El Ministerio Público Fiscal emitió hoy una instrucción en la que se ordena a los fiscales de toda la provincia los pasos a seguir en caso de recibir pedidos de la Comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación de fiscales y defensores que la Cámara de Senadores creó en la última sesión.
La orden a los fiscales es que de recibir algún requerimiento sobre legajos en investigación la remitan de inmediato al fiscal regional para que éste lo rechace en forma fundada con los argumentos que el MPA expondrá públicamente entre hoy y mañana.
-La consideran así porque la ley 13013 establece que en Santa Fe la persecución penal está a cargo del Ministerio Público de la Acusación, por lo tanto la comisión creada con facultades para intervenir con información de legajos de investigación son ilegales. En el Código Procesal Penal las investigaciones son reservadas para terceros que no son parte.
-La potestad sancionadora sobre los fiscales la tienen la auditora general (en el caso de las faltas menores) y la comisión de acuerdos y la Legislatura en pleno (faltas graves). Esto último está bajo discusión: el MPA discute la constitucionalidad de esa reforma de 2017 (ley 13807) por la cual la Legislatura decidió quitarle a la auditora general y reservarse para sí misma las sanciones disciplinarias que se consideren graves. Ese planteo está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de la provincia.
-Siguiendo con la línea de inconstitucionalidad de la ley 13807, la flamante comisión senatorial, según el MPA, es inconstitucional porque significa una intromisión del Poder Legislativo en actividades judiciales.
Según pudo saber Rosario/12, la junta de fiscales también incorpora en la comunicación acordada una advertencia al accionar de la comisión y los senadores que la integran (la presiden Michlig (UCR) y Traferri (PJ NES): por los motivos arriba expuestos estarían incurriendo en un delito, entre ellos el de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La comisión de seguimiento de fiscales y defensores fue creada el jueves pasado con el voto de los senadores del bloque NES (PJ) y de la UCR. Entre otras funciones, se asigna la posibilidad de conocer el estado de causas penales, requerir o recibir testimoniales, y denunciar penalmente o ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura si se advirtieran infracciones o delitos por parte de miembros del Poder Judicial.
Rápidamente aparecieron las reacciones. En primer lugar de los fiscales. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Gisela Paolicelli, calificó como «una obscenidad» la decisión de crear esa comisión. Le siguieron los 4 senadores del bloque Lealtad y los colegios de magistrados de la provincia, que también ven con preocupación que legisladores intenten avanzar sobre la independencia del Poder Judicial.
La creación de esta nueva comisión se da en el marco de la disputa entre fiscales y la mayoría del Senado por la negativa de los legisladores de permitir que se pueda imputar al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, en la causa que investiga una red de juego clandestino en Santa Fe.
La comunicación al juez Leiva
Otra polémica de la última sesión del Senado provincial fue sobre la facultad otorgada a la presidenta del senado, Alejandra Rodenas, para hacerle conocer al juez Leiva los alcances de una resolución en la que se le informa que «no puede avanzar en el proceso» contra Traferri; y que la medida de sostener los fueros del senador por San Lorenzo se basa en la potestad que confiere la Constitución provincial, en actuaciones que «fueron consentidas por los señores fiscales cuando solicitaron que el Senado se pronuncie». Rodenas también pedirá ser tenida en cuenta en el trámite del proceso, que no es lo mismo que ser parte del proceso.
Esa resolución surgió a partir de que el juez Leiva –que tiene a su cargo el pedido de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para que declare inconstitucional el artículo 51 de la Constitución provincial que confiere los fueros que impidieron imputar al senador Armando Traferri en la investigación por juego clandestino– corrió traslado al senador Traferri. La resolución le está diciendo al juez que debe tener como parte del proceso al Senado provincial (y por lo tanto correrle traslados), ya que la decisión de no revocar los fueros es una decisión institucional de la Cámara.
