El bloque del diputados nacionales del FpV-PJ presentó ayer un proyecto de ley para declarar la intervención de los tres poderes de Jujuy, a raíz de las «violaciones a los derechos humanos básicos» que afectan a Milagro Sala y otros integrantes de la organización Túpac Amaru en esa provincia.
El jefe de la bancada, Héctor Recalde, explicó que el pedido de intervención, que originalmente sólo abarcaba al Judicial, fue extendido a los otros poderes de esa provincia producto del rechazo que provocó el proyecto de los legisladores oficialistas de Jujuy para someter a una consulta popular el futuro de Sala, lo que a su entender podría derivar en un «linchamiento».
«Los 73 diputados de nuestro bloque firman un proyecto pidiendo la intervención integral de los tres poderes de Jujuy», anunció Recalde, quien estuvo acompañado por una treintena de legisladores de su fuerza política y por integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
El diputado señaló que «parece mentira tener que reivindicar la presunción de inocencia en el siglo XXI» y aseguró que no dejarán «nada por hacer hasta obtener la libertad de la líder de la Túpac Amaru, detenida desde enero pasado.
El proyecto de ley estipula un plazo de intervención de 180 días, prorrogables por el Ejecutivo por un período similar.
También prevé que el interventor federal designado por el Ejecutivo «procederá de inmediato a designar los miembros del Poder Judicial que garanticen la imparcialidad en el juzgamiento de las conductas de los ciudadanos en los procesos penales».
Al evaluar la iniciativa del plebiscito presentada por los legisladores del frente Primero Jujuy, que fue rechazada, incluso, por el gobernador Gerardo Morales, consideró que es «una especie de imitación» de las expresiones del presidente Mauricio Macri, quien había planteado «que la mayoría del pueblo no quiere que Milagro quede en libertad».
«No solamente es una mentira y un desconocimiento de los principios republicanos sino que es una modalidad de conducción del Estado nacional», apuntó Recalde.
Al respecto, agregó: «Cuando se producen estas violaciones a los derechos humanos básicos, tenemos la obligación moral de extender la intervención, no solamente al Poder Judicial sino al Ejecutivo y al Legislativo».
Al poner el foco en la trama de responsabilidades sobre lo que está ocurriendo en la provincia del norte del país, Recalde arremetió directamente contra Morales, de quien enfatizó que la «tiene secuestrada» a Sala.
«El propio gobernador dijo: «No voy a soltar a esa mujer». Cuando alguien dice eso, es porque la tiene secuestrada», sentenció.
A su vez, cargó contra el gobierno de Macri al sostener que es «imperativo» que responda «a todos los requerimientos» de los organismos internacionales que iniciaron una campaña llamando la atención sobre presuntas irregularidades en la detención de la dirigente social.
Por último, el ex abogado de la CGT admitió que no queda margen para que el proyecto pueda ser tratado en lo que queda del año parlamentario: «Sabemos las dificultades de los tiempos legislativos. No está en nuestras manos».
«Parece mentira tener que reivindicar la presunción de inocencia en el siglo XXI»
