Un plan elaborado por intensivistas e internistas establece los criterios para decidir si se ingresa a un paciente o no en caso de falta de camas de Cuidados Intensivos. Se valorará el ingreso de personas con «expectativas de vida de menos de dos años»
Ante situaciones de crisis como la que vive España con la enfermedad Covid-19 y en un contexto de recursos limitados, las personas con más posibilidades de sobrevivir deben tener prioridad para ser ingresadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). «Admitir un ingreso puede implicar denegar otro a otra persona que puede beneficiarse más, de forma que hay que evitar el criterio primero en llegar, primero en ingresar».
Así reza literalmente el documento de recomendaciones UCI y Covid-19 que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y cuyo contenido han consensuado con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). En suma, las sociedades médicas que representan a internistas e intensivistas, dos de los especialistas que están en primera línea de combate en la lucha contra la infección.
La limitación de recursos en una situación de pandemia como la actual obliga, según intensivistas e internistas, a «consensuar una serie de criterios técnicos y éticos comunes», y el primero que plantean es que el ingreso en UCI se base en «maximizar el beneficio común. Ante pacientes críticos con patologías críticas diferentes de la infección por Covid-19, se debe valorar ingresar prioritariamente al que más se beneficie».
Eso implica literalmente «no ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo (como situaciones de fracaso multiorgánico, riesgo de muerte calculado por escalas de gravedad elevado o condiciones de fragilidad avanzada…)» y, además, «valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativa de vida inferior a dos años», y para ello plantean usar herramientas como la conocida en el ámbito médico Necpal. Ante dos pacientes similares, «se debe priorizar a la persona con más años de vida ajustados a la calidad», con arreglo a indicadores (AVAC o QALY) que, según los redactores del documento, aúnan cantidad y calidad de vida. En definitiva, ante dos enfermos con un cuadro similar, hay que dar prioridad al que ofrezca una mayor esperanza de vida con calidad.
LA EDAD DEL ENFERMO NO ES UN CRITERIO
El documento de recomendaciones al que ha tenido acceso este diario matiza, no obstante, que la edad del enfermo «en ningún caso debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación», e insta a valorar al paciente «de forma global, y no la enfermedad de forma aislada». Aun así, añade que en el caso de personas mayores un factor a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de su ingreso es la «supervivencia libre de discapacidad, por encima de la supervivencia aislada». Es decir, no sólo que sobreviva, sino en qué condiciones.
Más allá de criterios estrictamente terapéuticos, abogan por valorar otros factores para decidir un ingreso, como «las personas que están a cargo del paciente, para tomar decisiones maximizando el beneficio del mayor número de personas», o incluso tener en cuenta algo tan etéreo como «el valor social de la persona».
Para valorar al enfermo de «forma global», Semicyuc y la SEMI plantean usar el sistema de clasificación de 4 prioridades, clásico en las UCI: pacientes críticos e inestables que necesitan monitorización y tratamiento intensivo (prioridad 1), pacientes que precisan monitorización e intervención inmediata (2), pacientes con pocas posibilidades de recuperarse por su enfermedad de base o por la aguda (3) y pacientes con beneficio mínimo o improbable (4). En casos de crisis como la actual, «se tenderá a no ingresar en las UCI a los pacientes 3 y 4».
TENDRÁN EN CUENTA EL «VALOR SOCIAL DE LA PERSONA»
Desde un planteamiento más ético también se propone no ingresar a aquellos enfermos que hayan expresado mediante un documento de voluntades anticipadas su rechazo a «medidas invasivas», y sugieren agruparles en áreas específicas dentro de las UCI.
Pero el sistema sanitario no puede dejar desprotegidos a los pacientes que no sean prioritarios, sino que debe «ofrecer alternativas asistenciales de calidad que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y de sus familias». Y hablando de familiares, las sociedades y comités de bioética firmantes abogan por comunicarles a estos, y a los propios pacientes, «la extraordinariedad de la situación y la justificación de las medidas propuestas».
Organizativamente, las sociedades firmantes plantean a las autoridades sanitarias el diseño de un plan de contingencia de emergencia «que planifique la distribución de pacientes entre áreas geográficas» y la creación de un comité de expertos territorial, asesorado por profesionales y comités de bioética, para el diseño de los criterios técnico-éticos que exige la crisis actual, unos criterios que, además, «se deben ir modificando en función de la situación».
