El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, sostuvo que el magistrado que interviene en el concurso de acreedores «no tuvo en cuenta ninguna de las 35 pruebas que exhibían que la gestión empresaria no era satisfactoria».
El gobierno provincial señaló que el fallo del juez Fabián Lorenzini, que ratifica al directorio de Vicentin al frente de la empresa, pone en peligro un posible salvataje de la compañía. El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, sostuvo que la resolución «es negativa”· desde el punto de vista político y económico «y no satisface los intereses de la empresa».
«El disgusto o sabor amargo que nos provoca esta resolución judicial es porque el juez en ningún momento tuvo en cuenta una de las más de 35 pruebas que hemos aportado para exhibir que la gestión empresaria no es satisfactoria», expresó Somaglia.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario provincial remarcó: “En términos de salvataje empresario, implica que esta discusión llevará más de 60 días, lo cual para el mundo de los negocios esto algo impráctico, lleno de obstáculos y se pierde toda confianza para todo tercero que haya tenido la intención de participar en esta empresa para salvarla.”
“Este fallo dilata y pone en riesgo cualquier interés en salvar a la empresa. Si existiera algún inversor extranjero o nacional en tomar las riendas de Vicentin y no sabe a ciencia cierta quien es el administrador, lejos se pondrá de la firma para un proceso de salvataje”, agregó el funcionario.
Somaglia remarcó que “desde el punto de vista político y económico, la decisión del juez Lorenzini es superlativamente impráctica, negativa y no satisface los intereses de la empresa, que el magistrado debe tutelar”.
Al ser consultado sobre la propuesta que hizo el gobierno de Santa Fe ante el juez Lorenzini como alternativa a una expropiación, el secretario de Justicia señaló que el plan de la administración Perotti «es el salvataje de la empresa por medios regulares dentro del proceso de concurso de acreedores, respetando la propiedad privada, no instruir el mecanismo de expropiación, que es un remedio extraordinario y excepcional».
«La Inspección General de Personas Jurídicas, que tiene a su cargo el control de las sociedades anónimas, al supervisar la situación de la empresa advirtió que sus administradores no san tan buenos hombres de negocios como parecería. Y en función que está de por medio el interés público, como social, a merced de esta empresa, solicitó la intervención para buscar una salida que proteja esos intereses», añadió Somaglia.
