A medida que se deslizan los días, y se ejecutan las medidas ordenadas por cinco fiscales federales en la megacausa donde se investiga al juez Marcelo Bailaque y al ex Director de La Afip Rosario Carlos Vaudagna (también a un grupo no delimitado aún de brokers, operadores financieros y empresarios) van surgiendo datos que hacen presumir que, de avanzar sin zancadillas, será la investigación más importante de los últimos años en el país.
El andamiaje hasta hora descripto oficialmente da cuenta de una estructura de poder autónoma que operaba desde la Afip con músculo fuerte en los juzgados federales, al menos en uno (el de Bailaque) en donde todo lo que allí se ejecutaba escapaba a cualquier tipo de control institucional. Como lo de describió el politólogo Norberto Bobbio, un “sottogoverno” que opera en los márgenes de la democracia. Una red de negocios y favores que toman cuerpo a través de “misiones especiales” similares a las que tiene la SIDE, donde la ley es un detalle, un asterisco irrelevante. Donde, como dice la letra del Cuarteto de Nos, “aca no hay fuego ni humo, pero se cocina todo”.
Hasta ahora la información trascendida no representa ni el 10 % del volumen total de la disponible. Y ya ha mostrado un rostro desaforado del poder en las sombras, el que ni de lejos ve el hombre de a pie.
Como ya se ha contado en este medio y en otros espacios, el rol del ex Director Regional de la Afip en Santa Fe (primero) y luego en Rosario (en las dos delegaciones de la ahora ARCA) asoma como clave. Nadie puede imaginar cómo va a explicar que trasladó 250 mil dólares de Santa Fe a Reconquista para firmar el 4 de setiembre de 2020 en una escribanía de la ciudad del norte un contrato de depósito junto a Gastón Scarel, hijo de Omar, entonces síndico de Vicentin, la cerealera investigada por lavar millones de dólares con un desaguisado financiero inédito en el país. La fecha no es casual, se ubica antes de la conversación que mantuvieron en horas de la siesta del 23 de diciembre del mismo año Omar Scarel y un abogado de la empresa en donde el segundo le dice que, para justificar 154 mil dólares y 1.250.000 pesos secuestrados en la caja de seguridad de Gastón Scarel en el marco de la causa que se tramitaba en Rosario en la órbita del MPA, debía hacerlo a través de un “acto jurídico, como la compra venta de un campo o de un terreno”. La transcripción de la escucha judicializada e incorporada en un legajo fiscal del MPA Rosario tuvo una difusión profusa mediática. Pegaba en la línea de flotación de la causa y de los personajes investigados.
Un favor por otro favor
Vaudagna consignó el depósito de los 250 mil dólares en la escribanía de Reconquista, esquivando todo los controles y resortes estatales para evitar ser descubierto en una maniobra de lavado de dinero, que es lo que se sospecha en su accionar. Un detalle que describe la brutal impunidad: el contrato de depósito entre Scarel (hijo) y Vaudagna se suscribe con “VS Servicios Inmobiliarios S.A”, representante de Remax en Reconquista que no tiene facultades de corretaje inmobiliario. Esta causa que se tramita en la justicia federal de Reconquista está en discusión en la Corte Nacional por un planteo de competencia con el MPA rosarino. Un escándalo que está quedando en el segundo plano -en medio de la gangrena hallada en el sistema – alcanza a los fiscales de la Unidad de Delitos Económico del MPA en Rosario: Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y Mariano Ríos. En el caso de Moreno, porque secuestró el teléfono de Vaudagna en 2020 cuando descubrió la escritura trucha del terreno y su maniobra ilegal. Sin embargo, fue Narvaja el que dos años después imputó a Vaudagna por la falsa escritura. Otro mojón inquietante: en el acta de la audiencia no figura el rol de Vaudagna como jerárquico de la Afip, tampoco en la escritura reprochada. Al final, el remedio fue el peor: todos los actores involucrados siguieron bajo proceso pero el hombre fuerte de Afip terminó con una probation, pagando un millón de pesos. Un proceso, de mínima, amañado que quedó afuera del radar de la hoy Fiscal General Cecilia Vranicich, entonces Auditora del sistema penal de enjuiciamiento. Ni ella, ni ningún referente de la política ha considerado necesario pedir explicaciones sobre por qué un teléfono de Vaudagna que ardía con información sensible recién fue remitido a la justicia federal dos años más tarde. Y no por voluntad propia, sino porque la conversación entre Omar Scarel y su abogado fue publicada en el sitio Télam. Algunos atribuyen ésa difusión a un interés en la gestión de Alberto Fernández en hacer trascender la conversación en pleno conflicto entre la cerealera y la gestión.
