La Justicia provincial procesó a dos personas por el atentado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti. El ataque a balazos ocurrió el 11 de octubre del año pasado en Darragueira y Gallo, alrededor de las 21.15.
Así, quienes podrían ir a juicio son Emanuel Sandoval y Pablo Espíndola, suboficial de la policía. Al primero de ellos, conocido como Ema Pimpi, se le atribuye la autoría material y «el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño», mientras que al policía Espíndola, ex titular de la comisaría 10ª, se lo acusó por «presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en calidad de autor».
Según la pesquisa, fueron 16 detonaciones las que se escucharon en la vereda de la vivienda particular de Bonfatti, en pleno Alberdi. Las balas impactaron contra el frente del domicilio, incluso en la puerta de ingreso de la vivienda, y desataron una enorme repercusión a nivel nacional.
El resto de los imputados recibió falta de mérito. Se trata de Saúl Sánchez, Germán Ramírez y Manuel Martínez, quienes estuvieron detenidos al comienzo de la investigación. Para muchos fue el peor episodio contra un mandatario tras el regreso de la democracia en 1983.
Si bien apenas ocurrió el suceso las autoridades del gobierno provincial se encargaron de transmitir que el atentado fue el resultado del accionar contra el narcotráfico por parte de la administración Bonfatti, el fallo de la jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas, refiere también a una disputa territorial, «como incluso manifestó la querella», dijeron fuentes tribunalicias.
Más aún, luego del episodio ocurrido hace más de un año, el propio Bonfatti sostuvo que tras el atentado, perdió su «libertad».
Según los testimonios, esa noche fueron cuatro los autores de los disparos con dos pistolas y se movían en dos motocicletas.
A Sandoval se le atribuyó haber integrado el grupo de personas que con las motos y un automóvil de apoyo en las cercanías, efectuaron «múltiples disparos con arma de fuego de guerra calibres 9 y 11.25 milímetros» contra el domicilio del jefe de la Casa Gris. La resolución expresa que impactaron «aproximadamente trece de ellos en el frente y tres traspasando la puerta de ingreso». En rigor, se detectó que las balas dieron contra diferentes partes interiores del hall de acceso y causaron daños en el inmueble.
Además, se indicó que el hecho fue perpetrado en forma anónima y con la finalidad de amedrentar. Y se remarcó que las motos se acercaron «velozmente por Gallo tomando Darragueira en contramano y se retiraron del lugar en forma inmediata».
Según la investigación judicial, los ocupantes de las motocicletas tenían sus cabezas con «gorras o elementos similares». En este sentido, respecto de Sandoval, se puso de manifiesto que fue quien «intervino en la organización previa, facilitando las motocicletas y las armas de fuego utilizadas. Asimismo se le imputa la portación ilegítima de las armas de guerra utilizadas para el hecho, por no tener autorización».
El dictamen de la Justicia determinó también que a Sandoval «debe procesárselo en calidad de planificador, organizador e instigador del hecho».
En este sentido, Rodenas atribuyó el móvil del ataque a un problema en la seccional 10ª. «Los móviles que habrían animado el accionar de los imputados parecerían diluirse en una serie de hechos específicos y territoriales contra quienes, persuadidos de la gravedad de los hechos acontecidos en la zona con el comisario Ronald Cuñé y el inspector de zona Bengoechea, inician una tarea vinculada a la erradicación de los episodios de conflicto, a resultas de la cual se sucede el atentado al gobernador en vano intento de sostener influencias en la zona», se expresó en el dictamen judicial.
Escuchas. Si bien en la causa aparece un serie de escuchas telefónicas entre dos presos, fuentes judiciales dijeron a La Capital que «no tienen entidad» en la investigación. Es que «ninguna de ellas alcanza el grado de verosimilitud que arroje consecuencias positivas en torno a la dilucidación del hecho», se determinó en el escrito.
Las escuchas «aluden a amenazas que habrían sido objeto funcionarios del Poder Ejecutivo provincial o una posible contribución económica a la campaña del gobernador en las últimas elecciones», sostuvo Rodenas.
Pero, según ella, no tienen relación directa con el episodio del año pasado.
