El mismo día del crimen del empresario la Fiscal Cristina Ferraro autorizó a dos familiares directos a retirar el dinero de la agencia. Sin embargo, diez después, abrió dos investigaciones, una por violación de secreto y otra por presunto lavado, a partir de una foto publicada en este medio.
Cristina Ferraro, la fiscal de grado del MPA, integrante de la Unidad Especial de Homicidios, tuvo dos miradas totalmente antagónicas sobre el mismo hecho. O, desde otro punto de vista, intentó ocultar acciones muy cuestionadas cercanas al delito, con otras acciones, desprolijas y notablemente contrapuestas. Un bluff o una jugada desesperada, que a nadie de sus superiores importó – o hicieron que no veían – sobre su legitimidad durante los cinco meses en el que tuvo a cargo el legajo de investigación del crimen del empresario del turismo.
La fiscal (en la foto de portada junto al fiscal regional Carlos Arietti) abrió una investigación por violación de secreto y otra por presunto lavado de dinero luego de que le llevaran a su despacho una crónica de este medio del 22 de febrero pasado en donde se publicaron varias fotos del dinero que había en el local 29 de Oldani el día del crimen y también de la caja fuerte del comercio. La fiscal, consideró que la difusión de una imagen que debía ser guardada bajo siete llaves en el MPA no podía estar en los medios, dándole una relevancia máxima. Del mismo modo, dio apertura a una causa por presunto lavado por la misma crónica de Zona Crítica. En ambos casos, consideró que la relevancia del dinero era extraordinaria para la causa. Sin embargo, el mismo día del hecho tuvo otra actitud frente a los familiares del infortunado agenciero. Esa noche del 11 de febrero, autorizó a la hija de Oldani y a su esposo a retirar los valores del lugar. Así lo declaró la hija del empresario, Virginia, que prácticamente dirigió las diligencias en el lugar según los informes de efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. La hija del empresario dio testimonio del retiro del dinero del local el 18 de febrero – una semana después del hecho – a las 10.15 horas. “Esa misma noche fui con mi marido a retirar el dinero porque la fiscal Cristina Ferraro nos autorizó a retirar todo lo de valor, salimos del hospital y nos encontramos con la policía en la galería, entramos al local con la policía, luego que ellos filmaran y fotografiaran todo. Cargamos todo el dinero en una mochila y en dos portafolios que se encontraban en los estantes, eran 500 mil dólares y unos 300 mil pesos, aproximadamente. (La División Scopometria de la PFA concluyó mediante un estudio que el dinero que había en el lugar de acuerdo a las fotos publicadas era de 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares).
-¿Qué actividad funcionaba allí?, le preguntaron agentes de la AIC a la hija del empresario asesinado.
–Una agencia de viajes, y a veces solíamos cambiar dinero, es decir de pesos a dólares a clientes, o para nosotros mismos no perder en el cambio, para los pagos de las reservas, es por eso que en la agencia solemos tener pesos y dólares.
Su esposo, José Luis Hernández, abogado, dijo casi lo mismo en su declaración, el mismo 18 de febrero, pero pasado el mediodía. Declaró que los había autorizado Ferraro al retiro del dinero, que ingresaron al lugar el mismo día del crimen y sacaron la plata en una mochila y en una caja azul.
Ferraro, según la hija y el yerno del infortunado empresario del rubro turístico, fue quien autorizó el retiro del dinero del lugar. ¿Y si el dinero era la pista principal para establecer el móvil? ¿Y si las anotaciones informales en cuadernos que estaban sobre los estantes eran la hoja de ruta para dar con el o los asesinos y sus motivaciones?. Nada de eso se podrá saber por más que intente reconstruirse con precisión de relojero. Ferraro dio luz verde a retirar todos los elementos del valor del lugar, pero el 28 de febrero, motivada por la publicación de este medio abrió el legajo fiscal 21-08384531-4, para investigar el rol del dinero que ya no estaba en el lugar, gracias a su impronta colaborativa con la familia del fallecido.
El fiscal Walter Rodríguez, que denunció la semana pasada a Ferraro por encubrimiento – se pregunta en su dictamen (en el que también vincula a la actividad cambiaria de Oldani a la policía motorizada de la Unidad Regional 1) justamente sobre esa interferencia el día del hecho, contrastante con su talante 10 días más tarde. “Las imágenes del dinero que habría habido en el local comercial donde ocurriera la muerte de Hugo Oldani, motivaron asimismo la sospecha de un presunto lavado de activos, razón por la cual se inició una investigación que se asignará al Organismo de Investigaciones”, dijo la funcionaria del MPA, que el mismo día del crimen autorizó a sacar el dinero del lugar. ¿Era o no relevante el dinero?.
Una foto en un medio le hizo cambiar de opinión a Ferraro y no la idea de resguardar la escena del crimen y contemplar que los billetes podrían tener ligamen con lo investigado. Sigue Rodríguez en su escrito: “…tampoco infiero que la imagen pueda dar cuenta de hechos precedentes o consecuentes que motivaron la sospecha aludida, ni los sujetos involucrados en ambos sucesos, ni el período temporal que resulta materia de análisis, y mucho menos determinar los bienes puestos en circulación incluidos en el comportamiento delictivo”. El fiscal federal envió a Ferraro un oficio (el 283/20) en donde le pide que lo informe si había reunido elementos indicativos que permitan establecer quiénes materializaron la sustracción de valores y dinero en efectivo en la jornada de 11 de febrero en la escena del crimen y en caso contrario que proporcione las filmaciones que pudieran vincularse con este aspecto de la investigación”. La fiscal de Homicidios eludió la respuesta y es más, hizo una especia de alegato sobre la competencia de la causa que ya había tenido un revés judicial hace tres meses por parte de un juez de grado. Como si fuera poco, el 19 de febrero Ferraro abrió otro legajo, el que da inicio una causa por levantamiento de la custodia, cuando el día anterior Virginia Oldani y su esposo testificaron en la sede de la AIC que retiraron los valores con su permiso. Por ese expediente fue imputado hace 10 días el ex jefe de la Primera Zona de Inspección Julián Nizzo, un comisario que aún espera una resolución del ministerio de Seguridad sobre si situación de revista: “sigue en trámite el sumario administrativo”, informaron desde la Agencia de Control Policial que tiene el expediente abierto desde marzo.
Autor: Héctor Martín Galiano