Vaudagna muy cercano al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, supo en 2014 que su ascenso a la Jefatura de la Afip Rosario lo iba a ubicar en un escenario mucha más relevante. Hidrovía, control de Aduana, círculo rojo. En poco tiempo se quedó a cargo de las dos delegaciones y comenzó a tener un rol que resultaba transversal a la política. Durante el kirchnerismo ascendió y puso a sus hombres en las delegaciones de Santa Fe, Rafaela y San Jorge. En el macrismo concentró la suma del poder en la Afip. “Es una estructura que juega su juego, alejada de la ley y de las delicadezas, en muchos casos son peores que los servicios, o son los mismo”, detalla un conocedor del interior de la hoy ARCA.
En Rosario, Vaudagna sembró varias relaciones, una de ellas con el aún hoy juez Bailaque. Frecuentemente cenaban en espacios públicos. Coincidían los encuentros con las novedades en los expedientes sensibles que llevaba el juez en su despacho. En el teléfono que el MPA le secuestró en 2020 hay más de 8 mil mensajes con personas relevantes de la política, de la justica, de clubes y empresarios. Por supuesto con Bailaque. También se rescataron mails, entre ellos uno que lo pone gestionando o aportando opinión a Jaime Mecikovsky, quien en 2019 era el poderoso Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior de la Afip. Hombre vinculado a Elisa Carrió y a sectores del macrismo. Sobre él pesaba una imputación de fiscales federales de Buenos Aires por haber pedido información privada o fiscal de contribuyentes a pedido de la política. Sobre todo se detectaron consultas a Migraciones sin el paraguas del requisito legal jurisdiccional. Una auditoría de la Afip lo detectó y lo denunció. Mecikovsky, creen los fiscales que lo investigaron por presunto espionaje, le daba instrucciones a los oficiales de Afip para no responder o cómo responder los oficios de la Justicia. En el teléfono de Vaudagna aparecen mails compartidos con Mecikovski, aunque no está delimitado aún el rol del santafesino. Como se observa, un jugador de toda la cancha.
En la audiencia multipropósito en la que se imputó a Marcelo Bailaque por tres delitos entre este jueves y viernes quedaron al descubierto varias maniobras que develan un tándem entre juez y jefe de Afip: el uso de información sensible para “muñequear” causas y obtener beneficios económicos. Muestra de ello fue la denunciada como persecución que vivió el empresario vinculado al rubro de los Seguros Claudio Iglesias, que fue investigado en 2019 por el juez cuestionado a partir de una denuncia anónima que había llegado a la Afip de Rosario, en la que se señalaba de manera limitada y para nada circunstanciada, la participación de Iglesias en una mesa de dinero. También se le endilgaba a otros dos empresarios ese rol, pero sólo avanzó la pesquisa sobre Iglesias, que también integraba la Bolsa de Comercio de Rosario. El escándalo lo dejó al apuntado por Bailaque fuera de carrera en la disputa por la presidencia de San Cristóbal Seguros. Poco después su causa fue archivada. En la aseguradora no dudan en señalar al juez federal y al ex jefe de Afip como los artífices de la maniobra de descrédito sobre Iglesias. El mundo de las empresas de Seguros es un ecosistema que conoce el ex hombre fuerte de Afip (que sigue cobrando un sueldo como asesor externo del organismo en la Delegación Santa Fe, a pesar que está denunciado por la Afip Rosario). Este jueves se allanó en la capital santafesina una empresa de brokers de seguros, ubicada sobre calle Güemes al 3100. También una mutual de prestaciones de salud y vivienda en Monseñor Zaspe al 2.900 y la casa de Vaudagna. Con tanto cúmulo de evidencias parece inminente que el contador sea llamado a comparecer como imputado más temprano que tarde.
Mientras tanto, en Rosario abundan las dudas sobre el futuro del juez, aunque muy pocos reparan cómo se defenderá el sistema, el engranaje que Bailaque engrasaba. Hasta dónde será capaz de perder, sin arrastrar a políticos, empresarios o colegas, sobre todo los de la Cámara de Apelaciones que, desde 2008 hasta la semana pasada le votaban en consonancia.
Autor: Héctor Martín Galiano (contacto@zonacriticaonline.com)
