En el único hospital de Rafaela casi todos los médicos se declararon como objetores de conciencia, con el aval militante de su director. Preocupación en el Ministerio de Salud porque «es una obstrucción al acceso de las mujeres a la salud».
Tras la difusión del registro público de Objetores de Conciencia, el último 28 de mayo, Roberto Vitaloni, director del hospital Jaime Ferré, de Rafaela, volvió a poner en duda las políticas públicas de la provincia de Santa Fe para defender los derechos de las mujeres. En ese hospital, los ginecólogos se niegan a realizar abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal. Ser objetores de conciencia es un privilegio, ya que son funcionarios públicos exentos de cumplir la ley. «Es un tema muy ríspido, muy difícil, somos defensores de la vida y si hay que hacer este tipo de prácticas se hará porque es una ley y tenemos que cumplirla. No siempre estamos de acuerdo con las leyes», dijo Vitaloni en una entrevista con el periodista Osvaldo Medina, de LT9 de Santa Fe, y también se quejó porque «creo que debieran haber pedido permiso a los colegas para publicarlos en una página oficial, pero somos empleados públicos y como tal podemos estar expuestos». «El ministro está muy preocupado por esta situación y en breve estaremos organizando un encuentro en la ciudad de Rafaela, posiblemente junto con organizaciones de allá, para aclarar esta situación», afirmó el director de Políticas de Género e Interculturalidades, Daniel Teppaz.
No es la primera vez que Vitaloni expresa su posición contraria a los derechos sexuales y reproductivos. En 2012, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestionó las políticas públicas y se manifestó «pro-vida».
«Todos los médicos del hospital son objetores menos uno», puntualizó Teppaz y agregó: «Estamos en una situación muy problemática. Debemos trabajar este tema en Rafaela porque la forma en que la dirección del hospital lo presenta no condice en absoluto con las políticas del estado santafesino».
Las nuevas declaraciones de Vitaloni provocaron reacciones inmediatas. La diputada provincial del partido SI, Alicia Gutiérrez, consideró que «la institución no puede ser objetora de conciencia, sino cada profesional. Como estado, aún cuando existe hoy una resolución para que el aborto no punible se provea, dudo de que esto se cumpla en ese hospital, inclusive de que se le recete cualquier método anticonceptivo que permita el control de la cantidad de embarazos». A la legisladora le resulta «sumamente riesgoso que existan hospitales donde no hay alternativas profesionales a los objetores de conciencia». Gutiérrez fue contundente: «Hay que seguir de cerca este tema, y en caso de que el director siga haciendo declaraciones de este tipo, debe ser sancionado, sin lugar a dudas».
Lo grave es el efecto de las palabras de Vitaloni en las rafaelinas que concurren al hospital. «Este mensaje aleja a las mujeres del servicio. Por eso, el ministro ha encargado trabajar en Rafaela, porque lo ve como una obstrucción a la accesibilidad de las mujeres a la salud», agregó el funcionario provincial.
En las declaraciones radiofónicas, Vitaloni fue cauto y tenía un motivo para serlo. En 2012, después de sus declaraciones contrarias al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la garantía del derecho de las mujeres, el director del hospital remitió una nota a Daniel Teppaz, entonces director de Maternidad e Infancia. «Motiva la presente expresarle por escrito, despejando cualquier tipo de duda, mi compromiso como director médico en el cumplimiento de la normativa vigente sobre aborto no punible» y promete que «se abordará el tema como manda nuestro Ministerio». Firmada por Vitaloni, la nota terminó con la polémica.
La publicación del Registro de Objetores de Conciencia -que Rosario/12 adelantó el 20 de abril pasado- volvió a poner el tema en agenda, y Vitaloni fue consultado. «Creo que debieran haber pedido permiso a los colegas para haberlos publicados en una página oficial; pero bueno, somos empleados públicos y como tal podemos estar expuestos. No es ningún problema, es un comentario, no es una crítica», se atajó Vitaloni por LT9.
Cuando el periodista le repreguntó si una mujer concurre al hospital de Rafaela tendrá el servicio, pero no con un profesional del cuerpo médico del hospital, Vitaloni respondió: «Sí, pero eso no interesa porque estamos personalizando. Cuántos políticos roban y no tienen, no están anotados en estas listas?». Las declaraciones de Vitaloni se iban enredando cada vez más. Lamentó que les estuvieran «dando un rol que no merecemos». «Si el paciente, la paciente en este caso requiere su… me cuesta decir la palabra aborto, la eliminación de la vida se hará. Va a tener el tratamiento que corresponde», se explayó el médico, que llegó a decir: «Lamentablemente, lo más fácil es hacer el aborto».
En esa misma nota, Vitaloni afirmó que no había habido ningún caso de aborto no punible en Rafaela. «No hay otro hospital en la ciudad, pero en realidad hay centros de salud y en todos los otros lugares la práctica está asegurada. Se han dado casos, que no se hayan resuelto en el hospital no significa que no hayan existido», expresó Teppaz.
La reiteración de Vitaloni, aunque esta vez haya sido morigerada, mereció el repudio de Enredaderas, grupo de Mujeres Feministas de Rafaela. «Que en el Hospital de la ciudad de Rafaela, la mayoría (sino la totalidad) de los médicos y médicas del servicio de Ginecología y Tocoginecología sean objetores de conciencia para la realización de las prácticas de aborto legal es algo que lamentablemente no nos sorprende. Esto tiene su correlato con los vergonzosos dichos de Vitaloni, director del Hospital, cuando en el año 2012 el fallo de la Corte Suprema puntualizaba los alcances de los ANP. En aquella oportunidad sostuvo para los medios locales que el Hospital era objetor, cuestión que además de ser un absurdo jurídico, desde Enredadera repudiamos públicamente», rememoró Dahiana Belfiori. Y agregó: «Que no nos sorprenda no significa que no veamos con extrema preocupación que profesionales de la salud se nieguen a realizar una práctica obligada por ley y que compromete la salud y la vida de las mujeres. El deber de toda institución de salud pública o privada es garantizar que se cumpla el derecho de las mujeres a abortar en los casos que contempla la ley».
La activista manifestó que resulta «llamativo que los mismos médicos y médicas que son objetores para ANP no lo sean para la atención post aborto o para otras prácticas ligadas a la salud sexual y reproductiva, y en ese sentido nos preocupa la atención que las mujeres reciban en el Hospital. Por eso insistimos en que cumplan con su deber, que es el de preservar la vida y la salud de las mujeres».
También la concejala del Partido Socialista de Rafaela, Natalia Enrico, manifestó su repudio. «La postura del director del hospital no me asombra porque conozco su formación, su prédica religiosa, y que aparezca toda la nómina de ginecólogos del hospital como objetores no me asombra. Me preocupa que en las clínicas privadas muchos de esos profesionales no aparezcan como objetores de conciencia», dijo la concejala que asumió en diciembre pasado. Y aclaró que hasta ahora no recibió quejas de mujeres a las que hayan negado un servicio en el hospital Ferré. «Desde que estoy como concejala, no he tenido ningún planteo de casos vinculados a mujeres que se hayan acercado a hacer esos planteos pero sí, por mujeres que están en organizaciones feministas sabemos que hubo situaciones de vulneración de derechos».
