Este viernes, el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a juzgar a 17 ex miembros de la Policía Federal por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 contra 12 víctimas, de las que 10 fueron asesinadas y dos fueron secuestradas y aún permanecen desaparecidas.
El debate, en el que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante, abarca 6 operativos represivos ilegales llevados adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín por los grupos de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida también como “Coordinación Federal».
Los ex policías serán juzgados por su responsabilidad en los operativos en los que fueron asesinados Jorge Hugo Casoy, María Marta Imáz Garzón Maceda de Casoy, Bernardo Levenson, Mario Lerner, Carlos Jeifetz, Nora Salvarezza de Jeifetz, Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera, Liliana Griffin y Oscar De Cicco y por la privación ilegítima de la libertad de Marta Graciela Treptow y Alberto Gorrini, quienes permanecen desaparecidos.
Los acusados fueron en su mayoría miembros de los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia, como es el caso de Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Nestor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Horacio Alfredo Ortiz, Miguel Enrique Carlos Olarte, Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi. Alberto Mattone, por otro lado, fue jefe de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
Tan solo cuatro de ellos tienen condenas previas por crímenes de lesa humanidad, Comesaña, Arráez, Romero y Ortíz, mientras que para el resto será la primera vez que deberán responder por su rol en el terrorismo de Estado.
Su participación en los operativos represivos ilegales se pudo probar a partir de sumarios y de documentos de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, en los que se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva.
Durante la instrucción, fueron importantes los aportes realizados por el equipo de investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría, que realizó varios informes sobre algunos de los operativos y de los imputados que permitieron ampliar la acusación.
La Superintendencia de Seguridad Federal tuvo un rol central en la persecución y represión en territorio porteño en la última dictadura cívico-militar. Tuvo a su cargo el Grupo de Tareas 2 y en su edificio funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
En 2019 se llevó adelante el anterior juicio por los crímenes cometidos en Superintendencia. Este incluyó los primeros dos tramos de la causa y fueron condenados seis represores, entre ellos Romero y Comesaña, por delitos contra 67 personas que estuvieron cautivas en ese centro clandestino, de las cuales 15 continúan desaparecidas.
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Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.
Fuente: Gobierno nacional
