El expresidente Juan Orlando Hernández regresó a su país ocho meses después de que el mandatario de EE.UU. lo perdonara para convertirlo en su alfil en la región.
Cuatro años después de que el gobierno de Estados Unidos extraditara al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para juzgarlo y condenarlo a 45 años de prisión por conspirar e importar quinientas toneladas de cocaína, el exmandatario volvió al país el pasado domingo. Donald Trump fue clave: lo indultó a finales de noviembre, en vísperas de las últimas elecciones que hubo en el país, donde la derecha regresó al poder en medio de denuncias de fraude e injerencia extranjera.
El retorno fue también posible debido a que la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidiera suspender temporalmente la orden de captura y la alerta internacional que pesaba en su contra por un caso de corrupción llamado Pandora II, consecuencia de que Hernández pidiera comparecer de forma voluntaria ante la justicia. La audiencia de declaración de imputado quedó programada para el lunes 3 de agosto.
El hermano
El que no gozó del privilegio y sigue en Estados Unidos detenido y condenado a cadena perpetua más treinta años -la misma pena que recibió el mexicano Joaquín “El Chapo Guzmán”- es Tony Hernández, exdiputado y hermano del exmandatario, quien, según la justicia norteamericana, era el enlace y el recaudador de fondos ilícitos para la campaña presidencial de Juan Orlando.
El expresidente y expresidiario hondureño había manifestado en medios internacionales que su objetivo era volver al país para defenderse de un proceso que él consideraba viciado, además de reencontrarse con su familia, pero que no tenía intenciones de regresar a la vida política. Aunque la recepción que le dieron miles de simpatizantes y el discurso que pronunció sobre un megascenario montado para la ocasión demuestran que sigue siendo una figura con poder en su partido, si es que no mayor que el flamante presidente Nasry Asfura.
Hondurasgate
Según la filtración de audios conocida como Hondurasgate y difundida por el medio Canal Red a finales de abril, Hernández habría sido liberado por Trump gracias a la presión del lobby sionista en Estados Unidos, con el objetivo de articular una red continental -financiada en parte por el presidente argentino Javier Milei con 350 mil dólares- para desprestigiar a través de fake news a los gobiernos progresistas de la región, principalmente en Colombia, México y Brasil.
El propio presidente saliente colombiano Gustavo Petro —aún en funciones, entrega el mandato el 7 de agosto— denunció la injerencia extranjera en el proceso electoral, además de la circulación de un audio falso atribuido a un supuesto comandante de las FARC que daba la instrucción de apoyar al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien terminó perdiendo en la segunda vuelta por menos de un uno por ciento contra Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, inmediatamente felicitado por el norteamericano Donald Trump.
Más turbias aún fueron las elecciones hondureñas celebradas el 30 de noviembre pasado, en las que el partido Libre —comandado por la primera mujer presidenta en la historia del país, Iris Xiomara Castro— buscaba continuar su proyecto socialista y democrático, después de haberse fundado en las calles como consecuencia de las protestas surgidas posterior al golpe de Estado sufrido por Manuel Zelaya Rosales en 2009, el primero del continente en este siglo XXI.
Más allá de las denuncias realizadas antes de los comicios por Marlon Ochoa, el representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el mismo día de las elecciones se detuvo el escrutinio cuando el candidato de centro derecha Salvador Nasralla obtenía una leve ventaja sobre Asfura, el contendiente del Partido Nacional, por el cual había gobernado previamente Juan Orlando Hernández.
Cuando recién tres días más tarde se actualizaron los datos, la curva había cambiado, dando por ganador al candidato de derecha por menos de un uno por ciento. Como no existe segunda vuelta en Honduras, y a pesar de los múltiples reclamos de diversos sectores para contar voto a voto, el CNE desestimó todas las actas impugnadas y las denuncias de irregularidades, declarando ganador a Asfura el 24 de diciembre en la tarde, en plena víspera navideña y después de más de tres semanas de incertidumbre política y social.
Una vez conformado el nuevo Congreso —solo existe la Cámara de Diputados y se renueva por completo en simultáneo a las elecciones ejecutivas—, una de las primeras medidas que tomó el órgano fue destituir de manera express mediante un juicio político al entonces fiscal general Johel Zelaya, quien había recibido las denuncias en el Ministerio Público en contra de integrantes del CNE por el supuesto fraude electoral.
Sabiendo que Hernández podría regresar a Honduras luego del indulto de Trump, el fiscal también había emitido una orden de captura en su contra, bajo cargos de corrupción y desvío de fondos públicos para financiar actividades políticas entre 2010 y 2013, mientras él era presidente del Congreso y candidato a su primera presidencia. Consumado el juicio político, el camino para el regreso del capo narco estaba allanado.
Juan Orlando Hernández llegó en una avioneta privada desde Estados Unidos, no como un inmigrante deportado por ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano, sino como un héroe que regresa para limpiar su imagen de la difamación comunista. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, que sigue siendo utilizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur, en la que es la instalación con mayor presencia de militares extranjeros en toda Centroamérica.
Según los audios filtrados por Hondurasgate, parte del acuerdo para lograr el indulto incluiría la creación de nuevas bases militares en la región, además de promover marcos jurídicos para la llegada de empresas de inteligencia artificial y de tecnología de vigilancia asociadas a la seguridad israelí.
También incorporaría la reactivación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), regímenes territoriales que cuentan con autonomía judicial independiente del Poder Judicial de Honduras, autonomía fiscal para recaudar sus propios impuestos y autonomía en seguridad, con la potestad de crear sus propias fuerzas represoras.
Comunidades garífunas de la isla caribeña de Roatán denunciaron que, aprovechando los cambios de aires en el país, la empresa Próspera se había anexado más de 730 mil metros cuadrados de forma ilegal al predio que ya tenían, haciéndolos poseedores del cuatro por ciento del total de la isla. Además, señalaron que los planes de expansión también incluyen la construcción de un centro de inteligencia artificial en el puerto de Satuyé, La Ceiba, ya en tierra firme.
Los pueblos originarios del Caribe han sido los primeros en movilizarse en contra de la usurpación de su territorio ancestral, pero la respuesta del Estado ha sido represión, persecución y detenciones masivas, demostrando que Honduras está regresando a su época más oscura, cuando era el país más violento del mundo y del cual empezaron a salir las caravanas migrantes, todo mientras gobernaba el indultado y recién retornado expresidente Juan Orlando Hernández
Página 12
