La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para que el Estado “adopte las medidas necesarias” para encontrar a Maldonado y alertó sobre “la gravedad y urgencia de la situación”. También le requirió que informe qué se ha hecho hasta ahora.
La CIDH se expidió en el marco un planteo elevado por una ONG que venía denunciando la represión a la comunidad mapuche.
La CIDH se expidió en el marco un planteo elevado por una ONG que venía denunciando la represión a la comunidad mapuche.
Imagen: Joaquín Salguero
El gobierno de Mauricio Macri debe responder ante los organismos internacionales por la desaparición de Santiago Maldonado. Primero fue la ONU y ahora interviene en el caso la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ayer dictó una medida cautelar para que el Estado argentino “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del señor Santiago Maldonado” y que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos”, esto es la desaparición del joven. “Los derechos a la vida y la integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en situación de grave riesgo, en la medida de que se desconoce su paradero hasta la fecha”, señaló la CIDH al ponderar los argumentos y el relato que hizo la ONG solicitante de la cautelar, la respuesta del Gobierno y, además, la “gravedad y urgencia de la situación”, así como el “daño irreparable” que implica la afectación de derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación alguna, tal como consta en la resolución a la que PáginaI12 tuvo acceso exclusivo. La cautelar fue otorgada por el organismo internacional en el marco de un expediente ya abierto desde enero a pedido de la organización Naturaleza de Derechos, tras la represión sufrida entonces por la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen y las constantes acciones persecutorias contra esa comunidad en Chubut.
La medida dictada por la CIDH dice al Estado que debe responder en diez días, contados a partir del 22 de agosto, con informes periódicos sobre las acciones que despliegue para conseguir la aparición con vida de Maldonado, alias El Brujo, de 28 años. “La cautelar implica una obligación para los gobiernos de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) de tomar todas las medidas necesarias respecto de personas desaparecidas, como es el caso de Santiago”, explicó a PáginaI12 el abogado Fernando Cabaleiro, representante de Naturaleza de Derechos.
En su respuesta a la CIDH, el gobierno macrista intentó evadir su responsabilidad con el argumento de que el planteo no sería viable dado que ya estaba interviniendo el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU, e incluso que a nivel interno hay una investigación en curso. La comisión, con la firma de su presidente, Francisco Eguiguren Praeli, recordó el principio de complementariedad en cuanto a que la jurisdicción internacional es “coadyuvante” de las jurisdicciones nacionales.
Cabaleiro precisó que este expediente fue iniciado por Naturaleza de Derechos a partir de la represión del 10 de enero, cuando más de 380 efectivos de la Gendarmería Nacional y de la policía de Chubut fueron desplegados en torno a la comunidad mapuche de Cushamen, invadiendo su territorio y reprimiendo a sus integrantes. Ese operativo dejó heridos y detenidos, varios de los cuales se encuentran procesados, y el resto perseguidos, como el testigo y amigo de Maldonado, Ariel Garzi. “Somos un espacio interactivo que aborda cuestiones socioambientales pero en los últimos años hemos ampliado nuestro accionar a la defensa de los pueblos originarios, sobre todo en Cushamen donde hay gran cantidad de niños y jóvenes que están siendo atacados”, describió Cabaleiro. Así, el 1 de agosto recibieron el comunicado del werke (vocero o mensajero) del Pu Lof sobre los nuevos episodios represivos y la ausencia de Santiago Peloso, tal el apellido materno de Maldonado. Por eso, la ONG elevó el detalle de lo sucedido a la CIDH, que lo sumó al expediente ya abierto y en pocos días el organismo internacional respondió con el dictado de esta medida cautelar. El abogado aclaró que, en la solicitud de medidas, su organización jamás mencionó el término “enfrentamiento” (entre los comuneros y Gendarmería), como dice la resolución, sino que “siempre se habló de represión”. Así se lo hizo saber a la Comisión, al igual que el error en la denominación de la comunidad, a la que llaman Vuelta del Río Pu Lof, cuando es la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Daño irreparable
La solicitud de Naturaleza de Derechos llegó a la CIDH el 7 de agosto; tres días después el organismo requería informes al Gobierno, que envió un “documento confidencial” el día 14. Según la resolución, además de intentar evadir su responsabilidad invocando el pedido de la ONU y la investigación interna, la administración de Macri puso en duda “la veracidad de los hechos”. Y sostuvo que “las medidas institucionales y judiciales adoptadas permiten verificar una rápida y adecuada respuesta estatal” (sic). Sin embargo, la comisión afirmó que “prima facie Santiago Maldonado se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”. Además, el Gobierno debe informar sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos.
Cabaleiro y su equipo describieron que el 1 de agosto la Gendarmería irrumpió en los terrenos de la comunidad mapuche haciendo un uso excesivo de la fuerza. Lo último que se supo de Santiago es que se asustó por los disparos, salió corriendo con otra persona hacia el lado del río, pero cuando llegó no pudo cruzar. “Ante la desesperación porque los gendarmes se acercaban se escondió en unos arbustos, y otra persona pudo observar y escuchar cómo un gendarme gritó ‘acá encontré a uno’, y se acercaron otros uniformados que empezaron a darle golpes”, reza la solicitud. “Fue visto por última vez mientras era golpeado y cargado en una camioneta blanca de Gendarmería, lo llevó esa fuerza y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado”, contó Germán Maldonado, hermano del joven, pocas horas después de los hechos.
La CIDH enumeró que familiares y organizaciones de derechos humanos interpusieron recursos de habeas corpus “sin éxito ante el mismo juez federal que impartió la orden de allanamiento que derivó en la feroz represión de Gendarmería contra los miembros de la comunidad, y que luego interviene en la desaparición de Santiago”. En ese sentido, el abogado Cabaleiro destacó que el juez Guido Otranto viene teniendo una “clara actitud antimapuche”.
La comisión también mencionó la comunicación urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU expresando su grave preocupación por la integridad física y psicológica de Maldonado, y requiriendo la acción urgente del Estado para encontrarlo. Para la CIDH, lejos de superponerse los reclamos, lo que se hace es ratificar aún más la gravedad del caso. También consideró que “los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada que permita identificar prima facie una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a los derechos”.
Así, el requisito de gravedad estaría cumplido por la “participación de funcionarios estatales en los hechos”, en tanto lo ocurrido en la Pu Lof “constituiría una forma de amedrentamiento contra los integrantes de esa comunidad mapuche”.
En síntesis, la CIDH fundamentó su solicitud de medidas cautelares al considerar que los derechos a la vida y la integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en situación de grave riesgo, en la medida de que se desconoce su paradero hasta la fecha, y que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad.
