A instancias del pedido del diputado Busatto, el dictamen de la comisión de Acuerdos ya tiene mayoría y se tratará el 18 de mayo.
El jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto le pidió ayer a la Legislatura que destituya a la fiscal Cristina Ferraro y la inhabilite por diez años para ocupar cualquier otro cargo en el Poder Judicial. Lo propuso ante la comisión de Acuerdos como acusador de la funcionaria, en un dictamen que ya tiene mayoría porque seis de sus colegas comprometieron su firma: los senadores del PJ Alcides Calvo y Rubén Pirola y los diputados opositores Julián Galdeano (UCR), Nicolás Mayoraz, Clara García y Lionella Cattalini (PS), presidenta de la comisión. La incógnita es qué harán los tres radicales que responden al precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro (los diputados Juan Cruz Cándido y Fabián Bastía y el senador Lisandro Enrico). Busatto propuso que se le aplique a Ferraro el precedente del ex fiscal Mauro Blanco, quien fue destituido en abril de 2021 cuando estaba procesado y con pedido de juicio oral por delitos dolosos. El 24 de noviembre, la Legislatura suspendió a la fiscal por cinco meses y desde entonces la Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” y el fiscal federal Walter Rodríguez le pidió el juicio oral en una causa que investiga el destino de un millón de dólares y más de tres millones de pesos de una agencia de turismo que operaba como cueva financiera, horas después del homicidio de su dueño, Hugo Oldani, en febrero de 2020. La sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados para tratar el asunto está prevista para el jueves 18 de mayo.
En un dictamen muy fundado –que cita la acusación del fiscal federal Rodríguez en el pedido de juicio oral-, Busatto dijo que Ferraro debe ser destituida por la “probable comisión de delito doloso”, inhabilitada por diez años para ocupar cualquier otro cargo en el Poder Judicial. Y notificar la sanción a la jefa del Ministerio Público de la Acusación María Cecilia Vranicich, al auditor general del MPA Leandro Mai y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Entre otras cosas, Busatto explicó que después del 24 de noviembre, cuando la Legislatura suspendió a Ferraro por cinco meses –hasta el 24 de abril-, se sucedieron tres hechos:
*16 de marzo. La Cámara Federal de Rosario (Sala B) confirmó el procesamiento de Ferraro por presunto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, en una sentencia de la jueza Elida Vidal y su colega José Guillermo Toledo. El Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe ordenó entonces un embargo sobre sus bienes por 500.000 pesos.
*4 de abril. La misma Sala B de la Cámara Federal de Rosario ratificó el procesamiento de Ferraro al rechazar un recurso de casación que planteó su defensa.
*2 de mayo. El fiscal federal Walter Rodríguez pidió el juicio oral de Ferraro y otros imputados en la causa. La acusación revela un “plan orquestado” para ocultar 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos que estaban en la agencia Oldani. “Ferraro no sólo restó importancia a las pilas de dinero en efectivo halladas en el lugar del crimen”, sino que pese a su condición de funcionaria pública “hizo todo lo posible” para actuar –sin éxito- en lo que su acusador llamó “ignorancia deliberada” o “ceguera simulada” ante los hechos.
El proceso penal –ahora en la etapa de juicio- “constituye sustento suficiente” para que la comisión de Acuerdos impulse la “destitución” de Ferraro, dijo Busatto. “La gravedad de los comportamientos delictuales atribuidos en la acusación y el carácter concluyente de las pruebas que sustentan la responsabilidad penal de Ferraro, tornan inviable su continuidad” en el Ministerio Público. Su “absoluta falta de idoneidad técnica y moral es incompatible” con la tarea que le encomendó el Estado provincial y “lesiona y desprestigia” al MPA.
Busatto pidió a la Legislatura que le aplique a Ferraro el precedente del ex fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, quien fue destituido en abril de 2021 cuando estaba procesado y con pedido de juicio oral. Hay una “analogía” entre uno y otro caso, por lo tanto el legislador solicitó a la comisión de Acuerdos que adopte con Ferraro “el mismo temperamento” que ya aplicó en el proceso disciplinario a Blanco.
“El procesamiento y la elevación a juicio de un fiscal por la posible comisión de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones no sólo es absolutamente inconciliable con el ejercicio de su cargo, sino que ocasiona un daño institucional severísimo al servicio de justicia en general y al MPA en particular”, que es el organismo que debe “resguardar los intereses generales de la sociedad”, agregó.
“En consecuencia, considerando la gravedad de los hechos atribuidos (a Ferraro) se entiende justo y proporcional” remover de su cargo a la “acusada” e inhabilitarla para “acceder a otro cargo en el MPA por un plazo de diez años”, concluyó Busatto.
