Cuando ya no quedan huellas por explorar
El fiscal federal Walter Rodríguez pidió el archivo de la causa en la que se investigaba la desaparición de Natalia Acosta, ocurrida en 2009. Se había hecho cargo del expediente en 2016 luego de varios años de inacción judicial. Pide también que la familia sea reparada.
Después de cinco años de especial atención al expediente judicial el fiscal federal Walter Rodríguez firmó ayer un dictamen en el que pide archivar la causa por la desaparición de Natalia Acosta, además de pedir que sea resarcida la familia.
Natalia Acosta ejercía la prostitución en la esquina de Suipacha y 25 de Mayo en la ciudad de Santa Fe, cuando el 29 de mayo de 2009 se la vió por última vez. Desde entonces es un misterio qué pasó con la joven. La justicia hizo poco y nada en los primeros momentos de la desaparición y dejó una enorme cantidad de pistas sin explorar, que intentó remontar sin éxito en 2016 Rodríguez, cuando comenzó la pesquisa luego de una resolución de la Corte nacional.
El fiscal federal pide en su dictamen que se siga la búsqueda y que se extinga la acción penal contra el único imputado que tuvo la causa, Osvaldo Cerri, fallecido hace dos años e la cárcel de Las Flores. Rodríguez desarrolló un esfuerzo enorme para sacar a la causa del estado larvario e intentar reactivarla, pero el tiempo transcurrido fue su peor enemigo. Innovó en la utilización de “agentes reveladores” una modalidad de pesquisa que regula la ley de Delitos Complejos (además de la del agente encubierto o el informante) pero los resultados no fueron favorables.
La policía y el poder judicial santafesino perdieron un tiempo de oro en los primeros momentos. Por ejemplo, informaron al juzgado en turno sobre un pedido de paradero, situación pasiva que evitó, por ejemplo, la intervención telefónica de su celular, que fue aportado por el padre de Natalia a las 13. 40 del 29 de mayo de 2009.
En su dictamen el fiscal pide que la familia sea reparada en un sentido amplio y que para ello se tenga en cuenta el Fondo Fiduciario creado para atender casos de trata de personas en territorio nacional.
