En la jurisdicción judicial con competencia en la capital santafesina hay dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito de policías que casi no se movieron. En Rafaela existe otro que, ni siquiera, registra medidas por parte del juez o del fiscal. El antecedente del caso “Avalo”, el comisario que fue sobreseído por el paso del tiempo.
La observación en el sistema de consultas de causas del poder judicial es contundente. La causa 01031/2012 ingresada al juzgado de instrucción penal Nro 2 de Rafaela el 21 de agosto del mismo año contiene un dato curioso: el expediente iniciado por la Delegación Centro Norte de la Dirección de Asuntos Internos no registra ni un solo movimiento, más que su ingreso al sistema. Ahí quedó, fijo y freezado como una foto, sin que el juez pida medidas ni el fiscal impulse la acción. La investigación de Asuntos Internos sobre el comisario retirado Nelson Vivas no tuvo ni un solo atisbo de ser reflotada en la sede judicial. Las 1393 fojas del expediente descansan en un cajón.
El 19 de junio de 2012 la Dirección de Asuntos Internos intimó al comisario retirado Nelson Aldo Vivas a que justifique en un plazo de 30 días hábiles cómo fue posible que con su sueldo de policía y su mujer ama de casa y sin registro de actividad en Afip, tuviesen cuatro propiedades, dos en Rafaela y dos en Colonia Aldao. En la capital, un chalet imponente a la vista de los vecinos en Los Álamos 2939 (valuada por una arquitecta en 250 mil dólares y otra casa en Aaron Castellanos 397. En la localidad de Colonia Aldao poseía dos registros: uno en salta 214 y otro en Mariano Moreno 280.
Vivas tiene a su nombre una Toyota Hilux 4×4, doble cabina, SRV 3.0 comprada el 6 de junio de 2002; una camioneta Ford Eco Sport 2.0 L, 4×2, XLT, rural, 5 puertas, comprada el 7 de abril de 2005, en tanto su cónyuge, Mónica Patricia Gangui, posee un VW Crossfox 1.6, comprado el 16 de mayo de 2007; un Citroën XSara Picasso 5 puertas comprado el 17 de abril de 2008, una camioneta Chery Tiggo 2.0, adquirida el 11 de mayo de 2009; un Peugeot 207 Compact, adquirido el 20 de junio del año pasado y un Renault Fluence, comprado el 29 de marzo de2012.La disposición de Asuntos Internos que obligaba a Vivas fue cumplimentada pero el descargo del comisario retirado no satisfizo a los hombres dirigidos entonces por Néstor Zapata.
En el Sistema de Consultas penales unificadas surge también que Vivas tuvo cuatro causas abiertas por distintos delitos cometidos, aunque todas terminaron archivadas, todas ellas tramitadas en Rafaela. La primera data del año 1998, en donde figura como imputado del delito de coacciones agravadas (expdte 00180),la segunda de 2001, imputado por el delito de omisión de los deberes de funcionario público (expdte 00510), la tercera en 2003, cuando estuvo imputado de “abuso de autoridad y violación de domicilio particular” (expdte 00874), la cuarta en 2004, imputado por “apremios ilegales, vejaciones y falsificación material de documentos” (expdte 00896).
Lola, nadie se hace cargo
En julio de 2012, la Dirección provincial de Asuntos Internos emplazó al Comisario General Luis Alberto Lola, que se había retirado de la fuerza luego de ocupar el cargo de Subjefe de la Unidad Regional XVIII, departamento San Martín. La disposición de Asuntos Internos había sido la conclusión de un trabajo de investigación iniciado en 2005, luego de la denuncia presentada por un particular el 28 de junio de ese año.
La dirección que se encarga de investigar posibles irregularidades dentro de la policía le dio intervención al Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación de Santa Fe y en octubre de 2007 ordenó una instrucción sumaria con el fin de investigar un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado.
La dependencia pidió informes al Banco Central para que provea de información sobre la situación financiera del investigado pero no encontró en este organismo nacional respuesta en tiempo y forma. Los investigadores observaron falta de procedimientos judiciales o administrativos para la apertura de la declaración jurada que se encuentra en la Escribanía de Gobierno. “Es por ello que resultó más dificultosa la posibilidad de encontrar elementos de prueba por los canales naturales”, señalaron los pesquisas entonces.
