– Ministra, le informo que sólo está detenido Martín Lanatta
–No Maxi, están los tres presos.
-Ministra, tengo plena confianza en los hombres de nuestra policía y me informan que sólo hay uno. Y está en Cayastá.
-Los otros dos están en el Paraje Cuatro Bocas.
-No ministra, creo que le han informado mal.
-A ver, esperá que chequeo de nuevo…
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, se fue a un costado del Vip de Aeropuerto de Sauce Viejo y marcó su celular. No podía creer lo que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro le informaba en persona. Eran las 5 de la tarde del sábado. A unos pasos, Eugenio Burzaco se mordía los labios. Descubrieron recién allí – a menos que grandes atributos histriónicos simulen la sorpresa- que habían comprado carne podrida todo el tiempo.
Sólo Martin Lanatta estaba detenido. Herido por el golpe sufrido al tumbar una “chata” en cercanías de Cayastá. “Rodeen bien a mi hermano está muy enfierrado y dispuesto a todo, no lo maten”, esbozó a los oficiales de la policía santafesina que lo recibieron en la comisaría de la tierra de Juan de Garay.
Pullaro, que ya había informado la novedad a Bullrich en persona en el Aeropuerto, coordinó con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y con el jefe de la Policía, Rafael Grau la accidentada rueda de prensa en Cayastá. Por eso no estuvo en los dos lados.
Bullrich decidió poner al frente de la exposición pública a un jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, para refrendar a Grau respecto al único detenido.
A ésa altura bramaba contra un jefe de Gendarmería que le informó todo el tiempo sobre la detención errónea y deliberada de los tres. “Lo vamos a hacer mierda”, se escuchó fuerte en el helicóptero oficial. Públicamente pulieron el lenguaje: “va a haber sanciones penales”.
La Gendarmería vive una interna feroz entre dos facciones, una que responde al poder actual y otra que ascendió al calor de Néstor Kirchner y Aníbal Fernández. Para el Gobierno eso podría corroborarse en el más que confuso tiroteo de un jefe de Gendarmería con otro vehículo oficial (el segundo, en la saga iniciada el jueves en San Carlos) , hecho que llevó al juez federal en Comodoro Py, Sergio Torres, a merituar la posibilidad de quitarle la pericia balística y de rastros ordenada sobre las camionetas oficiales.
Bullrich interpretó la gravedad de la situación interna y no se opuso a los tres allanamientos que realizó la policía santafesina en la zona tras la captura de Martín Lanatta, uno de ellos ejecutado de Santa Rosa de Calchines. Todos, claro está, con resultados negativos.
Bullrich y Burzaco deslizaron distintas hipótesis sobre el desastroso trabajo de Gendarmería en el territorio. La más benigna, refieren a una gaffe mezclada con torpeza y desconocimiento de la geografía. La segunda, una interna, en la que pueden haber elementos de cobertura sobre los evadidos. La ministra, públicamente, señalo que “el dato de la presencia de los profugados allí –por San Carlos- lo aportó la AFI (ex Side) y nosotros se lo llevamos al juez”. En ámbitos judiciales, se agrega en estricto off, que la AFI relacionó a los Lanatta y su compinche con un clan narco criminal que opera en la zona fronteriza entre Santa Fe y Córdoba, con desarrollo en Frontera (Santa Fe), San Francisco (Córdoba), Sunchales y posiblemente ramificada en el departamento Las Colonias. La AFI, al mismo tiempo –señalan- recibió el dato de la DEA (la agencia antidrogas de los Estados Unidos), que le bajó la lupa a la región hace dos años. Un dato curioso, revelado por Clarín a finales del año pasado, da cuenta que las delegaciones de la AFI en Rosario (con competencia en todo el territorio) y Córdoba están vinculadas a la Ex Side kirchnerista, con el visto bueno del hombre que reemplazó a Jaime Stiusso en el control de los espías, Fernando Pocino.
H.M.G
