Es Roberto Carlés, de 33 años, jurista elegido por Cristina y cercano a los K. Pero no tendrían los votos para nombrarlo.
La Presidenta anunció ayer su decisión de enviar al Senado el pliego del abogado Roberto Carlés para designarlo como juez de la Corte Suprema y cubrir el cargo que dejó Raúl Zaffaroni. La medida, según advirtió el ministro de Justicia Julio Alak al oficializarla en Casa Rosada, obedece a lo dispuesto por el decreto 222/2003 en su artículo 4, que le da al Ejecutivo “un plazo máximo de 30 días” luego de producida una vacante para postular un nuevo miembro y publicarlo en el Boletín Oficial. Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron que se trata de una maniobra de distracción del Gobierno, en un momento en el que las miradas están puestas en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Si bien el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había adelantado que el Gobierno iba a ajustarse al decreto, el anunció sorprendió hasta a los propios senadores oficialistas encargados de impulsar el nombramiento de Carlés. Incluso, se estimaba que la conferencia de prensa de Alak con escasa anticipación respondía a las polémicas declaraciones que horas antes había realizado la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo del caso Nisman.
Al hacer el anuncio, Alak destacó que Carlés, de 33 años, en caso de ser convalidado por el Senado, se convertirá en el juez de Corte más joven de la historia. Y recordó que Julio Oyhanarte tenía 37 años cuando fue nombrado por Frondizi. No obstante, a priori resulta difícil que eso ocurra, dado que el oficialismo necesita conseguir el aval de los 2/3 de los senadores presentes y todos los sectores de la oposición suscribieron el año pasado un compromiso para rechazar cualquier nombramiento del Gobierno, más allá de quién fuera el candidato.
Especialista en derecho penal, en el currículum de Carlés se destaca que fue diploma de honor de la UBA (se recibió de abogado en 2004), doctor en Derecho de la Universidad de Ferrara (Italia); doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos (Guatemala) y presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
Estrecho colaborador del saliente Zaffaroni, Carlés coordinó la comisión encargada de elaborar el polémico anteproyecto del Código Penal. Por entonces, para salir al cruce de las críticas opositoras que obligaron al oficialismo a congelar el debate, Carlés se encargó de difundir una nota que le envió el Papa con el objetivo de, según dijo, dar “un mensaje claro y contundente para los medios, los políticos, juristas y jueces para que tengan una visión humanista de la cuestión penal”. Instantes después de conocida su designación y mientras oficialistas se jactaban de que Carlés era el “candidato de Francisco”, en las redes sociales se viralizó un presunto tuit suyo de 2011, en el que el abogado cuestionaba al ahora Sumo Pontífice.
Más allá de la oportunidad, la elección de Cristina sorprendió, dado que Carlés no figuraba entre los nombres que se barajaban en el kirchnerismo. Entre los favoritos estaban la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto, así como el juez de Casación Penal Alejandro Slokar. Y hasta se rumoreaba de que el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, de perfil más bajo, podía ser el “tapado”. Estos últimos dos hombres también son muy cercanos a Zaffaroni, quien hasta se había animado a proponer como su reemplazante al jurista Julio Maier. Tampoco se descartaba a dos hombres con más consenso en la oposición: León Arslanián y el radical Ricardo Gil Lavedra, ambos ex miembros de la Cámara que realizó el Juicio a las Juntas.
