarios por desplegar tareas de inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas. La semana pasada el juez Martín Torres rechazó imponer prisión preventiva al exministro como pedían fiscales y querellas, pero le prohibió salir del país, le retuvo el pasaporte y lo inhabilitó para tener o portar armas de fuego.