El Director de Asuntos Internos de la provincia, Comisario Néstor Zapata, expresó en su disposición que, tras el meticuloso análisis de la información obtenida, “surge imperiosa la necesidad de conocer la forma en que el ex comisario Luis Alberto Lola adquirió los bienes”.
Se aclara también que se pudo corroborar que algunos de ellos – por los bienes- no se encuentran registrados a su nombre, pero sí se probó que se vale de los mismos para realizar tareas comerciales y que dicha actividad no fue manifestada en sus declaraciones juradas.
De acuerdo al análisis de los bienes del ex jefe policial, se pudo acreditar que posee un departamento en Catamarca 2097 de la ciudad de Casilda y dos terrenos baldíos en la localidad de Gaboto, en el departamento San Gerónimo.
Lola poseía al momento del requerimiento de justificación de bienes un Fiat Concord SAIC Multicarga 125, dos camionetas Chevrolet de las cuales una es del tipo Pick Up, motor 2.8. Tiene un acoplado del tipo semirremolque volcador marca PRATI (que estaba registrado a nombre de su cónyuge Liliana Alonso), un camión regador marca Ford F 700 Diesel, un camión volcador marca Dodge DP 8-00, un camión regador marca Ford F 14000, un semirremolque tanque regador marca Montenegro A-25R-CH, un camión volcador marca Ford 600 modelo 1976. Posee además una pistola Beretta calibre 9mm y una carabina marca Marlin calibre 22.
La causa de Lola tuvo varios vaivenes. En el registros de consultas del Poder Judicial (actualizado al 23 de junio de este año) figura un auto de archivo por no configurar delito que data del 4 de diciembre de 2007.Sin embargo la causa se revitalizó en 2012 cuando el juzgado de instrucción de la 4 Nominación recibe 4 cuerpos de a Dirección de Asuntos Internos, pero en diciembre de ese año el juez de turno dijo que había operado la prescripción de la acción penal pero el fiscal lo mantuvo vivo pidiendo una medida menor: el registro de reincidencia de Lola. La causa volvió a la Fiscalía el 17 de julio pasado. El ping pong judicial derivó en que la jueza de instrucción del viejo sistema penal, Susana Luna, deba resolver la situación procesal de Lola.
Otro caso sin movimiento
Otro expediente que no ha tenido movimiento en mucho tiempo y que está referido al posible crecimiento patrimonial injustificado es el que lo tiene como imputado al comisario retirado Ricardo Muller, quien fue investigado durante un lapso de tres años por la Dirección de Asuntos Internos, que luego de no encontrar respestas satisfactorias en la respuesta y justificación de Muller elevó las actuaciones a la justicia el 15 de mayo del año pasado. La causa fue notificada al Fiscal el 29 de mayo, que tres días más tarde devolvió el expediente al juzgado. Entonces, la causa estuvo en manos de Jorge Patrizi, quien hoy se desempeña en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, por lo que la pesquisa quedó en mano de un subrogante, el juez De la Torre. De los tres casos de posibles enriquecimientos ilícitos, el de Muller es el menos escandaloso. El comisario cumplía funciones en la Secretaría General de la Unidad Regional de la departamanetal Las Colonias al momento que fue notificado por Asuntos Internos, el 27 de febrero de 2013.
El expediente que representó el puntapié inicial dentro de la Dirección fue el 704, del 2008, abierto tras la denuncia de un particular. Pero recién el 20 de abril de 2009 se impulsó la denominada “sumaria información” en sede administrativa.
Un párrafo del informe de Asuntos Internos señala que “en base a la documental remitida por parte de los distintos organismos públicos y privados, la cual fuera analizada oportunamente, se pudo apreciar que el comisario Ricardo Muller y su grupo familiar han registrado en su patrimonio bienes que, a criterio de esta instancia, no guardarían relación por los ingresos percibidos por Muller y su esposa, que no percibe ingreso porque es ama de casa”.
De la documentación remitida a la Dirección se pudo establecer que Muller aparece como propietario de un Chevrolet Astra, modelo 2002; un Fiat 147, modelo 1992; un Ford Ka del año 2004, registrado a nombre de su esposa. Su mujer también tiene –según la pesquisa de Asuntos Internos- un WV Bora, modelo 2006. Su hijo, Andrés Fabián, adquirió el 28 de enero de 2008 un Chevrolet Vectra, turbo diesel, modelo 2000. Comparte el auto con otra mujer, en mitades iguales. El 17 de diciembre del 2008 compró (junto con la misma mujer que adquirió el Vectra y con una participación del 50% cada uno) un Bora TDI, año 2001. Según el dossier, que la semana pasada fue girada a la Justicia, Muller es propietario de 3 motitos y sus hijos, Andrés y Natalia, aportan un ciclomotor más cada uno de ellos. En total son cinco.
