La Casa Gris ratificó ante Lorenzini la necesidad de que el directorio de la agroexportadora en default dé un paso al costado y ceda las acciones
La Justicia Civil y Comercial de Reconquista resolverá en una semana sobre el pedido de intervención y remoción del directorio de Vicentin realizado por la Casa Gris en junio pasado, que ayer fue ratificado con vehemencia frente al magistrado Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora en default, en el marco de una audiencia de alegatos virtual.
A la reunión semipresencial (vía Zoom), que duró menos de una hora, también acudieron representantes del grupo y de la sindicatura concursal. De ahora en más, Lorenzini comenzará a sacar las conclusiones que darán cuerpo a su resolución.
En ese marco, las partes alegaron sobre las pruebas presentadas por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) provincial, a cargo de María Victoria Stratta, y el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, que reforzaron el pedido de intervención, desplazamiento del directorio y cesión de las acciones de Vicentin.
En el juzgado, en tanto, estuvieron presentes Guido Ferullo (abogado de Vicentin) y el síndico Diego Telesco, quienes renovaron el rechazo a la propuesta de la provincia por considerar que la administración de la cerealera en crisis debe correr por cuenta de los que conocen el entramado de negocios que la sustentan.
“Ratificamos el pedido de intervención del directorio y su remoción. Todas las pruebas reunidas son más que suficientes para admitir el planteo, entendiendo que la actual conducción de la empresa provocó esta situación (el default) y que su gestión no fue lo suficientemente apta, según define la ley de sociedades. Sólo resta que el magistrado resuelva”, señaló a La Capital Somaglia.
En ese sentido, Lorenzini estaría en condiciones de emitir una resolución el lunes próximo. Falta que la sindicatura repase documentación nueva aportada por la provincia acerca de las irregularidades endilgadas al directorio de Vicentin, basada en la denuncia de acreedores externos (bancos) materializada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Al igual que lo manifestado días atrás por diputados provinciales que integran la comisión especial que viene analizando la crisis en Vicentin, tras reunirse también con Lorenzini, en los pasillos de Gobernación no descartaron recibir un guiño judicial dada la contundencia de la prueba presentada.
La movida del Ejecutivo provincial se sustenta en artículos de las leyes de concursos y quiebras y de sociedades comerciales que, técnicamente, le abren la puerta al Estado para ejercer algunas funciones en la agroexportadora, aunque sin un esquema de salvataje.
“Existió un vaciamiento corporativo de la compañía, lo que derivó en la cesación de pagos a acreedores bancarios y comerciales”, resaltó la provincia al defender su posición.
A fines de julio, el plan de rescate de Vicentin que había diseñado la gestión de Omar Perotti, a través de un fideicomiso mixto, colisionó con la negativa de los integrantes del directorio de ceder las acciones y apartarse de la administración de la cerealera, las dos condiciones que habían la Nación y la provincia. Fue en el marco de la segunda audiencia de conciliación convocada por Lorenzini.
De inmediato, Somaglia advirtió que, desechada la opción del fondo fiduciario, Santa Fe reactivaba el pedido de intervención de la compañía planteado por la IGPJ.
En el escrito aportado durante la audiencia virtual, la Casa Gris insistió en que “el tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda, en junio, demostró que no se progresó y que se continúa haciendo la plancha”.
Acerca de las razones que justifican la remoción del directorio, el texto destacó que “están debidamente acreditadas, tanto por lo que surge de esas actuaciones cuanto de las constancias del expediente del concurso, que demuestran un obrar que dista de los imperativos legales de lealtad y diligencia y un indudable compromiso del interés público”.
Durante los últimos días, el magistrado había designado veedores —que deben remitir todavía un informe— y autorizado una auditoría forense. En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) reclamó ante la Justicia la nulidad de la venta del frigorífico Friar por parte de Vicentin.
Paralelamente, fue presentado un pedido de recusación de Lorenzini por parte de uno de los acreedores, que lo señaló por parcialidad manifiesta con los directivos del grupo que defaulteó por u$s 1.400 millones.
La Capital