En la Disposición 005 de la Dirección de Asuntos Internos se puede leer que “ Ricardo Muller tendría el 50% en el bar denominado MEDIA CUADRA, sito en calle Sarmiento 2059 de la ciudad de Esperanza, de acuerdo a lo manifestado en su declaración jurada del 2003”. Conforme a lo informado por el Registro Público de Comercio de Rafaela se determina que su hija, Natalia, tiene una sociedad “CENTRO CAFÉ BAR S.A”, legajo 1268, con domicilio en calle Urquiza 82, en Rafaela. La firma fue inscripta el 3 de diciembre de 2007. Aquella vez invirtió $ 6.000 para la sociedad conformada por 200 acciones a $ 100 cada una, de las cuales la hija del comisario adquirió 60. Un hijo del comisario, Andrés Fabián, participa en una SRL , constituida el 3 de octubre de 2007, en la ciudad de Esperanza, en la que hizo aporte por 30.000 para conformarla. La firma se llama SML y se dedica a la compra al por mayor en comisión de cereales, oleaginosas, semillas y fertilizantes. La SRL tiene 4 socios, uno de ellos es la hija del comisario retirado en 2009, Sergio Trod, también alcanzado por esta investigación. Finalmente, Asuntos Internos informa que, de acuerdo al Servicio de Obras Públicas de esperanza, Ricardo Muller tiene dos inmuebles. La causa no tuvo diligencias de importancia desde que llegó al poder judicial en mayo del año pasado. El Fiscal que debería impulsarla en Juan Pablo López Rosas, de acuerdo a lo informado por fuentes de la Corte Suprema de Justicia.
El Patón Avalo y un archivo penoso
Uno de los casos más lamentables de impunidad sobre policías sospechados de haberse enrriquecidos l representó el archivo de la causa que debía investigar el patrimonio del comisario retirado Raúl “Patón” Avalo, ex jefe de la regional Las Colonias. La causa llegó al juzgado del entonces magistrado José García Porta que hizo poco y nada para ir a fondo. Por hallarse extinguida la acción penal el expediente fue archivado el 6 de agosto de 2012.
Avalo fue denunciado en marzo del 2005 por Miguel Zalazar, entonces dirigente de Apropol, quien en su escrito original acusaba a Avalo por enriquecimiento ilícito, “ya que posee cuatro vehículos, y al menos, siete propiedades en la ciudad de Esperanza, muchas de las cuales las alquila”. Al magistrado le acercaron una grabación en audio de una de las hijas de Avalo que ofrecía en alquiler una vivienda que, en los registros de la propiedad, no figuraban a nombre del ex comisario. La investigación preliminar tuvo 14 cuerpos.
“El Patón” integraba la Plana Mayor de la policía santafesina al momento de ser denunciado, en marzo de 2005, cuando el hombre fuerte de la fuerza era Jorge Pallavidini. En ese entonces, las denuncias de Zalazar también alcanzaron a otros hombres de la familia azul, referidas a enriquecimiento ilícito, encubrimiento, defraudación, evasión impositiva y malversación de caudales públicos. En el listado de policías involucrados aparecían el entonces jefe de la plana mayor policial, Raúl Horacio Avalo; el jefe de la unidad regional Nº XII (Dpto. Las Colonias), Oscar Silva; el jefe de la Brigada de Investigaciones de Esperanza, Ricardo Muller; el ex jefe de policía de la provincia, Arturo Ignacio Cruz; los ex jefes de la Unidad Regional XVIII (Dpto. San Martín), comisarios generales Raúl Avalo, Julio Pallavidini y Oscar Moresco.
La presentación judicial que dio inicio a la investigación daba cuenta de una aceitada red de ilícitos y estafas que permitía a los involucrados hacerse de bienes y ponerlos a nombre de testaferros. También sugería investigar la situación patrimonial de los ex jefes policiales hace diez años y cotejarlas con los bienes muebles e inmuebles que poseían tras el paso por la función pública. Pero la justicia de Santa Fe, por pereza, por negligencia o por maniobras menos visibles terminó cerrando el expediente.
Autor: Héctor Galiano
